Hace unas semanas Rosa Borrás, artista gráfica que ha hecho del bordado una de sus herramientas artísticas y de también de discurso artístico-político, publicó en Twitter (o equis, como se sientan más cómodos) un mensaje cuestionando la instalación de mesas del  restaurante del Hotel Colonial en la Plaza de la Democracia.

Esto fue lo que dijo:  Acá en #Puebla se privatiza el espacio público. ¿Por qué, quién otorgó el permiso para que el #hotelcolonial pusiera mesas en la Plaza de la democracia?

Hoy puedo responder a Rosa Borrás: fue el ayuntamiento de la pasada administración, y no pagó un sólo peso por ese permiso el año que le dieron la autorización pues era parte de un programa que el gobierno de Claudia Rivera impulsó como parte de las actividades de reactivación comercial tras los meses más difíciles de la pandemia del Covid-19.

Cuando fue aprobado el programa Sabores de Puebla (Terrazas Móviles) consideraba las siguientes zonas comerciales y gastronómicas: Avenida Juárez, la Colonia La Paz, Avenida 43 Oriente-Poniente y parte de la zona de Solesta, que pertenece a Puebla.

Aunque después de la revisión de la propuesta se integraron otras áreas, como la del Barrio de Los Sapos y ahí está incluida la Plaza de la Democracia.

El espacio considerado en esa zona va de la Avenida Juan de Palafox y Mendoza a la Av. 7 Oriente y la calle 2 sur al Bulevar 5 de Mayo, es decir ahí se incluyó uno de los portales del zócalo, el más gastronómico sin duda.

El programa, como proyecto de reactivación económica, consideraba en aquel momento la condonación del pago de los derechos por el uso del espacio público por parte de los restauranteros.

Aclarando, eso sí, que el programa sólo era válido “hasta en tanto se encuentren vigentes las restricciones sanitarias emitidas por la autoridades estatales y municipales con motivo de la pandemia, ocasionada por el virus SARS CoV2-2019”.

En 2023, cuando el virus y sus múltiples mutaciones siguen en el planeta, pero ya sin el nivel de mortalidad que tuvo entre 2020 y 2021, cuándo ya no hay restricciones sanitarias para la movilidad pues la alerta de pandemia ya no existe, ¿el programa sigue activo?

¿O por qué el ayuntamiento lo único que pudo ofrecer cuando se le pidió la licencia, permiso o similar que autorizara al Hotel Colonial el usufructo del espacio público, lo único que entregó fue un acta de factibilidad basada en un programa de la administración pasada?

Ya hice una siguiente solicitud de información, cuando tenga las respuestas por acá les cuento.
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En una entrega anterior les contaba que la Secretaría de Cultura y Museos de Puebla habían retrasado la entrega de la información sobre los famosos chips de seguridad que el anterior titular de la dependencia, Sergio Vergara Berdejo, había asegurado que se comprarían para proteger el patrimonio artístico del estado.

En respuesta a una solicitud de información me respondieron con una prórroga para la entrega de la documentación. Bueno, pues finalmente respondieron solo para decirme que la información está clasificada, lo mismo el contrato que los datos específicos de cuántos chips se han instalado.

A ver, vamos por partes. A Museos de Puebla, que actualmente encabeza Anel Nochebuena, le pedí que me informara cuántos chips se han instalado por museo. Es decir, sólo los números. Y eso, según el organismo público, es un riesgo de seguridad. En serio, eso dijeron.

En su argumentación Museos Puebla dice que la información debe reservarse pues se trata de datos que “comprometen la seguridad pública”, y que darla a conocer obstruiría “las actividades de verificación, inspección y auditoría”.

A la Secretaría de Cultura le pedí el contrato. Y la respuesta fue básicamente la misma, pues aseguran que la documentación está bajo auditoría.

Y acá habría que agregar a la Secretaría de la Función Pública del estado en la operación “opacidad de los chips de tienda departamental”, pues esa secretaría se negó a hacer pública hasta la carta de notificación de inicio de la auditoría de cumplimiento (SC-53/2023).

Pues que esconden, oigan, si los chips ya los vimos en algunos museos.
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Por cierto, el pasado 12 de julio el Instituto de Transparencia del Estado (el ITAIP pa’ los cuates) ordenó a la Secretaría de Educación Pública del estado transparentar “los documentos probatorios del último nivel educativo que cursó la titular de la dependencia”, es decir de Isabel Merlo.

Bueno, hace ya 75 días de la resolución del organismo garante y hasta la fecha la SEP sigue sin atender su obligación de hacer pública la información.

De hecho, ni siquiera han subido su currículum a la Plataforma Nacional de Transparencia a pesar de que la funcionaria tiene ya seis meses en el cargo. Lo único que la PNT registra es la leyenda: “se informa que el funcionario se encuentra en proceso de actualización de la información”.

¿Seis meses y no ha podido entregar la información sobre su trayectoria educativa y profesional la persona responsable de la política de educación en el estado?

Otro que tampoco ha publicado su información su currículum en la PNT y que también se resistió a entregar una copia de su documentos educativos es el director del Colegio de Bachilleres, José Luis Nájera Muñoz.

¿Serán las cédulas profesionales uno de los puntos débiles en el gobierno de Sergio Salomón?
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Mely Arellano y Marlene Martínez se fueron hace unos meses a Tehuacán a reportear qué ha pasado con la maquila a más de tres décadas de su instalación en esa región poblana. El resultado de su trabajo se incluyó en una serie de reportajes bajo el nombre de Hecho en México, ¿pero a qué costo?

Si no lo han leído (y jugado con el videojuego que incluye) es un buen momento para hacerlo, pues ayer se informó que el trabajo fue reconocido con una mención honorífica en el concurso de periodismo de nuevas narrativas Contar(nos). Y por acá andamos muy contentos con el reconocimiento.
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Otras historias del lado oscuro:

La instrucción: Cómo el gobierno dinamitó la investigación del caso Ayotzinapa… Desde una ciudad de Estados Unidos, Omar Gómez Trejo, extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, detalla cómo una “decisión de Estado” hizo posible cancelar en 2022 las órdenes de aprehensión contra 16 militares y armar en 24 horas la carpeta que permitió judicializar al ex procurador general Jesús Murillo Karam, el autor de la “verdad histórica”.

Patrimonio en ruinas: A seis años de los terremotos de 2017… Una significativa parte del patrimonio histórico de México se encuentra en franco abandono y sin dinero suficiente para su restauración; a este paso, la recuperación acabará en 2038..

Militares en Migración: Acusados de acoso, abuso y corrupción… La Función Pública ha recibido casi una veintena de denuncias contra marinos y elementos del Ejército en retiro que ocupan puestos de mando en el INM, pero no ha castigado ninguna; el personal civil también es acusado de violaciones a derechos humanos y corrupción.

Y un podcast. Misterio en La Moraleja… La periodista Eva Lamarca acude al barrio de La Moraleja, el más rico de España, para tratar de resolver el misterio que intriga desde las pasadas elecciones a sus habitantes: la identidad de la única persona que votó a Podemos, el partido de izquierda ¿extrema? de España. Un trabajo periodístico en tono de investigación detectivesca para hallar a un extraviado en las definiciones políticas
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Cualquier comentario, sugerencia de tema o temas (tips de investigación) no dudes en escribirme a aroche@ladobe.com.mx. Me encantará tener una conversación contigo.

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