La ubicación de Guadalajara, comunicada hacia el Pacífico y hacia el norte del país y del continente, en donde el anonimato se consolidó en virtud del crecimiento poblacional y el impulso que este último le dio a la inversión inmobiliaria y automovilística, creó un ambiente propicio para que la huida de narcotraficantes del triángulo Durango-Chihuahua-Sinaloa (luego de la Operación Cóndor en esa región), se dirigiera y arraigaran en la capital tapatía y su área metropolitana. Eso llevó a que se transformara en centro de operaciones de lavado de dinero y de fuerte influencia entre las élites económicas y de poder locales, incluido el del gobernador saliente Enrique Alfaro del Partido Movimiento Ciudadano (MC).

El 23 de enero de 1998, Flavio Romero de Velasco, gobernador de Jalisco de 1977 a 1983 (el fin del gobierno de López Portillo e inicio de los gobiernos neoliberales con Miguel de la Madrid) fue detenido y recluido en el Penal de Alta Seguridad de La Palma. Era el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000). La acusación se fundó en vínculos del gobernador con el Cártel de Juárez. En 2001, fue liberado y las acusaciones se “desvanecieron” (con Fox como presidente del país) y se determinó su libertad. Al salir de prisión se declaró inocente y, abundó, que las acusaciones fueron parte de una “venganza” contra él de parte de Zedillo. Murió en 2016.

Durante el gobierno de Romero de Velasco, Guadalajara y su área metropolitana viven el impacto del crecimiento poblacional que convierte a la capital tapatía en la segunda urbe más poblada del país y la tercera en cuanto a la aportación del PIB a nivel nacional. Se posiciona el capital inmobiliario como un agente destacado en la vida local, al transporte como un factor de poder en la movilidad dentro del entramado urbano local. Como gobernador se le recuerda, infelizmente, por haber demolido la plaza de toros El Progreso y construir en su lugar la Plaza Tapatía, el banderazo que anunció el poder del capital inmobiliario.

A Romero de Velasco le siguió en la gubernatura Enrique Álvarez del Castillo (1983-1988), de otra “prominente” familia jalisciense. Durante su gestión ocurre la muerte del agente de la DEA Enrique Camarena y se le acusa de brindar protección de los narcos que participaron del homicidio del policía estadounidense. Es incorporado como Procurador de Justicia del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, no obstante, los antecedentes con que contaba durante su gestión como gobernador en Jalisco. Algunos analistas consideran que, durante su sexenio como gobernador, el narcotráfico en Jalisco se consolidó pues es calificada como la época dorada, así como del floreciente mercado inmobiliario del Área Metropolitana de Guadalajara.

Romero de Velasco, Álvarez del Castillo y siguió Guillermo Cosío (1989-1992). Fue trágico su gobierno pues durante su gestión ocurrió la explosión del centro de Guadalajara, en 1992. Sara Cosío, sobrina del gobernador vivió uno de los episodios que mostraron a la “alta” sociedad tapatía en lo que se estaba convirtiendo. Se convirtió en novia de Rafael Caro Quintero, quien era propietario del rancho, el ubicado en Chihuahua, conocido como El Búfalo. En 1984 integrantes del Ejército mexicano arribaron al lugar en donde se cultivaba un poco más de medio millón de hectáreas de mariguana.

Caro Quintero y su novia Sara Cosío develaron lo que permanecía relativamente oculto en México y en la vida cotidiana de la sociedad jalisciense: la existencia del narcotráfico como un fenómeno vinculado a la vida política, económica y social y de las élites jaliscienses. Luego de la muerte de Enrique Camarena, Caro Quintero huyó a Costa Rica junto con Sara, donde fue detenido y encarcelado en el Penal del Altiplano. Quintero fue excarcelado y reaprehendido.

Otra familia de prosapia tapatía, aunque luego avecindada en la capital del país, fue el caso de Rubén Zuno Arce, hijo del exgobernador jalisciense, Guadalupe Zuno (María Esther, otra hija se casó con el expresidente Luis Echeverría), quien falleció de cáncer en una prisión de Florida, en Estados Unidos, en 2012. Fue acusado de haber participado en la muerte de Enrique Camarena Salazar (1985), agente de la DEA estadounidense. Lo más difícil de sortear fue que sobre él pesaba el hecho de que en una casa de su propiedad había sido torturado y asesinado a “Kike” Camarena. El inmueble estuvo habitado por Rafael Caro Quintero y el asesinato de Camarena fue ordenado por Miguel Ángel Félix Gallardo. Previamente, en 1978, a Rubén se le acusó de participar en la muerte de agentes judiciales federales.

El crecimiento de la población y la industrialización de Guadalajara implicó un brusco cambio de las clases y subgrupos que componen a la sociedad jalisciense, sobre todo en cuanto al uso del espacio urbano y del automóvil, los taxis, la red de transporte público, el transporte de carga y foráneo de pasajeros. Uno de los puntos de residencia emblemáticos del área metropolitana es Colinas de San Javier, ubicado en el poniente del área metropolitana, en la ciudad de Zapopan. Es un lugar que alberga a la clase media alta de la región y en donde han vivido algunos de los narcotraficantes con mayor poder como fue el caso de Ignacio Coronel, quien murió en un enfrentamiento con el Ejército en 2010 en ese mismo lugar.

Ahí también ocurrió el asesinato de José de Jesús Gallegos Álvarez, secretario de Turismo, del gobierno de Aristóteles Sandoval (2012-2018) a nueve días de haber iniciado su gestión. Gallegos Álvarez era propietario de una empresa inmobiliaria y administrador de una empresa hotelera con inversiones en Latinoamérica. De un empleado en el área de supervisión de construcción en el gobierno de Álvarez del Castillo y en el del gobernador Guillermo Cosío Vidaurri (1989-1992). Según la revista Expansión dio un salto como desarrollador inmobiliario construyendo 500 condominios en sitios turísticos, entre los que se encuentran Puerto Vallarta, Acapulco, Los Cabos, pero también en Zapopan y Guadalajara.

Fueron detenidas cuatro personas que participaron en la muerte de Gallegos Álvarez, quienes declararon que pertenecían al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). La muerte fue ordenada, declararon, por los jefes de este grupo y debido a que favorecía las actividades de narcotraficantes enemigos del CJNG. Mayan Resorts era la empresa privada en la que trabajó Jesús Gallegos, y dentro de su exitosa carrera está el que en siete años logró incrementar la inversión del grupo de 7 millones a 300 millones de dólares. Las unidades hoteleras propiedad del grupo las incrementó de mil a tres mil. Fue incorporado por Aristóteles Sandoval a su gobierno y aseguraron gente cercana al gobernador que nadie la conocía hasta antes de su arribo a la gestión estatal.

Ya hemos hablado en otro momento específicamente del gobierno de Enrique Alfaro. sólo expondremos lo que se requiere en la lógica del tema. Si algo ha caracterizado al gobierno del emecista han sido sus vínculos, junto con los del grupo dominante al interior de MC y ex panistas, con el capital inmobiliario local que, sin generalizar, se encuentra altamente vinculado al lavado de dinero como se ha mostrado en múltiples estudios y denuncias. De igual manera, es un gobierno que ha mostrado una actitud pasiva ante la acción de grupos criminales que actúan con una increíble certeza de que no pasa nada, pues ante la mirada atónita de la ciudadanía penetran en casas y se llevan a jóvenes que luego son criminalizados por el gobierno.

La muerte de Aristóteles Sandoval, en Puerto Vallarta, en 2019, al parecer debido a que no cumplió acuerdos con el CJNG, parece ser un indicador que está detrás de la alianza implícita entre autoridades y narcotraficantes en la actualidad: la existencia de un poder que está por encima de otro y al que le interesa el dinero antes que proteger a los ciudadanos.