El Partido Acción Nacional (PAN) no aprendió la lección con el resultado de los comicios del pasado 2 junio, y al igual que el PRI, sigue en la ruta de más de lo mismo.

Los partidos de oposición, disminuidos por la pérdida de electorado en las elecciones federales y locales, no termina por entender el mensaje de una ciudadanía ávida de cambios de la vida pública.

En el proceso interno para renovar la dirigencia nacional del PAN, los dueños de ese partido optaron por mantener el control absoluto a través del diputado Jorge Romero Herrera, perfilado como el candidato oficial. El mismo grupo de Marko Cortés Mendoza, con el predominio en los comités estatales y municipales, desecharon la propuesta de abrir a los ciudadanos la elección del nuevo dirigente.

La cúpula dirigente del PAN siguió el mismo camino de su aliado electoral Alejandro Moreno Cárdenas, del PRI: apoderarse como mafia del control del partido.   

No abrir el partido a la sociedad, advirtió en su momento Damián Zepeda Vidales, alejaría más al PAN de los ciudadanos que han dejado de ver al panismo como un interlocutor de oposición con la sociedad civil.

Cortés Mendoza y compañía optaron por el control del partido conservador para quienes los ciudadanos solo sirven para votar, pero el poder político, los cargos públicos, parlamentarios, el financiamiento y el control de la estructura partidista es para las familias panistas.

Convertidas en mafias de poder, los grupos predominantes se alejan más de la sociedad y las expresiones de representación en las cámaras baja y alta, son posiciones de poder, alejados de los ciudadanos.

Así por ejemplo en Puebla, Liliana Ortiz Pérez será diputada federal por obra y gracia de una negociación de poder por las familias custodias del panismo poblano que existieron detrás del candidato a gobernador Eduardo Rivera Pérez.

Independientemente del derecho ciudadano de Liliana Ortiz de votar y ser votada y como militante del PAN, en las filas de ese partido existan más mujeres y hombres con mayor trayectoria y experiencia legislativa.

En ese partido, convertido en un partido familiar y de propiedad privada, la cúpula encabezada por Marko Cortés se apropió de las candidaturas, incluida la de él, con el reparto cómplice de otros grupos de interés en los estados.

Así, por ejemplo, Genoveva Huerta, la exdirigente estatal, continuará en la Cámara de Diputados gracias a la representación proporcional, con una designación por dedazo del mismísimo Cortés Mendoza.

De esta manera el político michoacano exhibido con la carta de convenio en las elecciones de Coahuila en alianza con el PRI ha conseguido la complicidad en estados como Puebla para garantizar la cargada a favor de Jorge Romero, para sustituirlo en la presidencia del CEN del PAN.

Y es que ahora la “lealtad” política se paga con prebendas, y en Acción Nacional seguirán panistas como Ana Teresa Aranda Orozco que, pese su traición a ese partido en elecciones locales anteriores, se alineó al grupo que tendrá ahora el control de ese partido. Por una actitud parecida a la asumida por Ana Tere en el pasado reciente, el grupo de Rivera Pérez y Augusta Díaz de Rivera echaron del partido a unos 700 militantes acusados de colaborar con el oficialismo.

No es extraño que por esa nueva realidad del PAN bajo el dominio de familias y grupos de interés hayan renunciado a su militancia panistas experimentados como Francisco El Pastor Fraile García.

Posterior al rotundo fracaso electoral del panismo en el estado, la ciudad capital y municipios conurbados, esos grupos se apoderen del control partidario, pese a las torpezas cometidas en la alianza electoral con el PRI y PRD, y los desatinos en la nominación de distintos candidatos.

Mario Riestra tuvo que lidiar con una lista de candidatos en la planilla al Cabildo con más de un regidor parásito albiazul para reelegirse, solo por la cercanía personal y familiar con Rivera Pérez, lo que se convirtió en un lastre para el candidato a la alcaldía poblana.

Esa tendencia patrimonialista de ese partido de oposición termina por alejarlo de la sociedad y convertirlo en un partido marginal frente a un régimen de la 4T instalado en el poder absoluto.

Vaya reto para el excandidato a gobernador Eduardo Rivera, porque más allá de la sobrevivencia política como propietario de una marca partidista, en poco o en nada incidirá en el estado.

Hay por lo menos en el panismo nacional militantes y dirigentes congruentes como el senador Damián Zepeda, quien se bajó de la contienda por la dirigencia nacional, frente a la negativa de la cúpula de abrir la elección a los ciudadanos, frente a la postura de Marko Cortés de dejar la decisión a militantes de un padrón controlado por él.

“Lamento el PAN se cierre a la sociedad y no se abra a los ciudadanos en la renovación de la dirigencia. Imposible representar esperanza de cambio si se resisten a ciudadanizarse”, manifestó en tono de reclamo al senador Zepeda, como un predicador en el desierto que pedía “reinventar” a ese partido, posterior al desastroso resultado electoral del 2 de junio.

Un partido como el PAN alejado de la sociedad civil está destinado a ser un partido patrimonialista, marginal sin base social, en riesgo de extinguirse en 2027 o en 2030.

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