La política del agandalle

  • Germán Molina Carrillo

El pasado 15 de mayo, el Congreso de la Unión avaló las reformas a las leyes secundarias, derivadas de la misma  reforma política, en la que se destaca los cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que permitirían que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan tener un pago cuando dejen sus cargos. 

El planteamiento de la reforma deriva en que, si bien, los magistrados tienen prohibido trabajar o litigar en su profesión, una vez que haya acabado su periodo por el que fueron electos juzgadores electorales, podrán contar con un haber de retiro o pensión vitalicia.

La modificación se realizó en el artículo 209, en el que señala que la Comisión de Administración del Tribunal puede “determinar, en su caso, el haber de retiro de los Magistrados de la Sala Superior”.

No hay que perder de vista que la misma Comisión de Administración del Tribunal Electoral se integra por el presidente de dicho Tribunal, un magistrado electoral de la Sala Superior, así como tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal, el órgano administrativo del Poder Judicial mexicano. 

La introducción del haber de retiro en el país se debe a la reforma de 1994 para los Ministros de la Suprema Corte, pues se decidió que al término de su encargo de 15 años, no podrán desempeñarse en otro cargo y se previó dotarles de ese beneficio para garantizar su independencia.

Ahora, de forma unánime, los siete Magistrados del Tribunal determinaron que no cobrarán el bono de retiro, aunque este sea aprobado o derogado por el Congreso de la Unión. Cabe resaltar que aún ante la indignación de la sociedad, los Juzgadores consideraron la remuneración como necesaria y justa, dado que no podrán ejercer como abogados dos años después de dejar su encargo, salvo que sean nombrados para otro cargo público, de ahí se podría desprender su preocupación por no contar con una percepción económica durante ese tiempo, pero también surge la primera pregunta: sabiendo esto, ¿no podrían empezar a hacer un guardadito para la época de las vacas flacas? De hecho, cualquier ser humano está obligado a ahorrar, hasta los menores, entonces no comprendo su preocupación ya que sus salarios no son nada despreciables y cuentan con holgura para comenzar a hacer su propio ahorro y no quedarse en estado de desamparo.

Por otro lado, senadores del PRD y PAN denunciaron que en el dictamen de la Reforma Política se incluyó el mencionado bono vitalicio de retiro para los magistrados del Tribunal sin haber sido discutido ni pactado en las mesas de negociación plurales para construir la reforma. De ahí que, Luis Sánchez Jiménez y Juan Carlos Romero Hicks, negociadores del PRD y PAN respectivamente, exigieron a Cervantes Andrade —presidente de la Mesa Directiva del Senado— y Preciado Rodríguez —presidente de la Junta de Coordinación Política— investigar y aclarar este beneficio económico a los que no fue parte de las negociaciones y que apareció de último momento en el dictamen que se aprobó. Aunque el mismo Cervantes ha afirmado que el artículo correspondiente “lo conocían todos y cada uno (sic) de los senadores y senadoras, todos los que votaron estuvieron en permanente información”.

Entonces, la segunda cuestión de llamar la atención es que realmente se ha destapado la forma de cómo se hacen las leyes en México, que lejos de cumplirse con el proceso legislativo regulado en la legislación, más bien se observa a rajatabla que en si los legisladores desconocen el contenido de los articulados que votan o sencillamente, salió a la luz pública, la sumisión del Legislativo ante el Ejecutivo, pues también se habla de un madruguete de la oficina jurídica del presidente Peña Nieto para introducir en el texto votado a última hora y sin discusión del mentado bono.

¿Quién es el que realmente está legislando?

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Germán Molina Carrillo

Abogado, notario y actuario por la Facultad de Derecho de la BUAP; doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es director fundador del Instituto y del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla y de la Revista IUS; autor de más de siete obras jurídicas, ponente, moderador, comentarista, y conferencista.