El concepto Estado de Derecho se ha convertido en un lugar común en los discursos cotidianos de nuestras autoridades. Es la justificación para establecer muchas acciones, incluso, ejes de gobiernos enteros se basan en el concepto referido. Han sido, como diría Oscar Chávez: “palabras sin sentir, sin nada que decir…” El Estado de Derecho debería ser no solamente un eje de la planeación de un gobierno, sería justo que fuera “EL” EJE.

Ya he escrito sobre el Estado de Derecho y sobre su gran relación con la gobernabilidad, donde se debe contar con el primero para poder llegar al segundo. En esta ocasión me gustaría poner en la mesa algunos otros aspectos que abonan a un verdadero Estado de Derecho, así como algunas ventajas de tenerlo. Pero sobre todo me detendré en remarcar la necesidad que tenemos como país de tener una verdadera impartición de justicia, sin ella, el Estado de Derecho no es posible.

Ya he escrito varias veces en este texto el concepto, pero, ¿a qué nos referimos con Estado de Derecho? Tan simple y tan complicado como: “hacer que los ordenamientos jurídicos se cumplan”. En muchos casos como en el ámbito municipal, lo primero que se debe de hacer, son los ordenamientos en sí mismos. Tan precario está nuestro Estado de Derecho que en muchas ocasiones habrá que fortalecer el “Derecho” entendido desde la concepción romana-germánica del Derecho, como ese conjunto de leyes. Si ni siquiera hay ley u orden, ¿que se tiene que hacer cumplir?

La forma más drástica en la que se transgrede el Estado de Derecho es cuando una persona comete un delito. Como ya lo comentamos, la impartición de justicia es clave para contar un Estado de Derecho. Es sin duda la herramienta esencial para “hacer cumplir la ley”. A lo largo de la historia se ha intentado impartir justicia bajo diferentes filosofías, como la Ley del Talión, que se resume en ojo por ojo y diente por diente. Suena sádica y poco racional, pero se impresionarían si le cuento que en un restaurante de la ciudad de San Martín cierto político que hoy quiere ser presidente municipal, me lo propuso como solución para reducir los índices de criminalidad.

A esta forma de enfrentar la trasgresión al Estado de Derecho se le llama Política Criminal y lamentablemente lo que está de moda, es simplemente aumentar las penas de forma exorbitante, que en realidad, está más que comprobado que de poco sirve; y duele decirlo, pero en México hemos perdido la capacidad como autoridades de aplicar las leyes vigentes y con ello, lograr la justicia de manera efectiva. Como mexicanos la ignorancia nos sale cara. Electoralmente es redituable hacer promesas legislativas para endurecer las penas a diferentes conductas. ¿Pero de qué sirve si no hay impartición de justicia? Si no hay defendidos, si de cada diez actos delictivos, ocho siguen impunes. La respuesta es sencilla: de nada, y por favor no culpen al mensajero, la estadística está ahí. Decía el abuelo de una amiga mía: “las comparaciones son odiosas” pero lo visto no es juzgado.

Habría que preguntarse: ¿Por qué en países con penas dos veces menos severas que las de México, hay menores índices delictivos? La respuesta es sencilla: de diez delitos, nueve se resuelven y castigan de acuerdo a la ley. En nuestro país por el contrario, de diez delitos, ocho se quedan sin resolver. Para el crimen en México es una jugosa apuesta con más del 80 por ciento de probabilidades de no ser castigado por infringir el pacto social. Básicamente, los mexicanos que nos portamos bien, lo hacemos por convicción, pues el Estado de Derecho y la impartición de justicia a través de instituciones sólidas no es algo que se haya consolidado.

¿Qué hacer ante esta realidad? Los discursos siempre son buenos, pero como ya les contaba en el primer párrafo y cantaba Oscar Chávez en tono de protesta a los presidentes de aquella época “son palabras sin sentir, sin nada que decir...”. Más vale invertir en la impartición de justicia, desde dignificar el trabajo de la fiscalía, profesionalizar a los policías, en el ámbito federal, estatal y sobre todo en el municipal. Hay que poner el presupuesto en eficientar el trabajo en los tribunales. Sí una gran reforma al Poder Judicial, pero que vaya acompañada de presupuesto bien direccionado. Urge tener más y mejores policías, agentes del Ministerio Público y jueces; hoy desafortunadamente están rebasados y en muchos casos mal capacitados. A largo plazo la respuesta es una: educación; sin embargo, eso será excusa para seguir escribiendo.

¿Qué ventajas tiene contar con un Estado de Derecho? La respuesta: todas. Por ejemplo, es más probable que una empresa invierta en un lugar en donde exista certeza que los ordenamientos municipales, estatales y federales se cumplen. Pues en ese lugar, a esa empresa no le cobrarán costos “extraordinarios” por licencias de funcionamiento, o llegarán a clausurarles por razones poco claras. En esa ciudad con Estado de Derecho, difícilmente le robarán su mercancía en las inmediaciones de su sede, pues como primera razón de existencia del estado existe seguridad, ya que quien realice semejante conducta es muy seguro que cumpla una condena en algún penal. Sin duda el desarrollo económico es proporcional al Estado de Derecho que exista en un lugar.

Me permitiré dejarle una pregunta al aire para generar debate: ¿Por qué no invertir como prioridad a tener un verdadero Estado de Derecho?