A partir del paquete de reformas anunciado por el Ejecutivo Federal el pasado 5 de febrero, hemos venido siendo testigos de los diferentes impactos que, en particular, algunas de ellas, han captado la atención de los reflectores, y no precisamente por su contenido innovador sino por el temor que algunas que han causado entre los inversionistas, tanto mexicanos como extranjeros.

Específicamente, me refiero a la reforma al Poder Judicial, particularmente en términos de la dinámica de elección de magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y magistradas de Circuito, las jueces de Distrito, las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, quienes todos ellos serían elegidos de manera directa por la ciudadanía en elecciones ordinarias.

Dicha reforma, no solo ha causado nerviosismo en los mercados sino que también resultó ser una de las principales preocupaciones en la reciente Conferencia de Relaciones México-Estados Unidos en el Wilson Center a finales de junio 2024, en el que uno de los temas centrales en la agenda del día saltó a lo largo de las diferentes charlas en la décima reunión anual celebrada en Washington D.C.  En la conferencia, la iniciativa de la reforma judicial en México se caracterizó por constituir una fuente de incertidumbre en función de la certeza jurídica, impacto en la inversión y crecimiento económico como resultado de su implementación.

¿Por qué su relevancia?

La dinámica o el proceso de elección de los funcionarios del Poder Judicial (PJ) en comento, modifica sustancialmente el juego de incentivos de los funcionarios, llámese ministros, magistrados, jueces en el Poder Judicial.

Actualmente, el proceso de selección busca garantizar que los jueces y ministros en México sean seleccionados con base en sus méritos y capacidades, y no solo por consideraciones políticas. Esto es, en México, la elección de jueces y ministros sigue un proceso específico dependiendo del nivel del puesto judicial.

Por ejemplo, los ministros de la SCJN actualmente siguen un proceso de selección es que consta de varios pasos:

1. Propuesta del presidente de la República: Cuando hay una vacante en la SCJN, el presidente de la República propone una terna (tres candidatos) al Senado de la República.
2. Evaluación del Senado: El Senado de la República evalúa a los candidatos propuestos. Este proceso puede incluir audiencias públicas y la revisión de las trayectorias profesionales y académicas de los candidatos.
3. Votación del Senado: Los senadores votan para elegir a uno de los tres candidatos propuestos. Para que un candidato sea nombrado ministro, debe obtener una mayoría calificada de dos tercios de los votos del Senado.
4. Toma de Posesión: Una vez que el Senado aprueba a uno de los candidatos, esta toma de protesta y asume su cargo como ministro de la SCJN.

Por otro lado, para el caso de los jueces federales en México, que incluyen jueces de distrito y magistrados de circuito, el proceso de selección es el siguiente:

1. Examen de oposición: Los aspirantes deben presentar un examen de oposición organizado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Este examen evalúa los conocimientos y capacidades de los candidatos en materia jurídica.
2. Curso de formación: Los aspirantes que aprueban el examen de oposición deben asistir y aprobar un curso de formación impartido por el Instituto de la Judicatura Federal, que forma parte del CJF.
3. Designación: Una vez completado el curso de formación, los candidatos son designados jueces de distrito o magistrados de circuito por el CJF.

Reforma Judicial

En un ejercicio sin precedentes de la modificación de los artículos 95, 96 y 97 constitucionales, la elección directa en elecciones ordinarias de los magistrados de la SCJN, magistrados y magistradas de Circuito, las jueces de Distrito, las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, el juego de incentivos se modifica substancialmente.

Lo anterior, derivado de la dinámica de elección, misma que, lejos de premiar el mérito y la experiencia que describo anteriormente, obedece, en primer término, a negociaciones políticas para obtener las candidaturas a los distintos puestos. En segundo término, la dinámica podría promover conflictos de interés entre las decisiones de jueces, ministros y magistrados y sus patrocinadores de campaña, así de claro.

En otras palabras, el juego de incentivos se plantea bajo una dinámica en la que las decisiones judiciales potencialmente podrían ser influenciadas por intereses particulares, principalmente de aquellos que hicieron posible la postulación y toma de posesión de autoridades judiciales a favor de sus benefactores. En resumen, un potencial conflicto de interés que promueve el pago de favores.

Si a la hipótesis que me permito plantear le añadimos que la posibilidad de influencia de grupos económicos de poder que actualmente operan en nuestro país como comentó recientemente el diario Financial Times, en donde estima –de acuerdo con información del ejército estadounidense – que un tercio del territorio mexicano se encuentra bajo el control del crimen organizado, como también lo apuntó en sentido similar Tim Golden a principios de año, el escenario explica la preocupación manifiesta a finales de junio de este año en el Wilson Center.

Ante tal escenario y bajo condiciones de una mayoría calificada en el Congreso mexicano, conforme al artículo 135 constitucional, la reforma al Poder Judicial no podría ser declarada inconstitucional, dado que previo a su implementación; los ajustes constitucionales serían posibles y la SCJN carecería de argumentos para detener, lo que a todas luces se presenta como un primer golpe al equilibrio de poderes, a los contrapesos en el ejercicio del poder, comprometiendo adicionalmente lo establecido en el artículo 49 de nuestra, potencialmente vulnerable, Carta Magna.