La presidencia de Donald Trump y sus consecuencias políticas serán tema de muchas décadas de discusión. Para una buena parte de la opinión pública estadounidense, su legado ha sido terrible en lo que se refiere al nepotismo, la consistente violación de la ley, los discursos de odio, el uso de su presidencia como proyecto empresarial personal y los insultos y humillaciones que le ha dirigido a gran parte de la clase política y mediática de su país.

Trump rompió con las formas tradicionales del comportamiento político moderado. Y radicalizó a muchos sectores sociales de los Estados Unidos, a favor suyo o en su contra.

Quizá el tema más delicado dentro de los análisis que se hacen de su persona, de su gestión como presidente y de sus actuaciones ahora que ya no está en la Casa Blanca, es el que tiene que ver con su enfrentamiento directo en contra de la ley y del estado de derecho.

En días recientes, el periodista e historiador presidencial, Jon Meacham, sostuvo una entrevista radiofónica para The New Yorker, un semanario vital en la historia de la cultura y la política en Estados Unidos.

En la entrevista comentó que su mayor preocupación era saber que el 48% de los electores estadounidenses estarían dispuestos a votar por un hombre que ha dicho reiteradamente, y con absoluta claridad, que él está por encima de la ley y que puede hacer lo que quiera. Incluso llamar a desconocer los resultados electorales democráticos si éstos no le favorecen.

La preocupación de Meacham está plenamente justificada. Prácticamente la mitad de los electores en Estados Unidos votarían por un personaje despótico y con clara orientación hacia el autoritarismo. Y nunca antes, en la historia de ese país, un candidato autoritario había convocado a tantas voluntades alrededor suyo.

Por estas razones, lo que está ocurriendo con Trump en su encuentro contra la ley pudiera ser un asunto de vida o muerte para la democracia de Estados Unidos.

El martes 4 de abril, en un hecho sin precedentes, por primera vez un expresidente tuvo que comparecer ante un juez por la acusación de usar fondos de manera ilegal para pagar el silencio de la actriz Stormy Daniels y ocultar su relación extramarital con ella.

Ahora, el próximo martes 13 de junio, Trump tendrá que presentarse ante un juzgado de la Florida porque “ha sido acusado por su manejo de documentos clasificados después de dejar la Casa Blanca; los cargos incluyen la retención no autorizada de archivos clasificados, según la publicación de los cargos”.

A decir de los especialistas, se trata de una acusación muy seria y de la cual Trump no podrá librarse tan fácilmente. Se le señala por haber tomado documentos de alta seguridad que Trump podía manejar en su carácter de presidente, pero que no debía extraer ni compartir una vez que regresara a ser un ciudadano normal.

Trump insiste que él es inocente. En su interpretación de los poderes de los presidentes y expresidentes, asume que puede hacer lo que quiera por encima de la ley. Y que los documentos clasificados él los clasificó, razón por la cual argumenta que él tiene potestad sobre dichos documentos, como si fueran personales o relacionados a sus negocios.

El expresidente nunca entendió la diferencia entre lo público y lo privado; entre sus obligaciones como servidor público y sus derechos como individuo. Siempre se ha imaginado por encima de los mortales y utiliza su popularidad para justificarlo.

El periodista progresista, David Pakman, ha celebrado esta nueva acusación, aunque manifiesta sus dudas sobre los resultados finales. Pakman plantea que en Estados Unidos existen dos sistemas judiciales: uno para las personas comunes y otro para los grandes millonarios, empresarios y potentados de ese país, que pueden pagar sumas cuantiosas y contratar abogados especializados para llevar sus casos. En un país donde todo es mercancía, hasta la justicia queda atrapada dentro de las redes de las reglas del mercado.

Por esta razón, Pakman no estaría muy seguro de que, ahora sí, Trump rinda cuentas ante la justicia. Sin embargo, el hecho de que nuevamente sea citado ante un juez y que las acusaciones sean tan graves, podría ayudar a que Trump se viera imposibilitado de evadir  la ley como lo ha logrado en otras ocasiones.

Es probable que después del martes 13 de junio, la carrera presidencial de Trump pudiera verse descarrilada. Pero para la democracia estadounidense, quizá lo más importante es que Trump enfrente a la justicia, con todas las garantías posibles, y, si es encontrado culpable de algún cargo, pague las consecuencias.

Esto podría ser un salvavidas para aquella nación que ha visto en los últimos años una ofensiva contra el estado de derecho. Si Trump debe rendirle cuentas a la justicia estadounidense, entonces sería un claro mensaje de que nadie estaría por encima de la ley, ni siquiera un presidente autoritario que goza del apoyo de decenas de millones de electores.