En los procesos de reforma política, las políticas públicas y las relaciones que se dan entre los gobiernos y los actores extra gubernamentales son muy diversas. Por ejemplo en la literatura sobre este tema se distinguen dos modelos: aquellas políticas que suponen una reacomodación y una reasignación del sistema de reglas existente, y otras que tienen como objetivo definir en sí mismo el sistema de reglas. Este segundo tipo de políticas tiene por objetivo una redistribución del poder, un cambio institucional y eso es complejo de abordar desde la perspectiva de la cooperación internacional.

Un modelo muy arraigado de gestión pública que haya sido tradicionalmente para la sociedad, difícilmente puede ser objeto de cambio con el apoyo de la cooperación internacional si no se dan las condiciones de apropiación y de alineamiento con las estrategias, instituciones, sistemas y procedimientos nacionales de desarrollo de los países socios. Estas son condiciones necesarias para que la cooperación pueda cumplir el papel subsidiario que le corresponde.

El enfoque de derechos que se ha adoptado para nuestra sociedad remite constantemente a la inclusión de los grupos de población que tradicionalmente quedan fuera del juego de la toma de decisiones y del diseño de las políticas públicas, en concreto, las mujeres, los pueblos indígenas y la juventud. En los contextos de inestabilidad, apertura de diálogo, procesos de concertación y exclusión social las organizaciones de mujeres han sido un factor de cambio social e institucional. Sus concepciones, demandas y quehacer han influido los comportamientos de otros actores sociales, han permitido la incorporación de nuevos temas en la agenda y han enriquecido las modalidades de hacer política.

Han estimulado también la creación de nuevas instituciones en el Estado, por ejemplo, la participación de los movimientos de mujeres en la elaboración de nuevas constituciones, la participación de las instancias de género en los procesos de modernización y cambio institucional. Las organizaciones y redes de mujeres han alcanzado un grado de articulación nacional, regional y global que ha sido decisivo en la construcción de un discurso de derechos.

La importancia de la participación de las mujeres en el proceso de construcción de nuevas normas es crucial para no quedar una vez más excluidas en la nueva institucionalidad y profundizar el grado de dualización de las sociedades: “si las mujeres no están en los espacios donde se debate y se construyen las bases de una nueva gobernabilidad, no es seguro que las instituciones públicas den cabida a sus diferentes necesidades y valores, las incluyan en procesos de capacitación de destrezas y habilidades y les reconozcan el mismo grado de intervención que a los demás actores en el terreno público”.

Por eso, en la esfera de las reformas, las políticas o los programas de gobernabilidad democrática, el enfoque de género, de jóvenes y de los mismos indígenas deben insertarse desde los primeros momentos en los que se construyen las reglas básicas, jerarquías y prácticas de las instituciones públicas, articulando los intereses de género con los intereses más generales de la gobernabilidad democrática.

En este sentido, una estrategia de gobernabilidad democrática debe fomentar la existencia de políticas de equidad de género y el acceso de las mujeres a través de instituciones diseñan esas políticas (Secretarías de la Mujer, Consejos o Institutos, Comisiones o Instancias de coordinación donde se diseñan políticas, Comisiones interministeriales, Consejos Nacionales de Política Económica y Social, etc.); no sólo es importante la constitución de instancias de género de carácter sectorial sino también la promoción de programas que faciliten las relaciones ministeriales y avancen en sectores en el diseño e implementación de todas las políticas públicas.

Es decir, además de promover la generación de espacios, legislación e instituciones públicas que atiendan las necesidades específicas de las mujeres, es preciso fomentar también la incorporación de un enfoque de género, incluyendo a mujeres, jóvenes e indígenas en todas las políticas del Estado: salud, vivienda, cultura, medioambiente, educación, etc.

Director de Capacitación del Programa DIM

Secretaría General de Gobierno