Las niñas y adolescentes tienen derecho a una vida libre
de violencia, explotación o abuso: Unicef

La discriminación, la violencia contra las mujeres y las niñas se han convertido en una grave problemática a nivel internacional; manifestaciones de esto se han recrudecido, y México desgraciadamente no es la excepción. Los asesinatos de niñas y mujeres por razones de género se han incrementado. Es una problemática de todos los mexicanos, gobierno y sociedad, es un asunto de derechos humanos universales.

En nuestro país nos enfrentamos a la falta de acceso de justicia para las mujeres y las niñas; en los casos de los feminicidios y desapariciones de menores de edad no se realizan las investigaciones con perspectiva de género. Existen muy pocas sanciones contra los feminicidas infantiles, propiciando la impunidad que ha generado falta de confianza en el sistema de impartición de justicia.

Los gobiernos nacionales tienen la obligación de diseñar y ejecutar políticas de Estado que garanticen los derechos de todas las personas, sobre todo de las niñas y adolescentes, de perseguir y castigar a los violentadores o feminicidas, además de contemplar los servicios de apoyo para las víctimas y sus familias. En muchos de los casos en México no se sigue con las investigaciones y estos feminicidios infantiles se olvidan.

Debemos visibilizar este aumento en los casos de feminicidio infantil, estas muertes violentas y con abuso sexual de menores de edad, muertes por el solo hecho de ser mujeres y que se realizan en los ámbitos privado y público. Visibilizar también los hechos que acompañan estos crímenes y el estado de indefensión de las víctimas.

En los últimos años lamentablemente han aumentado los casos de feminicidio infantil en México, una realidad que lastima y evidencia la falta de acceso de justicia a las niñas y adolescentes en nuestra nación, en donde la impunidad es la reina y muy pocos feminicidas han sido detenidos y castigados.

En el mes de enero de este año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que durante los años de 2015 a 2021 hubo un incremento en la violencia contra las niñas, se registraron 554 feminicidios infantiles; siendo el año de 2020 el más violento con 115 asesinatos de niñas.

Según estas cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública son tres los estados de la República mexicana que concentran los feminicidios infantiles: Estado de México con 97 casos, Veracruz con 48 y Jalisco con 42, lo que da un total de 187 feminicidios en este periodo de seis años en estas demarcaciones.

Se ha visto que son crímenes con mayor grado de violencia hacia las niñas, donde incluso sus cuerpos son arrojados como basura en bolsas de plástico. Sobre todo en los casos donde las niñas provenían de contextos de pobreza extrema o comunidades indígenas.

Para ONU Mujeres-México es necesario que “todas las estrategias en contra de la violencia de género y los feminicidios incorporen transversalmente un enfoque de género y de derechos de la infancia; se propongan acciones intersectoriales para prevenir y atender todas las formas de violencia en contra de ellas; asignen responsabilidades específicas a las instituciones sectoriales de protección y justicia; y provean los recursos financieros, materiales y humanos suficientes”.

Patricia Olamendi en su libro El feminicidio en México, menciona que la primera teórica feminista en definir el feminicidio fue Diane Russell en el año 1982, quien lo retomó en su libro Rape in Marriage, en el cual lo definió como “asesinato de mujeres por ser mujeres”. En América Latina el término fue acogido por la destacada feminista Marcela Lagarde, quien determinó que feminicidio es el asesinato de mujeres, en donde tiene responsabilidad el Estado por la cantidad de casos impunes.

En el apartado Tipos de feminicidio, la Doctora Olamendi, plantea que el feminicidio Infantil: “es la muerte de una niña menor de 14 años de edad cometida por un hombre en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder que le otorga su situación adulta sobre la minoría de edad de la niña”. Agrega que en todas estas formas de violencia que culminan con asesinatos de mujeres el denominador común es una visión, una convicción, una creencia de que las mujeres son personas de menor valor, desiguales, objetos que se usan y se desechan, que pueden ser castigadas con infinita crueldad. En el feminicidio se conjuntan una serie de elementos que lo invisibilizan y disimulan, tales como: el silencio, la omisión, la negligencia y la complicidad.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha planteado que en los casos de las investigaciones de feminicidio infantil se debe incorporar el interés superior de la niñez y la perspectiva de género, considerando la interseccionalidad de los factores de vulnerabilidad que tenían las víctimas frente a sus agresores: género, edad, tamaño, confianza, entre otros.

Este Observatorio Ciudadano ha documentado y acompañado casos de feminicidio infantil como el de la niña Fátima Varinia en el Estado de México. Los hechos ocurrieron el 5 de febrero de 2015, fecha en la que la menor de 12 años regresaba de la escuela cuando fue interceptada por tres de sus vecinos, quienes la agredieron sexualmente y posteriormente la asesinaron.

Por su parte, Frida Guerrera en su libro #Con las niñas no. Y tampoco los niños presenta una investigación sin precedentes sobre el feminicidio infantil que devela cómo en la pandemia creció este delito, quiénes son los verdugos y cómo cruzan un infierno los padres de estas niñas y niños. Destaca que en México nada detiene la violencia contra las mujeres y lo más trágico es que los golpes, el abuso sexual y el asesinato ocurren también con las niñas, víctimas de la perversidad de los seres humanos, la complicidad “en muchos casos” de familiares y la indiferencia de las autoridades, de los gobiernos que no aplican las medidas pertinentes para detener los feminicidios y los abusos mortales contra la infancia.

Frida Guerrera fue la que puso en la esfera pública el caso de Lupita, “Calcetitas Rojas” una niña de cuatro años que fue asesinada y tirada en el Bordo de Xochiaca en el Estado de México y permaneció como desconocida por mucho tiempo, sin que nadie la reclamara, estaba amarrada en una cobija, sólo llevaba puesta una playera verde y unas calcetas rojas. Este caso tuvo lugar en marzo de 2017.

Los culpables, se supo nueve meses después, fueron la madre y el padrastro, que molestos porque se orinó en la cama y no avisó, la violaron y golpearon de muerte. La sentencia que se logró fue de 88 años de cárcel por este feminicidio infantil. A sus cuatro años Lupita no tenía acta de nacimiento, el  juez de este caso ordenó que la niña fuera registrada como Guadalupe Medina Pichardo.

Por otra parte, en Chiapas en el mes enero de 2020 se registraron dos feminicidios infantiles, uno de ellos muy sentido para mí por conocer a la familia de la pequeña desde hace muchos años, Jarid C. de cinco años de edad, en la comunidad de Faja de Oro, municipio de Cacahoatán. Desapareció de su casa y fue encontrada sin vida; se dijo en un primer momento que con huellas de violencia sexual, después se negó esta versión y la Fiscalía General del Estado de Chiapas afirmó que la muerte fue por decapitación. Lamentablemente este caso no se le dio seguimiento, está archivado y sin determinar si la persona que lincharon era el culpable. Además, en el proceso de la desaparición se realizaron graves omisiones por parte de las autoridades.

El segundo feminicidio fue el de Sulmi Yesenia de 13 años, asesinada y torturada. Su cuerpo fue dejado en una bolsa de basura en Benemérito de Las Américas de Chiapas. También había sido reportada como desaparecida en días pasados. De igual forma su caso fue olvidado e invisibilizado, sin obtener justicia.

En el caso del estado de Puebla, la organización no gubernamental Red por los Derechos de la Infancia (Redim) documentó que en los últimos seis años, de 2015 a 2021, la entidad se ubicó como la sexta entidad nacional con el mayor número de feminicidios infantiles y adolescentes en el país, al registrar un total de 25 casos en mujeres menores de 0 a 17 años. De los 25 feminicidios infantiles, dos se dieron con arma de fuego (ocho con arma blanca y 15 con otros elementos -60 por ciento-).

María Isabel fue el tercer feminicidio infantil en Puebla del 2022. Una niña de 10 años de edad que salió de su casa el 17 de enero para ir al domicilio de su vecina, a quien acompañaba en las noches. Los hechos ocurrieron en el municipio de Zoquitlán en la Sierra Negra. Los vecinos encontraron al siguiente día su cadáver en un lote baldío.

Otro de los feminicidios infantiles que también conmocionaron a la entidad poblana por su atrocidad y maltrato, fue el de la menor Yaz que ingresó al hospital con una hemorragia de intestino y el pulmón colapsado; permaneció en terapia intensiva por un tiempo. Después se supo que también su hermana había fallecido anteriormente a causa de  violencia familiar. La muerte de Yaz se registró en diciembre de 2020 luego de estar cuatro meses internada.

Son muchos los feminicidios infantiles que deben ser visibilizados y nombrados. Este espacio es muy corto para ello, sólo mencionar uno de los más recientes que acaparó la atención en los medios de comunicación, el de la menor Victoria en el estado de Querétaro que fue interceptada cuando iba a la papelería, fue abusada sexualmente y   murió por asfixia de estrangulamiento. Para todas estas pequeñas se exige justicia y que el Estado garantice una vida libre de violencia para las niñas y adolescentes.

El mes de abril en el país se ha destinado por parte de los gobiernos federal, estatal y municipales para festejar a los niños y niñas; se realizan miles de eventos, conferencias, ferias, funciones de cine, de teatro, juegos, etc.; sin embargo, pocas acciones de política pública para mejorar la condición de este grupo de edad y garantizar su derecho a una vida libre de violencia.

Para finalizar esta entrega, comparto las recomendaciones que hizo ONU Mujeres en su publicación Violencia y feminicidio de niñas y adolescentes en México, del año 2018 para poner fin a la violencia contra las niñas y las adolescentes en nuestro país, en donde enfatiza que se requiere una política integral de Estado, que lleve a cabo las siguientes acciones:

- Colocar los derechos de las niñas y las adolescentes en el centro de la agenda pública, en los tres poderes y niveles de gobierno.
- Fortalecer la capacidad de las instituciones para prevenir, investigar y castigar el asesinato de niñas y adolescentes por razones de género y ofrecer reparaciones al respecto.
- Proporcionar recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para la aplicación de leyes, políticas, procedimientos y prácticas encaminados a prevenir el asesinato de niñas y adolescentes por razones de género.
- Asegurar que todas las formas de violencia contra las niñas y adolescentes estén penalizadas y sean objeto de investigaciones, enjuiciamiento y sanciones adecuadas.
- Mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de prevenir, investigar y castigar el asesinato de niñas y adolescentes y ofrecer reparaciones al respecto, así como la coordinación con otros sectores, como los servicios de educación, sociales y de salud.
- Realizar y coordinar nuevas investigaciones empíricas sobre el contexto, las causas fundamentales, los factores de riesgo y las consecuencias del asesinato de niñas y adolescentes por razones de género.
- Mejorar la reunión, el análisis y la difusión de datos sobre el asesinato de niñas y adolescentes por razones de género, utilizando variables pertinentes como la edad, el origen racial y étnico, el historial judicial, la relación entre la víctima y el autor del delito, el modus operandi, el contexto y el móvil, con especial cuidado de incluir informes sobre la violencia en zonas rurales y marginadas y la situación de grupos específicos de mujeres y niñas.

Fuentes:

Violencia y feminicidio de niñas y adolescentes en México, ONU-Mujeres. (2018).
Olamendi, P. (2016) Feminicidio en México. Recuperado de: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Feminicidio-en-Mexico-2017.pdf