“La seguridad es desarrollo y sin desarrollo no hay seguridad. Un país subdesarrollado y que no se desarrolla, jamás alcanzará nivel alguno de seguridad por la sencilla razón de que no puede despojar a sus ciudadanos de su naturaleza humana. Es un aspecto complejo de la política de las naciones que va más allá de la preparación de las fuerzas militares para el combate.“ General Gerardo Clemente Vega García en su libro Seguridad Nacional. Concepto, Organización y Método.

La historia enseña lecciones para los Estados y naciones sobre cómo el atraso científico y tecnológico, aunado a modelos económicos poco competitivos en tiempos de crisis, provocan no solo escasez, sino la inestabilidad social con sus consecuencias en los campos político y económico, acelerando los procesos de decadencia del orden político e incluso, de revolución que amenazan la seguridad de los países. 

Por ejemplo, a principios del siglo XIX, durante los últimos años de la existencia del Virreinato de la Nueva España, uno de los campos más deteriorados era el económico, a causa del, entre otros factores, atraso de la tecnología y su dependencia en este sector del extranjero, como lo señaló en su momento el historiador y diplomático Alexander von Humboldt: 

Con respecto al resto del mundo noratlántico, Nueva España comenzó el siglo XIX en condiciones desfavorables. La tecnología aplicada a las actividades económicas era arcaica. Los mineros novohispanos no estaban interesados en introducir innovaciones para producir plata de modo eficaz, debido a la importancia y abundancia de los yacimientos. La tecnología obsoleta con que producían textiles, cerámica, papel o vinos hacía que las manufacturas novohispanas fueran poco competitivas frente a las importadas. Durante mucho tiempo, estos productos provenían de una metrópoli que tampoco era competitiva, pero cuando, debido a las guerras con Gran Bretaña, se autorizó en 1797 la llegada de barcos de naciones neutrales, Nueva España se vio inundada de manufacturas baratas, producidas en países con tecnologías y sistemas de producción más eficientes (Járegui, 2013). 

Fue hasta el México independiente, una vez transcurrida la primera mitad del siglo XIX, posterior a los periodos de mayor inestabildiad política, militar y social, que el quehacer científico tuvo un proceso de institucionalización en el año de 1868, cuando el Presidente Benito Juárez promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública “por medio de la cual se crearon las Escuel Nacional Preparaotoria de Ingeniería y de Jurisprudencia“ (Trabulses, 1992). La nueva educación superior y científica sentaría las bases del futuro desarrollo científico y tecnológico de México, que incrementó sus aportes durante el periodo encabezado por Porfirio Díaz, pero que se vio interrumpido por la Revolución Mexicana. 

Un nuevo impulso llegaría en el periodo posrevolucionario, cuando le fue otorgada la autonomía a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el año de 1929; en la década posterior se funda la Academia Nacional de Ciencias en 1930 (Méndez R. M., 2003), institución cuyo propósito era el de reunir a los científicos del país para orientar las política públicas de desarrollo científico y tecnológico de México y en cuyo seno de reuniones tuvieron debates profundos respecto al papel de la ciencia y la tecnología en los objetivos que se había trazado el proyecto de la Revolución Mexicana, especialmente los plasmados en la Constitución de 1917. 

Durante el periodo conocido como el “Desarrollo Estabilizador“ que caracterizó las decadas de 1940 hasta 1970, el crecimiento económico permitió la industrialización del país, sin embargo, esta industrialización tuvo desaciertos, que más tarde se convirtieron en catalizadores para la profundización de la dependencia tecnológica industrial de México hacia el extranjero. 

Por un lado, se requirieron insumos y capitales extranjeros para financiar las industrias del país, orientadas principalmente a la transformación de productos primarios. Por otro lado, de acuerdo a Tamayo (1979), durante este periodo se fomentó la inmigración de científicios, técnicos y especialistas extranjeros para ser empleados en la nueva base industrial mexicana, lo cual tuvo repercusiones para un desarrollo armonioso de la industria nacional. 

En los albores de la industrialización de México, dos son los factores que permanecerán durante la mayor parte del siglo XX, caracterizando el estancamiento y rezago tecnológico: la preferencia y priorización de la ciencia y tecnología extranjera sobre la nacional a causa de un bajo desarrollo nacional propio, lo cual generó dependencia hacia el extranjero y, la escasa o insuficiente inversión pública y privada nacional en el desarrollo científico y tecnológico, principalmente por desinterés o por no contar con los recursos suficientes. 

Otras instituciones fueron creadas previamente, tales como la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación, que después fue sustituida por el Instituto Nacional de Investigación Científica, que daría lugar a crear el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en 1970 (Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2006). Estas instituciones inicialmente se orientaron a la investigación de ciencias exactas y a investigación básica, no aplicada necesariamente a los procesos industriales. 

En lo que respecta a la industria mexicana, desde 1940 hasta los años setenta, la política industrial se orientó en el sentido que marcaba la política económica de entonces, es decir, bajo el modelo que priorizó la producción nacional y el proteccionismo comercial con la sustitución de las importaciones de bienes de consumo y bienes intermedios principalmente. 

En este entorno y bajo ese modelo económico, se expide en 1972 la Ley sobre Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, cuyo propósito y objeto era el de regular y orientar la transferencia tecnológica proveniente del extranjero y entre nacionales, así como fomentar el uso de tecnología desarrollada en México. 

Sin embargo, a finales del periodo descrito, tanto el modelo económico como la política industrial implementadas, no prosperaron bajo las nuevas circunstancias de la economía mundial de finales de la década de 1970, caracterizada por una profundización de la globalización de bienes de capital y una industrialización avanzada, mientras que México permaneció con una industria básica sin alta especialización. Lo anterior, trajo como consecuencia lo que a continuación describe sobre México un informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 

“Finalmente, este modelo de economía cerrada fracasa en 1976 debido a que las empresas no fueron de todo eficaces y mantenían un gran rezago tecnológico, situación que obligó al gobierno a virar el rumbo en sus políticas económicas y, por ende, las relacionadas al desarrollo del sector científico-tecnológico“ (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, 2002). 

En este sentido, los factores que han obstaculizado al país históricamente son: la ausencia de innovación y rezago del desarrollo tecnológico, una alta dependencia del extranjero en la actividad científica y tecnológica de la industria, insuficiente inversión a la ciencia y la tecnología nacionales que estén orientadas a la producción industrial, una industria nacional básica con insuficientes mecanismos para su modernización y un andamiaje jurídico inadecuado e institucionalidad débil, debido a la falta de coordinación y articulación de las políticas públicas en la materia. 

La Seguridad Nacional es un concepto que varía en su definición de acuerdo a las necesidades reales de cada Estado, por lo que, no existe un consenso general a nivel mundial de lo que es, ya que depende de la formulación que haga cada país y sus gobiernos respecto a su propio desarrollo histórico, contexto geopolítico y de los intereses y objetivos nacionales. 

Por ejemplo, los Estados Unidos de América la definen como una estrategia que busca hacer frente a los desafíos entrelazados a largo plazo que exigen atención nacional sostenida y compromiso de toda su sociedad y del poder político constituido, ya que “Estados Unidos posee ventajas políticas, económicas, militares y tecnológicas incomparables“. 

Asimismo, establece que se deben proteger cuatro intereses nacionales vitales en un mundo competitivo: 1) La responsabilidad fundamental es proteger al pueblo estadounidense, la patria y el estilo de vida estadounidense, 2) Promover la prosperidad estadounidense, modernizando la economía para el beneficio de los trabajadores y las empresas, 3) Preservar la paz a través de la fuerza mediante la reconstrucción de su ejército para que siga siendo preeminente, disuada a sus adversarios y, si es necesario, sea capaz de luchar y ganar y, 4) Promover la influencia estadounidense en el mundo que apoye los intereses estadounidenses y refleja sus valores para su mayor seguridad y prosperidad (National Security Strategy of the United States of America, 2017).

Respecto al ámbito del desarrollo científico, tecnológico de su seguridad nacional, ellos definen que Estados Unidos de América debe preservar el liderazgo en investigación y tecnología para proteger su economía de los competidores que adquieren injustamente propiedad intelectual, además de que recientemente la administración del presidente Joe Biden ha identificado que el mundo está en un punto de inflexión, en donde la dinámica global ha cambiado, ya que el surgimiento de nuevas crisis, como la pandemia hasta la crisis climática, la proliferación nuclear y la cuarta revolución industrial, exigen toda la atención y participación del Poder Nacional de los Estados Unidos de América: sociedad, economía, política, desarrollos tecnológicos y por supuesto de sus fuerzas armadas. 

Finalmente, establece que las tecnologías emergentes o exponenciales como la inteligencia artificial y la computación cuántica y las tecnologías de telecomunicaciones, como 5G, podrían dar forma a todo, desde el equilibrio económico y militar entre los estados hasta el futuro del trabajo, la riqueza, la desigualdad dentro de ellos y hasta los intereses nacionales.

En el caso del Estado Mexicano, la Seguridad Nacional es, desde la doctrina militar, la “condición necesaria que proporciona el Estado para garantizar la prevalencia de su integridad territorial, independencia, soberanía, estado de derecho, su estabilidad política, social y económica y la consecución de sus Objetivos Nacionales“ (CODENAL-CESNAV, 2018). 

De igual manera, encontramos una definición de Seguridad Nacional que ha formulado el Gobierno de México a partir de la administración federal vigente, la cual se establece tanto en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, como en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que la definen como una condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera. 

“El concepto de Seguridad Nacional debe ser entendido desde una perspectiva estratégica, porque intentará anticiparse a los riesgos y amenazas; amplia, porque buscará amparar a la totalidad del conjunto social; transversal, porque involucrará a las instituciones y a los sectores nacionales que deban participar en su gestión; e integral, porque estará supeditada a una sola doctrina y estrategia. Es decir, se debe garantizar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado democrático, así como un desempeño de gobierno ético y transparente, al mismo tiempo que fortalecer un modelo de seguridad con profundo sentido humano“ (Gobierno de México, 2019). 

Por lo que respecta al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), contiene una definición amplia de la Seguridad Nacional, cuyo propósito es también la de fortalecer las capacidades institucionales para alcanzar objetivos estratégicos, entre los cuales destacan los siguientes: a) Fortalecer y mantener la Seguridad Interior del país y garantizar la defensa exterior de México, b) Mejorar las capacidades tecnológicas de investigación científica en los ámbitos de seguridad pública, seguridad interior, generación de inteligencia estratégica y procuración de justicia (Gobierno de México, 2019). 

Por último, en el numeral 9 del PND “Repensar la seguridad nacional y reorientar a las Fuerzas Armadas“ encontramos el rol que otorga la actual administración federal a las fuerzas armadas: “El Ejército Mexicano y la Armada de México conservarán sus tareas constitucionales en la preservación de la seguridad nacional y la integridad territorial del país, la defensa de la soberanía nacional y la asistencia a la población en casos de desastre; asimismo, los institutos armados seguirán aportando a diversas esferas del quehacer nacional: aeronáutica, informática, industria, ingeniería, entre otras“ (Gobierno de México, 2019).

Lo anterior, resulta fundamental para las actividades relacionadas a la investigación científica y el desarrollo tecnológico del país, porque se establece por el poder político constituido legalmente y legítimamente que las fuerzas armadas colaborarán más estrechamente con la sociedad y se insertarán aún más en las tareas del quehacer nacional, aportando específicamente a aquellas relacionadas a la aeronáutica, informática, industria e ingeniería, por lo que es posible encontrar en documentos aporobados por el Congreso de la Unión y promulgados por el Ejecutivo Federal, el vínculo y fundamento a la determinación del involucramiento de las instituciones de las Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina Armada de México en las actividades científicas y tecnológicas que favorezcan el Desarrollo Nacional.

Lo anterior, constituye un fundamento para reconocer que se trata de un ambiente de condiciones favorables proporcionadas por la población, el territorio nacional y el poder político, para garantizar, a través de la “esfera de las decisiones colectivizadas, soberanas, coercitivamente sancionables e ineludibles “ (Sartori, 1992), la subsistencia armónica del Estado y sus elementos. También, para alcanzar óptimas condiciones para la toma de decisiones soberanas en materia tecnológica, lo cual podría favorecer el bienestar general, la condición de libertad, paz, justicia social y Estado de Derecho, que ahora en un ambiente de competencia geopolítica y especialmente de competencia tecnológica que definirá y dará forma a casi todos los aspectos de la vida de las personas, empresas y naciones, requiere de la participación activa de las instituciones del Estado, a fin de garantizar la Seguridad Nacional y aún más relevante para México, su Desarrollo Nacional.