Sería impensable en México que el consejo editorial de un medio de comunicación le pidiera a un candidato presidencial desistiera de su postulación al cargo, como lo hizo The New York Times con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

En el país no solo sería imposible, porque atreverse a cuestionar al titular del Ejecutivo federal en turno, o de los estados, ya implica graves consecuencias para el medio porque no se tolera la crítica, y ésta se paga con el boicot comercial o la persecución.

Esta dificultad ha enfrentado la prensa en los últimos regímenes priistas y panistas, pero se ha agravado en los gobiernos autoproclamados de “izquierda”.

Una de las grandes demandas de los movimientos sociales y progresistas en el México moderno fue la prensa libre y el respeto a la libertad de expresión, entonces bajo la presión y control del Estado.

En la historia contemporánea existen casos ilustrativos: el llamado golpe a Excélsior de Julio Scherer García durante el régimen de Luis Echeverría; o bien la embestida de los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón contra Grupo Monitor del periodista José Gutiérrez Vivó.

Para el régimen de la 4T las empresas de noticias que le cuestionan son “medios de desinformación”, “corruptos”, “conservadores” y “falsarios”; a diferencia de periodistas afines como Carmen Lira, Epigmenio Ibarra o “Lord Molécula”.

La entidad poblana es una caja de resonancia del comportamiento gubernamental en la relación con los medios de comunicación: premio o castigo, lo mismo con el PRI, PAN y Morena.

Durante las administraciones priistas y panistas en el estado premiaban y castigaban, ocurrió así con El Heraldo de Puebla, primero con Mario Marín Torres, y después con Rafael Moreno Valle.

Instalado el primer gobierno de la 4T en la entidad, periódicos digitales como e-consulta enfrentó la embestida de Miguel Barbosa Huerta, con una docena de demandas judiciales, así como auditorías al diario El Popular, por citar dos ejemplos.

La intromisión, el chantaje y la extorsión barbosista se extendió a otros medios de comunicación como Multimedios Puebla, para controlar y someter la línea editorial.

El derecho a disentir durante el régimen de la Cuarta Transformación pasa por emprender una gran reforma constitucional para regular la publicidad gubernamental de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) en un ámbito de competencia, para desterrar el uso faccioso del dinero público en la política de comunicación oficial.

Lamentablemente, con el ascenso de la autollamada “izquierda” al gobierno, en los tres órdenes de gobierno, la libertad de prensa y de expresión ha pasado de la satanización a la embestida contra medios de comunicación críticos.

En este contexto, no es un buen mensaje del oficialismo a la libertad de expresión emprender una persecución contra la prensa considerada incómoda.

Las empresas editoriales tienen el derecho a librar su propia batalla para permanecer en el mercado ganando audiencias que definan su existencia, pero no por una orden judicial y política para eliminarlos como medios.

Utilizar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigar el origen y el estado financiero de una empresa de comunicación, es por demás un acto de intimidación aberrante a la libertad de expresión.

Cada inversionista y empresa editorial decide sus negocios, lo mismo hay medios de comunicación críticos al régimen, que aquellos que entregan su línea editorial al gobierno en turno.

Cada empresa editorial asume los riesgos en un país donde los gobiernos utilizan la publicidad gubernamental como un garrote político para castigar a los medios críticos, o premiar la zalamería de medios oficialistas.

Este gobierno de “izquierda”, al igual que sus antecesores, ha omitido la regulación de la publicidad gubernamental, en la medida que el gasto en medios es una manera de influir en los contenidos editoriales.

Como ha ocurrido en otros sexenios, el gobierno favorece con contratos benévolos a medios que les son afines, y en contraste desprestigia y ataca a quienes mantienen una postura crítica.

Cada empresario invierte en proyectos editoriales bajo su propio riesgo, porque les apuestan a competir para ganar las audiencias en el mercado de consumo de las noticias y la información, pero no puede existir o dejar de hacerlo por voluntad de un gobierno.

Es inadmisible que sea el gobierno quien determine qué medio de comunicación puede existir, dependiendo de su línea editorial, y si la política editorial es contraria al régimen, utilizan el poder del Estado para destruirlos.