Al parecer el fenómeno de Morena ha sido a semejanza de un “estrella nova”, un evento cataclísmico que causa la aparición súbita de una aparente “nueva estrella”.

Entre sus efectos la estructura de los partidos ha sido dañada al llevarlos a actuar erráticamente al grado de caer en la incapacidad de no formalizar un orden opositor que marque la contienda de la legitimidad en el Congreso. Más que oposición, es un bloque de obstaculización.

Por la negativa

En un afán de recuperar las viejas clientelas electorales y tratar de mostrar músculo de un radicalismo que apenas rebasa su propia verbalización, la llamada coalición ‘Va por México’ declaró una moratoria para “congelar” las iniciativas que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en ejercicio de sus facultades constitucionales, envíe al Congreso.

El clásico pensador comunista Antonio Gramci, en su famoso estudio Análisis de la situación de correlación de fuerzas, señala las formas precisas de establecer los grados de relaciones de fuerza; tales elementos aparecen desordenados en la teoría política por lo que propone principios y clasificaciones para su análisis en perspectiva.

En sentido contrario, del sol a la penumbra, parece transitar la llamada coalición ‘Va por México’. Las dimensiones políticas de esta coalición son de escala cuantitativa: piensan en la suma de órganos partidistas y sus estadísticas de militancia y simpatizantes, retrotraen del pasado resultados electorales que no corresponden a nuevos electores, olvidan que la lucha política es un universo abierto a varios frentes desde la comunicación, la ideología, el imaginario social, y valores ineludibles que otorgan la veracidad y la coherencia para alcanzar la legitimidad de ejercer el poder con la voluntad social. No son pocos los valores y estimaciones que han perdido.

Por eso acuden a la analogía financiera para llamar a su rechazo parlamentario como moratoria, y ésta tal parece recordar la deuda que agobia a la nación; ahora ellos quieren impedir que las iniciativas del Presidente sean sujetas al proceso legislativo que otorga la Constitución.

En principio es un acuerdo unilateral tomado en los escritorios de los líderes de los partidos, pero sin consulta previa de sus respectivas bancadas; por tanto, es una decisión impuesta.

El ataque de exclusión no solo atañe al Jefe de Gobierno, sino también al Jefe de la Nación, así como al propio Congreso del que forman parte, porque la facultad de aprobar leyes no fue otorgada como una prebenda de partido sino como un derecho con responsabilidad de ejercerlo a favor de la Nación.

La abstención de participar en el proceso legislativo en iniciativas del Ejecutivo es dañino no sólo al Congreso sino a la propia oposición; “se  pegan un tiro en el pie”, porque es ahí donde reside el sincretismo de la equidad entre mayoría y minoría, entre gobierno y oposición,   precisamente en el debate y en la votación se presenta la igualdad indiscutible, ya que los pares son los que razonan en la dialéctica del discurso, como también entre ellos, en pie de igualdad, se otorga el derecho a elegir al compartir la decisión definitiva.

La moratoria parlamentaria es anticonstitucional de entrada, porque tan sólo la iniciativa preferente establece responsabilidades a los legisladores y al Congreso de una resolución irreversible. Pero hay algo más que conviene dilucidar, ante la capacidad legislativa constitucional del Presidente y sus consecuencias en la democracia.

¿Qué tan conveniente es que el Presidente modifique la Constitución?

Por la afirmativa

El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República publicó el ensayo La iniciativa del Ejecutivo Federal en el Congreso de la Unión del 2000 al 2022, del gran legislador a la coparticipación en la producción normativa: el autor es Cesar Alejandro González Navarro.

La investigación justifica la facultad presidencial en la formulación de iniciativas constitucionales, porque la mayoría de las democracias en el mundo lo admiten, además las constituciones de 1824 y 1857 contenían el precepto.

El autor ve como un ajuste necesario al marco jurídico nacional, de acuerdo con un diagnóstico de necesidades y problemas sociales. Se entiende que el sistema constitucional es flexible a los cambios dinámicos que operan en la sociedad en su devenir de cambio. Aunque añade otras causas provocadoras de las reformas constitucionales, como: promesas de campaña, adaptación de leyes y funciones institucionales al proyecto del país y formas de resolver problemas.

La línea del tiempo de la facultad presidencial de presentar iniciativas de ley en el Congreso de la Unión (art. 71 fc.1 ) revela una inclinación de más a menos, al pasar de ejercer una poderosa función dispuesta en la Constitución con el plus de funciones designadas como “metaconstitucionales” -en realidad son funciones anticonstitucionales-  de las que destaca la del jefe del partido hegemónico, donde imperaba un control absoluto sobre sus diputados por lo que todos sus proyectos de ley eran invariablemente aprobados.

Cuando el PRI comenzó a perder la hegemonía, durante el periodo de la LVII Legislatura se canceló la mayoría calificada (1997). El Poder Legislativo del Ejecutivo comenzó a mermar, una de las vías de apuntalarlo fue la aprobación de la Iniciativa preferente, la cual contiene términos de su proceso de revisión, estudio, dictamen y presentación al pleno de la Cámara, por tanto, es de ineludible resolución, so pena de caer en responsabilidades oficiales.

Ante el desafío de la “moratoria”, el presidente López Obrador pondrá a prueba la consistencia del bloque. Enviará una iniciativa de decreto de ley sobre la supresión del horario de verano; el tema es de interés público como demuestra la encuesta de opinión a favor de un 71 por ciento, lo cual indica que de nueva cuenta la oposición “anti AMLO” que será cuestionada por sus manifestaciones antipopulares, como sucedió con la reforma a la industria eléctrica.

Por otra parte, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se prepara ya a la realización de un “Parlamento abierto”, que se realizará con el fin de promover la reforma electoral, con la cual se presume el INE será modificado.

La contienda de vencidas entre el Presidente con una oposición vacilante y menguada, debe recordarse la pérdida gradual de su capacidad legislativa, como quedó mostrada con la aparición de los Gobiernos divididos a la que dio lugar que la Agenda legislativa del Ejecutivo dejará de prevalecer. Su propuesta sería ocupada por la Agenda Legislativa del Congreso.

La tendencia de lo ocurrido se expresa a través de la década de los años ochenta cuando la aprobación del Presidente en el Congreso era de casi la totalidad con 98 por ciento de iniciativas presentadas, mientras que las legislaturas sucesivas de gobiernos divididos, los rangos decayeron hasta el 12 por ciento en la LXXII Legislatura anterior; en el tiempo de la actual administración las aprobaciones a favor del Ejecutivo se reconocen de sólo cuatro de cada diez.

El sistema presidencialista mexicano no ha perdido el poder, pero sí lo ha graduado, al pasar de un esquema de gobierno unificado a disponer de la capacidad de gobierno para construir acuerdos con la oposición en un contexto de Gobierno dividido.

Surgen algunas dudas con lo que viene en el segundo año con dos períodos ordinarios del Congreso, ¿resistirá la moratoria de la oposición? ¿Cuánto durará la Alianza por México con el PRD en agonía, y el presidente del PRI acosado por propios y ajenos? De cualquier modo, el Consejo General del INE se modificará en el mes de abril de 2023 cuando cuatro de sus integrantes cumplan su periodo para lo cual fueron electos. Ahí se pintará de Morena.