Amigos lectores, como les dije en mi colaboración anterior, para en verdad construir un Estado de Derecho que nos permita la consecución del bien común en donde todas las personas puedan alcanzar de una forma más plena el bienestar, hay un factor que no debemos descuidar y ese es la educación. Pero, ¿cómo desde un Ayuntamiento podemos contribuir a la educación? Siempre se puede; si bien no de manera directa, a menos que las reglas de operación de un programa que ejecute el gobierno municipal así lo permitan; la contribución a la educación debe de formar parte de un programa transversal en el que, -de una forma u otra- se involucren todas las áreas de la administración municipal. Pero, me dirán y con justa razón, ¿a poco desde la Sindicatura se puede pensar en educación? La respuesta es sí.

Desde hace años he tenido la idea de transmitir a los ciudadanos, el cómo usar los mecanismos existentes para poder mejorar algo en su entorno. Desde la cátedra universitaria o de bachillerato, les pedía a los alumnos que pudieran hacer un escrito fundamentado en el artículo 8, ejercitando su derecho de petición. Quería demostrarles el poder que tiene el ciudadano si conoce sus derechos y sabe cómo ejercitarlos. Que sepan que un escrito, bien fundado y bien motivado puede meter en severos aprietos a cualquier funcionario público que no esté cumpliendo con su deber conforme lo marca la ley o reglamento.

Los ciudadanos debemos estar conscientes que el pacto social implica que, si bien delegamos las decisiones del día a día a diferentes personas, y, a través de la democracia elegimos a las autoridades que nos representan, no por ello, dejamos de ser responsables de lo que pasa en ‘la polis’, de lo que pasa en nuestra ciudad. El pueblo nunca deja de tener el mando, el cual debe ejercer sobre sus mandatarios (todos los servidores públicos) conforme a lo establecido en las leyes y reglamentos. De ahí la importancia de procurar más y mejor ordenamiento jurídico para poder tener un mejor Estado de Derecho enfocado tanto en la impartición de justicia, así como la legislación y reglamentación según corresponda que contribuya a cumplir con el objetivo. El Ayuntamiento como primera autoridad debe de, además de ejecutar las leyes y reglamentos, colaborar con los ciudadanos a generar la conciencia social de hacer ciudadanía, que ejerzan sus derechos mediante los mecanismos establecidos, y además fomentar el trabajo conjunto con las autoridades municipales. Seré más claro: nosotros como autoridades electas somos responsables de dar cuenta a la población y el que la ciudadanía pida cosas no debe de ser visto como un favor, es nuestra obligación y su derecho. Son en el más amplio sentido de la palabra, nuestros jefes.  

A través de la Sindicatura y gracias a la política de cercanía con la gente, hemos puesto en práctica junto con la ciudadanía mecanismos para que las personas conozcan las acciones que pueden implementar para exigirle al gobierno que realice su trabajo.  Cuando me buscan los ciudadanos, en la calle, en la oficina, mediante un mensaje de texto o una llamada, siempre los invito a que podamos documentar las omisiones que en su caso pueda tener la autoridad. De esta manera, alimentamos de forma real el sistema gubernamental y político que conforme a lo planteado por David Easton se resume a “un sistema político con la función de distribuir valores que la sociedad considere útiles…” tal es el caso de la educación, para lo cual es necesario “inputs” o peticiones, que son ésas demandas de los ciudadanos, mismas que deben de provocar “outputs”; es decir: la reacción de la autoridad, que siempre debe ser tendiente a solucionar la problemática. Es por eso que debe ser menester de los ayuntamientos coadyuvar en la educación cívica, entendiéndose como la forma de hacer consciente al ciudadano de lo poderosa que es su actuación cuando está bien fundada y motivada; hacerlo consciente de que siempre puede hacer la diferencia.