La seguridad ciudadana se ha constituido en tema de preocupación prioritaria en la sociedad en el último tiempo. Por lo mismo, requiere abordarse tanto en lo práctico como en lo teórico, distinguiendo también, en cuanto a los problemas que la amenazan, la magnitud objetiva de la percepción subjetiva. No siempre las bases estadísticas reflejan la realidad ni bastan para construir conocimiento concluyente, y se requiere avanzar en métodos apropiados para reflejar la situación real con la información cuantitativa.

La seguridad ciudadana es multidimensional y en ella intervienen una serie de factores y actores de diferente índole. Se vinculan el Estado y sus instituciones, particularmente, las de Orden, Seguridad, Defensa e Inteligencia; así como otras instituciones públicas como el Poder Judicial y los Ministerios de Justicia; así como de instituciones privadas. Existe el consenso en que la seguridad ciudadana es una condición esencial para el desarrollo de las personas y de sus instituciones, aunque puedan llegar a existir diferencias en cuanto a las formas y medios para alcanzarla.

En democracia, lo fundamental es que esta actividad sea transparente y sujeta a los principios de un Estado de derecho y a la convivencia pacífica. La preocupación y demanda social por mayor seguridad ciudadana son actualmente esenciales de revisar y actuar, en buena parte en los países industrializados esta situación se remonta al menos tres décadas y está correlacionada con altos índices de delincuencia. En Estados Unidos, la demanda por seguridad ciudadana adquirió fuerza en la década del 70, y posteriormente en Canadá, Francia, España, Holanda y Alemania a través del mismo fenómeno.

El aumento de la delincuencia y el temor de la ciudadanía de ser víctima de un delito son fenómenos que, al parecer, se dan en todas las sociedades contemporáneas, aun cuando las posibilidades, frecuencia y violencia que tienen sus habitantes de ser víctimas de un delito son distintas en los diferentes países. La delincuencia se explica por múltiples causas, tales como las brechas de inequidad, la inestabilidad social, la concentración urbana y los niveles de control social. El control de la delincuencia es un problema de Estado, ya que para enfrentarla se requiere de políticas de seguridad pública bien definidas, que cuenten con una adecuada inversión y financiamiento. La lucha contra la delincuencia demanda tecnologías y equipamiento modernos, así como una adecuada infraestructura.

El objeto de mejorar la calidad de la atención del sistema; aumentar la credibilidad y confianza de la sociedad en los sistemas que se tienen y se puedan mejorar; disminuir la reincidencia y los costos sociales y económicos; el contribuir al fortalecimiento de la ética en las instituciones y de los funcionarios; mejorar los instrumentos legales y reglamentarios, todas estas medidas que puedan consolidarse y que contribuyan a disminuir la delincuencia y aumentar la seguridad ciudadana, serán instrumentos eficaces para la mejora de la sociedad.

Director de Capacitación del Programa DIM

Secretaría General de Gobierno