Como parte del debate nacional que en estas semanas se da en México, a raíz de la eventual aprobación de las reformas al Poder judicial de la Federación, promovidas por el presidente López Obrador, desde el cinco de febrero de este año y que fueron retomadas en sus discursos de campaña por la presidenta electa Claudia Sheinbaum como parte fundamental del segundo piso de la cuarta transformación y que estamos a unos cuantos días, de que en principio el INE otorgue a Morena y sus partidos aliados PVEM y PT la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y de que en el Senado se queden sólo a dos votos para lograrla y con ello contar con las condiciones para la aprobación de las reformas promovidas por el ejecutivo; resolución que seguramente llegará a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se encuentra bajo el control del presidente, con lo que no habrá poder humano que logre frenar que obtengan la sobrerrepresentación legislativa y con ello  los votos suficientes para aprobar la propuesta de reformas constitucionales de López Obrador a un mes de dejar el poder.

Lo que hasta ahora nadie sabe, si será un legado para la nueva presidenta que le permitirá gobernar sin contrapesos y teniendo el control de los otros dos poderes, el Legislativo y ahora el Poder Judicial, o si las consecuencias de dicha aprobación, la colocarán en un escenario económicamente complicado para el país, por la desconfianza e incertidumbre que la reforma causa a las grandes empresas trasnacionales, a los inversionistas extranjeros y sobre todo  a los dos socios comerciales más importantes de México que son Estados Unidos y Canadá que verían incumplidas las cláusulas y compromisos firmados entre los tres países en el T-MEC.

Hasta este día, ni el posicionamiento del embajador Ken Salazar en contra de la aprobación de las reformas y las consecuencias que tendría en las relaciones comerciales de ambos países, ni el paro nacional de todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación al que se han sumado los jueces, magistrados de circuito y los Ministros y Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se han pronunciado en contra de la aprobación de la reforma, movimiento que es inédito en la historia de nuestro país y que es el último recurso con el que cuentan los integrantes de dicho poder, para lograr frenar la aprobación de la reforma y al que se han sumado organizaciones de la sociedad civil y colegios de profesionales del Derecho como la Barra Nacional Colegio de Abogados, la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, entre otras en diferentes ámbitos de la vida jurídica del país.

Tal parece que nada, hará cambiar la propuesta del presidente de lograr a pesar de todo y de todos, que el Poder Legislativo le apruebe las reformas constitucionales, y prioritariamente la del Poder Judicial de la Federación, que tantos problemas le causó durante su administración, al frenarle diversas iniciativas y reformas, por inconstitucionales a pesar de haber sido aprobadas por el Congreso de la Unión.

De aprobarse la citada reforma, no sólo se estaría dando cauce a la elección por voto popular de los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también se daría sepultura a la carrera judicial que la propia Constitución reconoce actualmente como la única forma de alcanzar los cargos y que dejaría de existir, porque estaríamos llegando a una popularización de la justicia con juzgadores sin experiencia, ni carrera y que dictarían sus resoluciones, cuidando en todo momento su permanencia en el cargo y luchando a toda costa por evitar ser sancionados por el Tribunal de Disciplina Judicial, si llegasen a resolver  algún juicio en forma contraria a las instrucciones del gobierno en turno.

Todos los cambios que trae consigo la reforma judicial, vendrán a transformar los contenidos académicos y planes de estudio con los que actualmente en México se imparte la Licenciatura en Derecho, incidiendo en su formación , ya que los conceptos e instituciones que establece nuestra Carta Magna en la actualidad, pasarían a ser reformados no sólo en la letra, sino también en su espíritu e interpretación, afectando  el ejercicio profesional, ya que los nuevos abogados tendrán que adaptar su actuación en los asuntos a su cargo, a las nuevas condiciones en que será conducida la impartición de justicia ante una política de Estado en la que el control de los órganos jurisdiccionales se convertirá en un mecanismo de subordinación de los ciudadanos, ya sea para premiar o castigar su conducta en todos sus actos y hechos jurídicos.

Materias como las de Derecho Penal y Derecho Fiscal se convertirán en forma pública y abierta en instrumentos mediante los cuales, será el estado el que emita la última palabra o de línea a los juzgadores conforma a sus intereses, ya sea para afectar a un enemigo político, convirtiendo a los tribunales en instrumentos de persecución y control de aquellos ciudadanos críticos u opositores que no comulguen con sus ideas.

El Estado de derecho, como lo conocemos hasta hoy, se verá modificado y seguramente quienes ejercen la abogacía, se verán acotados y sujetos a las relaciones o la corrupción que crecerá en la procuración e impartición de justicia, siendo el único medio mediante el cual, podrán ganar sus asuntos, con un alto costo para sus clientes.

Las injusticias que se cometerán, a partir de la aprobación de la reforma y su implementación, en los dos años siguientes, serán irreversibles, porque así como en la vida del país, se ha normalizado el que los ciudadanos vivamos sumidos en la violencia e inseguridad que se ha originado por el crecimiento de los cárteles de la droga, llegará el momento en que las bandas criminales al tener el control absoluto de la justicia, normalizarán las extorsiones, el cobro de piso, la violencia y hasta los homicidios, como mecanismos para seguir con sus actividades delictivas, al no existir el poder coercitivo del estado, que habrá dejado a los ciudadanos a su suerte y en el abandono al no garantizarles sus derechos humanos como la seguridad, tranquilidad y la paz social, consagradas en la Constitución.

Por lo pronto, los formadores de las futuras generaciones de abogados, estamos preocupados por lo que se avecina y buscando los medios para que quienes han elegido esta noble profesión, tengan los conocimientos y herramientas para enfrentar la realidad jurídica en el México de los próximos años.