En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 20, se otorga la facultad de asociación mediante el siguiente texto: “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica”.

Así mismo, dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo noveno, se faculta a los mexicanos con el derecho a la libre asociación: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país”.

Por su parte, Armijo y García plantea el sentido de las Organizaciones No Gubernamentales conocidas como las ONG´s en México y dice: La sociedad civil promueve la presencia rectora gubernamental a fin de garantizar que los beneficios del desarrollo sean para todos. En este sentido, las ONG´s y en un sentido amplio la sociedad civil organizada, deben desarrollar su capacidad para incidir en las políticas sociales y así constituirse en un contrapeso sano y necesario al gobierno; sólo así, se podrá contrarrestar el posible autoritarismo y alcanzar el equilibrio de poderes en un México democratizado.

Con lo anterior podemos obtener algunos conceptos clave que toda sociedad organizada debe de contemplar para que el resultado sea benéfico y sobre todo real, entre ellas aparecen asociación pacífica, objeto lícito y lograr un contrapeso sano, yo me pregunto… estos tres factores ¿existieron en los sucesos del pasado jueves y viernes en nuestro país y de manera particular en nuestro Estado? … me parece que no, por lo tanto eso que sucedió tendrá otro nombre pero nunca como acciones de una sociedad organizada. En otros estados como Nuevo León, se han generado manifestaciones y acciones pacíficas de parte de la sociedad y los resultados han sido satisfactorios.

Por lo tanto, si iniciamos desde lo individual como una reflexión donde podamos visualizar una sociedad democráticamente facultada para exigir y demandar el ejercicio de la función pública den términos de transparencia y rendición de cuentas, y un claro ejercicio del estado de Derecho, asumiendo nuestras obligaciones por encima de nuestros derechos, podríamos empezar a observar a una sociedad capaza de movilizar, presionar y servir como un ente que coadyuve a fortalecer un modelo que beneficie verdaderamente a nuestro país, donde además  podríamos ir experimentando la disminución de problemas graves como la corrupción, donde se podría establecer criterios claros y específicos sobre los procesos de toma de decisiones en términos políticos y de promulgación de leyes y programas, diseñando líneas de acción con la intervención del estado desde la sociedad para la sociedad.

Sin duda, para experimentar cambios significativos y de impacto dentro de la sociedad, cambios que coadyuven hacia un claro ejercicio del desarrollo social y comunitario, y una correcta aplicación de las políticas públicas que beneficien a todos los mexicanos, se debe generar una sociedad incluyente, con apertura de opinión, libertad de ejecución, con un claro y objetivo modelo democrático, donde la conjunción de todo permita una coordinación idónea en el ejercicio del estado de Derecho.

La importancia entonces, sobre la verdadera participación de la sociedad organizada en nuestro país y su impacto, generará un modelo mediático y regulador, para la creación de efectivas políticas públicas en función al grado de compromiso y la preparación de los mexicanos hacia la solución de problemas mediante el planteamiento de propuestas y soluciones, además de la sensibilización e inquietud que se debe despertar en cada individuo; asumir un claro y absoluto proceso de autoevaluación y convicción de tener la voluntad de hacer las cosas por los demás y querer hacer la verdadera diferencia en México que nos lleve en verdad a buen puerto.

[El autor es licenciado en administración de empresas y especialista en administración pública y planeación estratégica]