La desilusión de los migrantes venezolanos que anhelaban el triunfo de la oposición en Venezuela para poder volver a su país es palpable. Desde 2014, casi ocho millones de personas han abandonado Venezuela, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Aunque la mayoría de ellos se encuentra en Colombia, Perú, Estados Unidos y Brasil, en el último año, México ha observado un incremento en la llegada de migrantes irregulares y solicitantes de asilo provenientes de esa nación.

La situación política y la crisis económica han forzado a muchos a buscar una vida mejor en el extranjero, manteniendo la esperanza de regresar algún día a una Venezuela más estable y próspera.

Sin embargo, los resultados de las recientes elecciones presidenciales han dejado a muchos de estos migrantes en una situación de incertidumbre y desesperanza. La reelección de Nicolás Maduro sumada a las acusaciones de fraude y la falta de transparencia, ha sido un golpe duro para quienes esperaban un cambio político significativo. Según una encuesta de ORC Consultores, más del 18 por ciento de los encuestados consideraba abandonar Venezuela si Maduro resultaba reelegido.

En medio de este panorama, México enfrenta sus propios desafíos ante una nueva ola migratoria. Con más de seis millones de venezolanos en América Latina y el Caribe, el 85 por ciento del total de migrantes venezolanos, los países de la región han tenido que adaptar sus políticas y recursos para manejar este flujo masivo de personas. México no es la excepción.

En 2023, los venezolanos fueron el segundo grupo más grande de migrantes detenidos por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, con más de 260.000 encuentros, cinco veces más que en 2020.

La presión sobre México es significativa. Además de ser un país de tránsito, también se ha convertido en un destino para muchos migrantes venezolanos que buscan oportunidades y estabilidad. El gobierno mexicano debe lidiar con la necesidad de proporcionar refugio y asistencia a estos migrantes, al mismo tiempo que maneja las tensiones y desafíos internos que esta situación genera.

El escenario en Venezuela sigue siendo confuso con protestas en las calles y una creciente polarización política. Los próximos días y meses serán cruciales para entender cómo afectarán estas elecciones al flujo migratorio venezolano en la región. Para México, esto implica no solo la implementación de políticas de acogida e integración, sino también la necesidad de cooperar con otros países de la región para gestionar de manera efectiva esta crisis humanitaria.

La desilusión de los migrantes venezolanos es un reflejo de la compleja realidad que enfrenta la región. La esperanza de un cambio político que permita el retorno a su país se ve truncada, obligando a muchos a replantear sus vidas y futuros en tierras extranjeras. Al mismo tiempo, México y otros países de acogida deben encontrar un equilibrio entre la solidaridad y la gestión de recursos, asegurando que los derechos y necesidades de los migrantes sean respetados y atendidos adecuadamente.

Chile propone acordar cuotas con países sudamericanos ante éxodo

La semana pasada, la ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, aseguró que su país no cerrará sus fronteras ante un posible nuevo éxodo masivo de ciudadanos venezolanos, tras el polémico proceso electoral que dio por ganador a Nicolás Maduro. La autoridad propuso, además, coordinar con los países vecinos medidas paliativas siguiendo el modelo europeo, como acordar cuotas de refugiados.

Sin embargo, Tohá llamó a la calma, señalando que “hay que recordar que el flujo migratorio desde Venezuela no ha parado en ningún momento. O sea, ha habido una baja, pero hubo un momento mucho más crítico”, indicó en un punto de prensa. “Lo que puede pasar es que se incremente (el flujo migratorio) y que alcance dimensiones mucho mayores. Y para eso nos tenemos que preparar y tenemos que aprender también las lecciones”, sostuvo la ministra.

La funcionaria planteó que los países de la región debieran replicar el modelo migratorio europeo, basado en cuotas y con sistemas acordados entre los países para acoger esos casos humanitarios más severos que requieren una respuesta. Aunque la propuesta no fue avalada por la clase política chilena, cuyos políticos advirtieron que el país no está listo para recibir migrantes en forma masiva.