Con la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, los más preocupados deben ser los ex y actuales gobernantes.

El republicano ha declarado de manera reiterada -en campaña y como presidente- que los cárteles de la droga gobiernan y controlan importantes regiones de México.

Con la presunta estrategia del expresidente Andrés Manuel López Obrador de “los abrazos y no balazos” para abatir la inseguridad pública, florecieron los cárteles que tienen control de diversas zonas de las entidades federativas.

De facto, el crimen organizado cogobierna en municipios y entidades de la república donde sigue en ascenso su influencia social, económica, empresarial, cultural y política, lo que hace a los gobernantes -de los tres niveles- socios de los grupos criminales.

En este momento sería impensable viajen a la Unión Americana algunos expresidentes de México, gobernadores y alcaldes donde los cárteles del narcotráfico -declarados por EU como organizaciones terroristas internacionales- para atender asuntos de negocios, de placer u oficiales. 

En este contexto de crisis migratoria y tensión en materia de seguridad nacional por la guerra contra los cárteles mexicanos, el gobierno de Donald Trump, ¿otorgaría la visa a algunos ex y actuales gobernantes, legisladores y alcaldes?

Expresidentes como Andrés Manuel López Obrador, secretarios del gabinete federal como Mario Delgado (SEP) y Cuitláhuac García (funcionario y ex gobernador de Veracruz), ¿cuenta con la visa estadounidense?  

Le otorgarían el visado y serán bien recibidos por el gobierno de EU a los líderes parlamentarios Ricardo Monreal Ávila (exgobernador de Zacatecas) y Adán Augusto López Hernández (exgobernador de Tabasco); al senador Félix Salgado o al diputado Cuauhtémoc Blanco (exgobernador de Morelos). También es pregunta.

Bajo la orden ejecutiva de declarar terroristas a los carteles mexicanos, tendrían algún problema para ingresar EU los gobernadores Rubén Rocha Moya (Sinaloa), Américo Villarreal (Tamaulipas), Maru Campos (Chihuahua), Alfonso Durazo (Sonora), David Monreal (Zacatecas) Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán) o Libia Dennise García Muñoz (Guanajuato).

O los mandatarios estatales Ricardo Gallardo Cardona (San Luis Potosí), Marina del Pilar Ávila Olmeda (Baja California), Delfina Gómez Álvarez (Edomex), Javier May Rodríguez (Tabasco), Eduardo Ramírez Aguilar (Chiapas) o Pablo Lemus (Jalisco).

¿Serían también recibidos en Estados Unidos los alcaldes o exalcaldes de Acapulco, Chilpancingo (Norma Otilia Hernández), Fresnillo (Saúl Monreal), Quecholac (María Guadalupe Martínez), o Santo Tomás de Los Plátanos (Luis Hernández de Paz) entre otros?

El crimen organizado cogobierna varios municipios y entidades de los cuatro puntos cardinales al infiltrar o apoderarse de franquicias de partidos políticos nacionales, o fundan locales, con el objetivo de tener candidatos propios en campañas electorales.

Se hacen así del control de las administraciones públicas municipales para cobrar extorsiones y para apoderarse de las corporaciones de seguridad pública.

Tanto el ex presidente como gobernadores y alcaldes de Morena y de otros partidos son susceptibles de ser investigados por el Departamento de Estado y la DEA respecto a sus vínculos de cogobierno con distintas bandas de la delincuencia organizada.

La lista de funcionarios federales, legisladores, gobernadores, alcaldes y mandos policiacos presuntamente involucrados con el crimen organizado es enorme, que adquiere ya proporciones impensables, que van configurando la narcopolítica en más de la mitad de las entidades.

Este fenómeno no pasará desapercibido para el nuevo embajador de EU en México, Ronald Johnson, un veterano de la CIA y exboina verde experto en la materia en las áreas de inteligencia.

Gobernadores, susceptibles de ser investigados por vínculos con cárteles

En esta revisión y en este contexto, llama la atención el comunicado emitido por la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) frente a la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos Donald Trump, de declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales.

Los gobernadores de la CONAGO “rechaza de manera categórica cualquier intento de injerencia externa que vulnere nuestra soberanía nacional”.

“En defensa de nuestra independencia y autodeterminación, hacemos un llamado a respetar los principios de no intervención y de respeto mutuo entre las naciones”, subrayan en un párrafo entre todo el texto.

¿A qué “injerencia externa” se refieren los gobernadores, y qué “soberanía nacional” defienden?, ¿la de los cogobiernos en los estados con los cárteles?

Al pronunciarse “en defensa de nuestra independencia y autodeterminación, hacemos un llamado a respetar los principios de no intervención”, ¿exactamente a qué se refieren los gobernadores? ¿Qué entienden por autodeterminación de los pueblos?

Apelan al principio de “no intervención” para dejar a salvo el poder de fuego y dominio con la violencia de los cárteles en el territorio que está bajo su dominio. Son más preguntas.

Saben los gobernadores de la CONAGO que al declarar el presidente de EU la guerra a los cárteles mexicanos al declararlos terroristas internacionales son enemigos de la Unión Americana, y las áreas de inteligencia de ese país puede documentar los vínculos de la delincuencia con los gobiernos en México: presidentes, gobernadores, alcaldes, legisladores, jueces y magistrados.

Nicolás Maduro, declarado narcodictador por EU

Para el gobierno de Estados Unidos, desde la perspectiva de Donald Trump, un gobierno como el venezolano de Nicolás Maduro, es parte de un grupo delictivo del narcotráfico -Cártel de los Soles- y le ha puesto precio a la cabeza del chavista, con el pago de una recompensa.

En México, los gobernadores y el propio expresidente Andrés Manuel López Obrador, bajo la lupa del Departamento de Estado del gobierno de Trump, saben del riesgo que corren de tener la misma suerte del dictador Nicolás Maduro, de ser acusados de formar parte de esas empresas criminales.

Con el control absoluto de los Poderes del Estado, el Partido-Estado Morena y el régimen propio de la Cuarta Transformación (4T) enfrentará la disyuntiva de combatir a la delincuencia organizada, donde caerán más de un político involucrado, o…

Enfrentar al gobierno de Donald Trump para seguir con “los abrazos” a la delincuencia en un frente común suicida con los cárteles en defensa de la “independencia”, la “soberanía nacional”, la “autodeterminación” de los pueblos y el “rechazo a la injerencia externa”.

Los departamentos de Estado y de Justicia, la DEA y la fuerza militar de EU tienen muy clara y precisa la orden ejecutiva presidencial de hacer frente al terrorismo internacional al clasificar en esa categoría a los cárteles mexicanos y al cártel liderado por el dictador Nicolás Maduro.

El régimen de la 4T tiene un grave y doble problema con los cárteles “terroristas”: además de la producción de fentanilo y el trasiego de drogas, controlan también el tráfico de personas a Estados Unidos, y los mexicanos corren en riesgo de ser rehenes de la narcopolítica.  

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