La política migratoria de México ha dado un giro profundo en los últimos años, configurando un entramado donde la retórica humanitaria se desvanece frente a una realidad de persecución y contención. Con la conversión de Villahermosa, Tabasco, en la tercera frontera de los migrantes, el gobierno mexicano ha instaurado una estrategia de desgaste que, lejos de ofrecer soluciones, perpetúa un ciclo de vulnerabilidad para miles de personas que buscan una vida mejor.

En los últimos meses, los chats de migrantes, y la prensa nacional, han documentado el traslado forzado de migrantes desde los estados del norte hacia el sur, particularmente a Villahermosa; lo que constituye una táctica que, a todas luces, busca desincentivar el avance hacia la frontera con Estados Unidos. Esta práctica, sustentada por un gasto millonario en contratos con empresas de transporte terrestre y aéreo, no solo desafía los principios básicos de derechos humanos, sino que también revela una falta de coherencia en la política migratoria nacional.

El hecho de que más de 20,000 personas hayan sido llevadas a Villahermosa entre enero y abril de 2024, muchas veces sin siquiera ser informadas de su destino, es un reflejo de una estrategia que apuesta por el agotamiento físico y emocional de los migrantes.

El relato de los migrantes que han sido objeto de esta política es estremecedor. La historia de José N., trasladado repetidamente entre el norte y el sur del país, ilustra cómo el gobierno utiliza la geografía mexicana para crear una barrera invisible pero efectiva. El corredor que une Villahermosa con el norte del país se ha convertido en un embudo que atrapa a quienes intentan avanzar hacia Estados Unidos, obligándolos a retroceder una y otra vez. Esta situación, denunciada por organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos, es una muestra del desprecio por la dignidad humana que subyace en la actual política migratoria.

El contraste entre los recursos destinados a estas deportaciones internas y el presupuesto asignado a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) es abismal. Mientras que el gobierno ha gastado 672 millones de pesos en el traslado de migrantes, la Comar, responsable de regularizar la situación de los solicitantes de asilo, apenas recibe 52 millones de pesos. Esta disparidad no solo refleja una prioridad distorsionada, sino que también subraya el abandono institucional de quienes llegan a México buscando refugio. La cifra de visas humanitarias otorgadas en los primeros meses de 2024 es irrisoria en comparación con el número de migrantes que han sido sometidos a esta política de desgaste.

La presión ejercida por Estados Unidos sobre México para endurecer su política migratoria es innegable, y ha llevado al gobierno de López Obrador a adoptar medidas que, aunque efectivas para disminuir el flujo migratorio hacia el norte, han tenido un costo humano incalculable. La saturación de albergues como Amparito en Villahermosa es un reflejo de las consecuencias de esta política, que ha creado un entorno de desesperación y precariedad para los migrantes. La falta de respuestas por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) ante las preguntas sobre estas deportaciones internas es, en sí misma, una admisión tácita de la opacidad con la que se manejan estas operaciones.

La situación en Villahermosa es un microcosmos de la crisis migratoria en México, donde la política del desgaste se ha convertido en la herramienta principal para controlar el flujo de personas. Esta estrategia, que parece diseñada más para satisfacer las demandas de Estados Unidos que para proteger los derechos de los migrantes, plantea serios cuestionamientos sobre el compromiso del gobierno mexicano con los derechos humanos. El “muro” al que se refiere el coordinador del albergue Amparito no es una estructura física, sino un sistema de políticas que busca desalentar la migración a través del sufrimiento y la desesperación.

En resumen, la conversión de Tabasco en una tercera frontera no es solo una medida táctica; es un símbolo de una política migratoria que, en su afán por detener el flujo migratorio, ha olvidado el componente humano. Las historias de aquellos que han sido atrapados en este ciclo de deportaciones internas son un recordatorio de que, detrás de cada cifra y cada contrato, hay vidas que se ven truncadas por decisiones políticas que privilegian el control sobre la compasión. El nuevo muro de México no está hecho de concreto, sino de políticas que erosionan la dignidad y los derechos de los migrantes.