La semana próxima es crucial para el futuro del país y de todos los mexicanos, debido a que el martes seguramente el Senado de la República aprobará en lo general, el dictamen de reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación, aprobado por la Cámara de Diputados, aplicando su mayoría calificada y pasando por alto dos suspensiones provisionales de dos Jueces de Distrito, dictadas a fin de evitar se llevara a cabo la discusión y en su caso aprobación de dicha reforma, de gran trascendencia para nuestro estado de derecho y sistema constitucional.

La promesa del Presidente Nacional de Morena, Mario Delgado, ante los diputados federales de su partido y de sus aliados PT y PVEM, de darle como regalo al presidente López Obrador la reforma al Poder Judicial, antes de que entregue la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, pesó más que la obligación de los legisladores de respetar el reglamento de la cámara baja que norma el proceso legislativo y así en menos de cuarenta y ocho horas, fuera del recinto de San Lázaro votaron sin más la reforma, sin dialogar con los trabajadores del Poder Judicial Federal, de los estudiantes de la UNAM y de las universidades privadas que se sumaron al movimiento de rechazo a la aprobación de dicha reforma, nos demostraron que los foros llevados a cabo en todo el país, fueron una simulación y que las propuestas y críticas a la iniciativa presidencial quedaron en el olvido, porque lo más importante era cumplir puntualmente con el regalo presidencial, sin importar la opinión de los ciudadanos que no les dieron su voto en las elecciones del pasado dos de junio y que representan dos terceras partes de la población, del paro nacional de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, al que esta semana se sumaron ocho ministros de la Corte que están en contra de la aprobación de la reforma y nos permitió ser testigos del fuera máscaras  de las tres ministras morenistas: Lenia Batres, Yasmin Esquivel y Loretta Ortíz que no tuvieron empacho en sumarse a los “estudiantes universitarios” que están a favor de la aprobación de la reforma y contra la ministra Norma Piña, que ha sido víctima de violencia política de género por el aparato de Estado.

De nada han servido, las opiniones de las calificadoras internacionales, de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, que ven un alto grado de riesgo para invertir y conservar sus negocios en México, ante la desconfianza que origina un Poder Judicial controlado por el partido gobernante y que estará sujeto a la voluntad de la próxima presidenta, incluso con las declaraciones de dicho gobiernos de que de aprobarse la reforma, iría contra lo establecido en las cláusulas del T-MEC y de que el gobierno mexicano, podrían enfrentar demandas y litigios ante tribunales internacionales; de las marchas ciudadanas en todo el país contra la aprobación de la reforma; del hecho de que la semana pasada el dólar llegó a superar la barrera de los veinte pesos en el tipo de cambio, por todos los problemas que se avecinan en el país por la reforma al Poder Judicial; nada de eso le ha importado al presidente y su partido, que a estas fechas ya han superado el primer filtro tocando ahora el turno a la Cámara de Senadores, que ya se apresta a ponerle el moño al regalo presidencial.

Uno de los personajes centrales de este debate en la aprobación de la reforma en la Cámara de Diputados, ha sido el exsenador Ricardo Monreal, líder de la fracción de Morena, que acusó a los jueces de distrito que concedieron las suspensiones provisionales en contra del proceso de aprobación de la reforma por la Cámara de Diputados de ser violadores de la Constitución acusándolos de servir a los intereses de la oposición por tratar de frenar la aprobación.

Es de llamar la atención, el discurso de Monreal contra el Poder Judicial, usando los mismos argumentos del presidente y tirando línea a los diputados de Morena, a fin de que se ignoraran las suspensiones por ser “contrarias a la Constitución” e imponiendo a toda costa la celebración de las sesiones con el resultado de todos conocido.

Por lo anterior, me pregunto: ¿realmente quiénes son los violadores de la Constitución? Los jueces qué aplicando la ley, trataron de obligar a la Cámara de Diputados a apegarse a los lineamientos de su reglamento y a respetar el Estado de derecho; o los diputados federales a las órdenes de Monreal, que siguieron fielmente sus instrucciones para romper la legalidad y violar las suspensiones.

Es muy importante resaltar qué si alguien tiene un rencor especial en contra de la Suprema Corte de Justicia, además del presidente AMLO, es Ricardo Monreal, por las resoluciones de los Ministros, donde se echaron abajo diversas iniciativas, que previamente ya habían sido aprobadas por ambas cámaras, precisamente por ser inconstitucionales, corrigiendo la plana a diputados y senadores de Morena y partidos aliados, que las aprobaron siguiendo órdenes del inquilino de Palacio Nacional.

Por ello Monreal, la Cámara de Diputados y el propio presidente, han roto el estado de derecho y con sus actos, nos están dando como mensaje a los ciudadanos, que usando la mayoría de votos que obtuvieron en las elecciones del pasado 2 de junio y en nombre del pueblo sabio, se vale desacatar las resoluciones de los jueces e imponer arbitrariamente decisiones, aún y cuando sean inconstitucionales.

Lo que sigue ahora, es que la reforma aprobada por la Cámara de Diputados se apruebe el martes próximo en el pleno de la Cámara de Senadores, donde a Morena y aliados, les falta sólo el voto de un senador de los 43 que conforman el bloque opositor, para contar con la mayoría calificada y sacar adelante la reforma, quedando únicamente pendiente, la aprobación de los Congresos de los Estados para que sea publicada y se convierta en ley.

Por ahora Morena y los partidos PT y PVEM, con el apoyo del gobierno federal, están abocados en lograr convencer o comprar el voto o ausencia de sólo un senador, para consumar la aprobación de la reforma; resulta paradójico que sea el número 43 el que de nueva cuenta se convierta en un obstáculo para las decisiones del presidente, en similitud a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que el gobierno actual, no pudo resolver y que heredará a la nueva presidenta.

El voto de un senador separa a México de lograr no se apruebe en forma definitiva la reforma al Poder Judicial y prevalezca la división de poderes como la conocemos hasta ahora, o de que se dé un golpe mortal a la impartición de justicia y a partir de 2025, nuestros ministros, magistrados y jueces sean los fieles servidores de la presidenta, militantes de Morena y subordinados a las decisiones de su partido, aunque se nos diga que fueron elegidos por el pueblo.