Elecciones 2024: entre la violencia y los homicidios

  • Germán Molina Carrillo
Los índices de estos delitos en contra de candidatos y candidatas varían de acuerdo a las entidades

Los asesinatos de candidatos, familiares y colaboradores no son algo nuevo en los procesos electorales en nuestro país; sin embargo, el número de los mismos aumenta cuando se trata de elecciones presidenciales y de renovación de las Cámaras de Diputados y senadores cada seis años y se mantiene en otro nivel en las denominadas elecciones intermedias que se realizan cada tres años.

Los índices de estos delitos en contra de los candidatos y candidatas varían de acuerdo a los estados de la República y sobre todo en los territorios donde los cárteles del narcotráfico ejercen su control o se encuentran en disputa por el dominio de los mismos con otros cárteles.

Es por ello que los propios cárteles del narcotráfico, desde hace ya varios años, han desarrollado diversas acciones y estrategias para proponer a candidatos a modo, en contubernio con los partidos políticos para que se conviertan en autoridades y les permitan continuar con sus actividades delictivas, dejándolos trabajar en paz y garantizándoles una impunidad total tanto a ellos como a sus operadores.

Así, aquellos candidatos que ilusamente creen que es suficiente el apoyo de los electores para ocupar los cargos y que con hacer una efectiva campaña electoral para poder triunfar en las elecciones; la realidad que han venido enfrentando es otra muy distinta, debido a que al no contar con el apoyo del jefe del cártel que controla el lugar, este decidirá antes de que se llegue a la elección, eliminarlo (a) para evitar el riesgo de que gane alguien contrario a sus intereses y les impida trabajar o hasta buscar encarcelarlos por los delitos cometidos.

Conforme a lo anterior, en la mayoría de los casos, los homicidios, extorsiones, lesiones y amenazas en contra de los candidatos, se presume, provienen de los cárteles; sin embargo no podemos descartar que en muchas ocasiones las conductas provengan de miembros del partido del candidato (a) asesinados, motivados por la lucha interna de quienes están inconformes con las designaciones y le apuestan a que al morir el candidato nombrado, el partido les ceda a ellos la posición para estar en la boleta electoral.

No son pocos los estados del país, donde Morena y sus partidos aliados PT, PVEM, terminaron con luchas internas por la imposición de candidatos externos, sin ninguna militancia y que motivaron la salida de liderazgos y grupos que desde el nacimiento del partido han participado y estado a la espera de una candidatura que nunca les fue otorgada.

Por lo tanto, las líneas de investigación para esclarecer los homicidios de los candidatos y candidatas asesinados, se amplían y complica el trabajo de las fiscalías al no saberse de dónde se originó el homicidio y quien salió beneficiado con dicha situación.

Hasta ahora, después de dos meses y dieciocho días de campañas en el caso de los candidatos a la Presidencia de la República, diputados y senadores y de un mes dieciocho días respecto a las candidaturas a la gubernaturas, diputados locales y presidentes municipales, el número de homicidios asciende a 30 personas, entre aspirantes, candidatos oficiales a presidencias municipales y alcaldías en todo el país.

Así faltando quince días para las elecciones del domingo 2 de junio, se prevé que dicha cifra aumente ya que aún y cuando más de 264 candidatos han solicitado protección al gobierno federal para evitar ser víctimas de agresiones o de perder la vida, las amenazas y agresiones continúan en estados como Chiapas, Morelos, Colima, Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Veracruz donde la violencia e inseguridad se han convertido en el pan de cada día.

A estas alturas de la contienda electoral, a pesar de lo manifestado por el INE, en el sentido de que existen las condiciones para garantizar la seguridad en las casillas para que los ciudadanos acudan a votar libremente el próximo dos de junio; los focos rojos siguen encendidos en varios municipios del país, donde por el desplazamiento de los pobladores huyendo de la violencia y de los carteles del narcotráfico, han dejado prácticamente sin habitantes a grandes zonas, por lo que difícilmente se podrán instalar casillas y menos aún que los ciudadanos se presenten a votar, por el miedo a ser víctimas de la violencia.

De los treinta homicidios de candidatos contabilizados a la fecha, difícilmente se logrará dar con los responsables, al menos antes de las elecciones y después de éstas serán mucho menos las posibilidades de que se esclarezcan, ya que a nadie le importará el resultado de las investigaciones y que los responsables sean detenidos.

Así que, aunque el presidente AMLO le pida a los cárteles del narcotráfico que se porten bien el dos de junio es casi imposible que atiendan a su llamado, ya que sus actividades, se concentrarán seguramente a buscar a toda costa que sus candidatos y candidatas logren el triunfo en las elecciones y logren llegar a los cargos.

Al final veremos en números, cuales realmente fueron los factores que determinaron una baja participación de los ciudadanos y hasta qué punto la delincuencia logró también aún sin partido, ganar posiciones para ellos que no sólo representen sus intereses, sino también para que pongan a su servicio todo lo que tenga a su cargo y responsabilidad.

 

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Germán Molina Carrillo

Abogado, notario y actuario por la Facultad de Derecho de la BUAP; doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es director fundador del Instituto y del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla y de la Revista IUS; autor de más de siete obras jurídicas, ponente, moderador, comentarista, y conferencista.