A nombre de la “aplanadora” electoral de Morena y partidos aliados que se alzaron con el triunfo avasallante en las elecciones locales, preva lece la intención de dar carpetazo a hechos delictivos, anomalías y agravios durante el proceso electoral.

Las autoridades electorales y judiciales deberán esclarecer, deslindar responsabilidades y castigar a los responsables de hechos ilícitos cometidos durante las pre campañas, campañas, la jornada comicial y los cómputos preliminares (PREP) del 2 de junio.

Un primer paso lo dio la semana pasada la Fiscalía General del Estado al hacer pública la orden de aprehensión contra el alcalde, su hermano y el secretario de Seguridad Pública del municipio de Zapotiltán, por el asesinato con arma de fuego del chofer de un candidato rival del PT.

El fiscal Gilberto Higuera Bernal reveló la investigación y la acción jurídico penal contra al menos 30 personas presuntas implicadas en los hechos ocurridos en la víspera de la jornada comicial.

Pero a delitos como el homicidio doloso en Zapotitlán se suman los asesinatos del candidato de Morena a la alcaldía de Acatzingo, de un regidor del PVEM en Izúcar de Matamoros, el atentado al candidato de Ajalpan y el crimen de una mujer durante el robo de urnas en Tlapanalá.

No solo se trata de castigar al responsable del asesinato de la mujer, sino a quien contrató a los siete encapuchados que a mano armada robaron las urnas en una de las casillas de esa localidad.

Destacan otros actos de violencia electoral como la quema de una patrulla de la Policía Municipal, de tres autos particulares y daños al Palacio Municipal en Chalchicomula de Sesma, auspiciados por los candidatos de Morena y el PAN, Edgar Jiménez y el ex priista Juan Navarro, respectivamente.

Se contabilizaron más de 30 casos de violencia contra aspirantes y candidatos a cargos de elección popular en el estado, los autores materiales e intelectuales no pueden quedar impunes, a nombre de la “paz” y la “concordia”.

Por su gravedad, y tratándose de uno de los candidatos a la gubernatura, la Fiscalía General del Estado debe esclarecer a cabalidad los hechos y los juzgadores castigar a los responsables de los hechos denunciados por el ahora ex candidato a la gubernatura Eduardo Rivera Pérez.

En este mismo contexto, deberán penalizarse las amenazas al entonces candidato a alcaldía poblana Mario Riestra Piña, así como al abanderado panista por los improperios y amenazas contra el periodista Ricardo Gutiérrez.

Apostarle las autoridades por el silencio vía carpetazo a las denuncias de los hechos de violencia, sería abonar el camino a la impunidad de los autores materiales e intelectuales de los hechos de violencia electoral y la comisión de ilícitos cometidos en el proceso electoral.

Un caso no menos grave que los otros es lo ocurrido en Tehuacán respecto a señalamiento de un grupo delictivo contra el alcalde y candidato Pedro Tepole Hernández de haberle financiado la campaña en 2021, así como acusarlo de ser autor intelectual del homicidio del periodista Marco Aurelio Ramírez.

En la pretensión de reelegirse, en la víspera de la jornada comicial, un grupo delictivo asaltó a operadores electorales de Tepole, despojándolos de medio millón de pesos en un domicilio particular donde compraban votos a favor del abanderado del PVEM.

Pero la compra de votos no solo se documentó en Tehuacán, ocurrió lo mismo en el municipio serrano de Venustiano Carranza, donde el oficialismo fue sorprendido comprando votos en las oficinas de la Asociación Ganadera.

Tehuacán y Venustiano Carranza no fueron los únicos municipios donde se cometieron ese tipo de delitos electorales, la compra de votos se extendió en todos los puntos de territorio poblano, y lo mismo hay señalamiento contra el oficialismo y la oposición.

“Mapaches” en el PREP

Empero también hay otro tipo de delitos, los de cuello blanco de los operadores electorales.

Uno de los casos que están bajo sospecha es la honradez y pulcritud de la empresa encargada del Programa de Resultados Electorales Preliminares contratado por el organismo electoral conocido como IEE.

Con 55 millones de pesos en la contratación de la empresa operadora del PREP, los directivos utilizaron a discreción el PREP para modificar los resultados electorales, o congelar los resultados de las votaciones, con órdenes y motivaciones políticas para favorecer a partidos y candidatos.

De entrada, Grupo Proisi fue beneficiado en la contratación a través del mecanismo de adjudicación directa para la implementación del PREP en el estado.

Como ocurrió en Puebla, la empresa también fue beneficiada obteniendo tres contratos más en el mismo número de estados donde se realizaron elecciones locales similares, por la misma vía de asignación directa.

De acuerdo a testimonios de empleados de Grupo Proisi, contratados para la implementación del PREP del IEE Puebla, las sábanas de resultados de las casillas del 2 de junio llegaban en blanco.

Fueron los directivos quienes ordenaban para cada caso las cantidades de votos que se subían al PREP de las casillas correspondientes a las lecciones a gobernador, diputados locales y presidentes municipales.

Curiosamente las sábanas llegaban en blanco firmadas por los representantes de casilla, y en el centro de operaciones las confeccionaban con otros resultados por casilla, con una duplicidad de sábanas reales y hechizas.

Beneficiada por la asignación directa del contrato, la empresa debe ser sometida a una auditoría operativa en el software utilizado en el PREP.

La oposición no tiene ni mínima idea de dónde y cómo se instrumentó la operación electoral, y solo tibiamente el representante del PAN en el Instituto Electoral del Estado (IEE), Óscar Pérez Córdoba, presentó una queja para “sancionar” a Grupo Proisi por no ofrecer certeza sobre los resultados de los votos.

Muy tardía y limitada fue la reacción de la oposición en el Consejo General del IEE, porque presume el oficialismo la “hazaña” parafraseando a Paco Ignacio Taibo.

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Face: Pablo Ruiz Meza
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