El pasado 11 de octubre se conmemoró el Día Internacional de la Niña, una fecha que nos obliga a reflexionar sobre la situación y calidad de vida que tienen las niñas en todo el mundo, además este día obliga a los gobiernos a diseñar e implementar políticas públicas que les garanticen el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Las niñas tienen derecho a la igualdad de oportunidades, a la no discriminación, a acceder y permanecer en la educación, a la salud integral, a una vida libre de violencia, a crecer sin mandatos religiosos que limiten su desarrollo e integración social, sin prácticas religiosas que las mutilen por considerar que no deben tener placer en sus relaciones sexuales, sin usos y costumbres que permitan la venta de niñas para matrimonios forzosos, a vivir lejos de la pedofilia y depredadores que alimentan la explotación sexual infantil; a no sufrir de trata de personas en ninguna de sus modalidades.

Además, las niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una educación sexual infantil, en las que se les dote de conocimientos y herramientas para hacer frente a los cambios físicos de acuerdo con su edad, para defender su cuerpo de tocamientos o abusos, recordemos que los embarazos de niñas en su mayoría son producto de violaciones, abusos sexuales. Pero sobre todo tiene derecho al acceso a la justicia y a que las dependencias del Estado las cuiden, no que se ejerza sobre ellas violencia institucional.

En otras entregas de este espacio de opinión he hablado sobre las diversas problemáticas que enfrentan las niñas y adolescentes en nuestro planeta, he escrito sobre el alarmante aumento del feminicidio infantil en nuestro país, las diversas violencias que sufre este grupo de edad, por eso estoy obligada a resaltar en esta ocasión los casos que nos han estremecido, indignado y llenado de rabia en estas últimas dos semanas en el escenario nacional: el feminicidio de Lupita, en el estado de Chiapas; y la criminalización, estigmatización hacia Esmeralda del estado de Querétaro, una menor que fue violada y sufrió un aborto espontáneo, causa por la que el fiscal y un sector ultra conservador de su entidad la quiere mandar presa.

Comenzaré por exigir Justicia para Lupita, justicia para todas las niñas y adolescentes que han sido víctimas de feminicidio. Liliana Guadalupe tenía 12 años, de Berriozábal, Chiapas; quien se dedicaba a vender dulces tradicionales. Estuvo desaparecida desde el 19 de octubre y fue encontrada semienterrada y con huellas de abuso sexual en el terreno de una casa ubicada en Tuxtla Gutiérrez.

Tampoco debemos criminalizar la pobreza ni justificar que a su corta edad Lupita trabajara para mantenerse y llevar un ingreso a su casa. Esa es otra forma de violencia que sufría la niña, incluso los medios de comunicación, así la describen “niña tranquila y trabajadora”.

Lupita tampoco disfrutó de su derecho a la educación; según el relato de su tía, dejó de asistir a la escuela cuando estaba en cuarto grado de primaria, porque tenía un trastorno de lenguaje que no le permitía hablar bien, el cual no fue atendido para superarlo y poder continuar con su formación escolar.

Exigimos que este feminicidio infantil no quede impune, que se esclarezcan los hechos, y que el culpable o los culpables sean castigados. Que el Estado mexicano declare causa nacional la lucha contra la violencia hacia la niñez y las mujeres como instó la Organización de las Nacionales Unidas.

Pasemos al otro caso, Esmeralda de 14 años quien vive con su padre y su hermana en una comunidad indígena de Huimilpan, Querétaro. En el 2023 fue violada por un familiar tres años mayor que ella. La menor de edad no supo que había quedado embarazada producto de ese abuso, puesto que no ha recibido una educación sexual integral.

Cuando estaba en la semana 36 de su embarazo, tuvo un aborto espontáneo en su casa, y existe un peritaje que se realizó en la clínica donde la llevó su padre para que la atendieran de la hemorragia, que indica que el feto ya había muerto días antes de haber sido expulsado. Pero ahora resulta que la Fiscalía de Querétaro la acusa de homicidio y su caso fue turnado al Poder Judicial para que se le realice un juicio a Esmeralda.

El Poder Judicial de Querétaro fijará fecha de audiencia para determinar si Esmeralda es culpable o inocente del delito de homicidio calificado. Pretenden echar encima de ella la maquinaria de los tribunales como en tiempos de la inquisición.

Los encargados de las fiscalías en el país deben ejercer sus cargos con perspectiva de género, enfoque en infancias y derechos humanos; y abstenerse de querer imponer sus posturas personales o creencias religiosas en los casos que investigan, vivimos en un Estado laico y el aborto está permitido en casos de violación.

Las acciones del fiscal están violentado, criminalizando, revictimizando y vulnerando a una menor de edad, la están discriminando por su origen indígena. Se ha ejercido violencia institucional contra Esmeralda y la misma fiscalía no ha abierto una carpeta de investigación contra su agresor, que es quien debería estar siendo detenido y procesado por el delito que cometió.

Considero que es urgente que las personas que lleguen a ser titulares de las fiscalías en nuestro país se conduzcan con ética, ejecuten su cargo con perspectiva de género, con enfoque de infancias y derechos humanos. En especial en el estado de Querétaro se deje de criminalizar a una menor de edad por haber sufrido un abuso espontáneo.

Es muy lamentable que las menores de edad en nuestro país que viven en condiciones de vulnerabilidad, que estén en la pobreza, que pertenezcan a una etnia indígena no cuenten con la información necesaria para saber qué hacer en caso de sufrir una violación. Esmeralda no contó con la asistencia adecuada, primero para denunciar en tiempo y forma el abuso del que fue objeto; segundo, recibir profilaxis oportuna para prevenir infecciones de transmisión sexual o la interrupción de embarazo.

Debió recibir servicios especializados para la atención, seguimiento y acompañamiento como víctima de violencia de género. Su caso me recuerda mucho al de la niña Paulina, de Baja California en 1999, que cuando tenía 13 años fue violada y no se le permitió la interrupción al embarazo.

Cierro enfatizando que la violencia hacia las niñas y adolescentes tiene graves consecuencias individuales y sociales, les acarrea problemas de salud física, sexual y reproductiva, salud mental, impidiendo un adecuado desarrollo social y personal. Y una más grave consecuencia es su muerte.  Como sociedad no podemos ser indolentes o indiferentes ante esta grave problemática, debemos seguir visibilizando estas violencias y exigir justicia para todas.