Como lo mencioné en una de mis artículos de principios de este año, para el presidente López Obrador, los conflictos y la guerra que hoy libra en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de todo el Poder Judicial de la Federación, no existió durante la gestión del expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a quien pretendió sin lograrlo extender su periodo dos años más al frente del máximo tribunal de nuestro país, porque le garantizaba el control y manejo de los asuntos y expedientes en los que tenía intereses el gobierno federal y el tener sometidos y amenazados a los jueces y magistrados, que tenían en sus manos dichos juicios y que fueron obligados a emitir resoluciones a favor de la Federación y del presidente y sus funcionarios.

Dicha situación, si bien, siempre se ha dado en forma velada en los sexenios de los presidentes del período neoliberal, nunca se llegó al grado de que aún y cuando la opinión pública está enterada de la forma en que el ex consejero jurídico de la Presidencia de la República Julio Scherer Ibarra maquinó con Záldivar en los juzgados de distrito y Tribunales de Circuito para favorecer a los intereses de AMLO; ahora resulta, que desde la llegada de la actual presidenta de la Corte Norma Piña, para López Obrador el Poder Judicial de la Federación está podrido y lleno de corrupción con lo que pretende convencer a los ciudadanos, que por ello es indispensable se apruebe la denominada reforma judicial y se nombren a los Ministros de la Corte, Magistrados y Jueces federales mediante el voto directo de los ciudadanos.

Lo anterior significa, que si la actual presidenta de la Corte se hubiera subordinado a las órdenes del Ejecutivo y aceptado su intromisión en los juicios, tirando línea a los juzgadores para favorecer al presidente, violando la autonomía del Poder Judicial, hoy la historia sería completamente distinta y quizás la reforma judicial, no se hubiera propuesto, ya que sería innecesario transformar las cosas; si finalmente AMLO tendría bajo su control y mando a la Suprema Corte de Justicia y a todo el Poder Judicial de la Federación; sobre todo porque él entiende que sí puede haber corrupción y ser tolerada, siempre y cuando ello no sea contrario al proyecto de transformación impulsado por su gobierno y que continuará a partir del 1 de octubre de este año, cuando asuma la presidencia la virtual ganadora de la elección, Claudia Sheinbaum.

Pero como el hubiera no existe, en estos momentos, no sólo dentro de nuestro país, sino también en otros países como Estados Unidos, Canadá y los de la Unión Europea, con los que México mantiene relaciones comerciales y de negocios, con grandes proyectos de inversión; la preocupación no es menor, por el hecho de que de aprobarse la reforma al Poder Judicial, habría desconfianza en los inversionistas, que no tendrían certeza jurídica que les garantice que sus derechos estarían salvaguardados, por la llegada de Ministros, Magistrados y jueces, sin carrera judicial y que deberían sus puestos a Morena precisamente para favorecer al gobierno federal y de los estados, aplicando la ley a modo y sin ninguna independencia judicial.

No podemos negar, que el Poder Judicial de la Federación, así como el de los Estados, sigue teniendo serías deficiencias y que aún prevalecen las viejas prácticas de nepotismo, corrupción y conflictos de interés que muchas veces han afectado los derechos de los ciudadanos, poniendo la balanza de la justicia al mejor postor.

Pero de eso, a impulsar su desmantelamiento y su toma para que en México ahora la impartición de justicia se encuentre secuestrada por un partido político y por el grupo en el poder, es una situación muy grave, que hará retroceder a México cincuenta años en su evolución jurídica.

A estas alturas del debate nacional, del anuncio de una encuesta que se aplicará este fin de semana, a quién sabe quién, con qué preguntas y sin que se tenga conocimiento de quién la estará pagando para que se opine si se debe aprobar la reforma al Poder Judicial de la Federación, sin que nadie pueda dudar del resultado de todos conocido.

Resulta evidente, que la intención del presidente es vengarse de todo el Poder Judicial por haberse puesto en su contra, sin importar los riesgos y consecuencias para el país, en los ámbitos político, social, económico y de derechos humanos.

Sin embargo, olvida el presidente, que una parte importante del problema de una deficiente impartición de justicia, inseguridad, impunidad y corrupción que azota al país; es también responsabilidad de quienes tienen a su cargo la procuración de justicia y la persecución de los delitos a nivel federal y de los estados y que son precisamente los fiscales generales, cuya actuación deja mucho que desear y que se han convertido en cuna de la corrupción coludidos con los grupos de la delincuencia organizada y de los carteles.

Así aunque AMLO culpa al Poder Judicial de la Federación de las deficiencias en la administración de justicia, por dejar en libertad a presuntos delincuentes y porque no aplican en forma contundente la prisión preventiva oficiosa; se olvida de los errores que cometen las fiscalías en la integración de las carpetas de investigación y de que, aunque no le guste al presidente, la ley, sí es la ley.

Quien crea que con la aprobación de la reforma constitucional en materia de  administración de justicia, con la elección por voto directo de Ministros, Magistrados y jueces, se terminará con los vicios del Poder Judicial de la Federación y ya no habrá más corrupción en dicho poder, vive en un error, ya que por el contrario al politizar la impartición de justicia, habrá más corrupción y no se beneficiará a los ciudadanos, que deben contar con un poder, conformado por expertos en la interpretación y aplicación del marco jurídico del país y no por funcionarios subordinados al Poder Ejecutivo, quienes sólo estarán ahí, sin ninguna independencia judicial y sin contar con los conocimientos y experiencia para ser integrantes del Poder Judicial.

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