La iniciativa de reformas al Poder Judicial de la Federación, promovida por el presidente López Obrador y que se encuentra en su recta final, para ser aprobada por el Congreso de la Unión, con la mayoría calificada “obtenida” por Morena y sus aliados el PVEM y el PT en la elección del pasado 2 de junio, según el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le fue reconocida y que les permitirá aprobar las reformas que consideren necesarias, sin depender de otras fuerzas políticas.

Sin duda alguna ha despertado el reclamo y la inconformidad no sólo de grandes sectores de la sociedad mexicana y organizaciones, como los grupos empresariales, colegios y barras de abogados, del sindicato de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, socios comerciales de México en el T-MEC; sino también de organismos internacionales, que puntualmente han señalado los graves riesgos en que se encuentra la democracia mexicana, por el control mayoritario del Poder Legislativo que tendrá la presidenta electa y que ahora con el golpe que se pretende dar al Poder Judicial y el desmantelamiento de su estructura actual, le permitirá gobernar sin contrapesos, dejando a los ciudadanos a merced de un gobierno con visos de autoritarismo y autócrata que además tiene el control de las fuerzas de seguridad como lo son el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, lo que no hubiera soñado el PRI y el PAN en los períodos en que fueron gobierno.

En este contexto y ante el discurso de Morena, de que el 2 de junio pasado el pueblo votó por que se apruebe la reforma judicial y por el segundo piso de la cuarta transformación, López Obrador se ha propuesto lograr la aprobación de dicha reforma hasta el último minuto de su mandato para vengarse de los reveses y resoluciones desfavorables que emitieron los Tribunales federales y en especial la Suprema Corte de Justicia de la Nación a diversas iniciativas de reformas, contrarias a la Constitución y que previamente le fueron aprobadas por el Poder Legislativo; lo que dio origen a su célebre frase: “No me vengan con eso de que la ley, es la ley”, que claramente demuestra su visión autoritaria y de que la protesta que hizo al asumir el cargo de presidente, de acuerdo al artículo 87 de la Carta Magna que a la letra dice: “…Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la nación me lo demande”, la hizo a un lado, ejerciendo un gobierno que se propuso desde su inicio hacer a un lado la letra de la Constitución, salvo en los casos en que no contradijera sus planes y acciones, buscando reformarla, cuando su texto le impedía ejecutar sus proyectos y planes gubernamentales.

Ni el paro nacional de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, las declaraciones de los gobiernos extranjeros y organismos internacionales, incluso la petición de más de mil jueces y magistrados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que frene la aprobación de la reforma, y que de forma urgente ejerza sus atribuciones conforme al artículo 41 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, han sido suficientes para que el presidente modifique su postura; sino por el contrario, su decisión de pausar la relación de México con el gobierno de Estados Unidos, acusándolo de injerencista por intervenir en cuestiones que sólo competen a los mexicanos, ya han tenido consecuencias como la postura de las calificadoras y de los inversionistas extranjeros que ven en riesgo su capital, ante un Gobierno que podrá aplicar políticas como lo hicieron en su momento países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, expropiando empresas y alejando a los capitales que impulsan empresas y beneficios para los trabajadores.

En las dos últimas semanas, se ha sumado a la defensa del Poder Judicial de la Federación, no sólo las barras y colegios de abogados más importantes del país, también lo han hecho algunos Tribunales Superiores de Justicia de Estados como Chihuahua y el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de Michoacán que han decidido sumarse al paro y en la semana que concluye los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM también salieron a manifestarse en contra de la aprobación de la reforma, motivando que se sumen a este movimiento las escuelas y facultades de Derecho de las universidades privadas, como la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Iberoamericana, ITESO, UAEM, La Salle, CIDE, Tec de Monterrey, que han convocado a una marcha nacional de estudiantes y jóvenes el domingo 1 de septiembre del Ángel de la Independencia al Senado de la República y que se replicará en varias entidades, entre ellos Puebla convocada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la BUAP y de instituciones privadas como la Escuela Libre de Derecho de Puebla, Universidad Anáhuac, UPAEP y de instituciones incorporadas a la BUAP que imparten la Licenciatura en Derecho en el estado.

Llama la atención, el despertar de los jóvenes estudiantes de Derecho, a nivel nacional, el sentido de solidaridad con el Poder Judicial de la Federación, ante el grave riesgo que representa para el país, terminar con la independencia judicial y que dicho poder pase al control del poder ejecutivo, con la elección de ministros, magistrados y jueces sin carrera judicial y que esta no sea la solución a los problemas que tiene actualmente la impartición de justicia en México, sin que ello signifique se termine con la corrupción de la que le ha acusado el presidente.

Así, la Unidad de ministros, jueces, magistrados, personal del Poder Judicial, académicos, investigadores, ministros en retiro, barras y colegios de abogados, organismos de la sociedad civil, universidades, escuelas y facultades de Derecho y ahora estudiantes de la carrera, coordinan acciones no sólo por la vía legal, sino también con la movilización de los abogados del país, para frenar la aprobación de la reforma y de que los derechos humanos de los ciudadanos y la impartición de justicia, no se sometan a los otros dos poderes, con un gobierno dictatorial. En septiembre se juega el destino del país y los derechos de los mexicanos y las siguientes generaciones.

Abogados, como la exministra Olga Sánchez Cordero, Arturo Záldivar Lelo de Larrea, Ricardo Monreal, entre otros actores políticos, merecen ser calificados como non gratos para el gremio por ser impulsores de la reforma judicial y traicionar los principios del ejercicio de nuestra profesión.