Más allá del costo electoral que podría afectar al PRI haber protegido durante más de una década a un personaje indeseable como Cuauhtémoc Gutiérrez, el problema de fondo es la posible red de corrupción política detrás del tráfico de mujeres.

La periodista Carmen Aristegui reabrió una cloaca que había tapado el Revolucionario Institucional en 2003 cuando iniciaron los señalamientos de que Cuauhtémoc gustaba de verse acompañado de guapas edecanes extranjeras.

A pesar de los riesgos personales que corre la reportera infiltrada de MVS - según advierte Rosario Guerra, víctima de la violencia de Gutiérrez - la investigación periodística exhibe el abuso de poder y la práctica de un delito que atenta contra la dignidad y libertades de las personas.

El uso descarado de las oficinas y nómina del partido en el Distrito Federal para satisfacer los deseos sexuales del líder priísta, puede ser la punta del iceberg respecto a la complicidad política en el lucrativo negocio de la trata.

La prostitución ejercida voluntariamente es respetable aunque casi siempre va relacionada con engaños, chantajes, amenazas y esclavitud, por lo que este asunto en particular amerita un tratamiento serio y apartidista.

A la par de las protestas de activistas en derechos humanos, la intervención de la Procuraduría General de Justicia del DF, Comisión de Derechos Humanos del DF, así como Procuraduría General de la República, al menos 200 miembros activos del PRI han exigido la expulsión definitiva del ex líder capitalino, al calificar de inaceptable su grotesca conducta.

“El PRI no debe solapar ninguna práctica que atente contra sus valores y principios, ni otorgar patentes de impunidad a quien transgrede la ley”, dice la carta enviada a las oficinas de César Camacho, quien junto con Manlio Fabio Beltrones han marcado distancia de Gutiérrez de la Torre. ¿Causalidad?

¿Qué tan inmiscuida estará la esfera priísta respecto las acciones inmorales de Cuauhtémoc Gutiérrez? ¿Es posible que desconocieran que reclutaba chicas mediante anuncios clasificados y que le ofrecieran algo más que compañía en eventos públicos?

Me resulta difícil creer que las investigaciones oficiales tocarán fondo; ante el riesgo de que el lodazal embarre a otros personajes priistas, y el partido no esté dispuesto a pagar daños de terceros, ni mucho menos afectar la imagen pública de un Presidente que se dice orgulloso de militar en él, y de respetar la ley.

Sin embargo, a otro integrante de clase política también se le adjudicaron episodios vinculados con sexo servidoras. De acuerdo con el testimonio de una joven rescatada del bar Cadillac, Jesús Ortega Martínez, ex dirigente nacional del PRD, pagaba cuentas 10 y 15 mil pesos por el servicio.

La periodista Sanjuana Martínez, al publicar su columna titulada “Consumidores de sexo comercial”  (25 de noviembre 2013) presentó testimonios de mujeres que identificaron a Ortega como cliente frecuente del table dance.  En respuesta, el ex líder perredista lo negó y acusó de calumnia a la comunicadora.

A nivel internacional el caso más patético fue del ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, quien mantuvo relaciones sexuales a cambio de dinero con la menor de edad, Karima El Marough, conocida como Ruby.

Durante las investigaciones judiciales trascendió que a las mujeres del viejo Berlusconi conocidas como “las chicas de ‘Il Cavaliere’”, les pagaba una cantidad de 2 mil 500 euros mensuales y a Ruby, hasta 5 millones a cambio de su silencio.

La información no sería tan descabellada tomando en cuenta que la chica marroquí (casada con un italiano) vive ahora en una casa valuada en 1.5 millones de euros en Playa del Carmen "producto de inversiones millonarias en México y en los Emiratos Árabes Unidos".

Esta combinación de poder político y económico hace creer a más de uno, que la contratación de servicios sexuales es un 'gusto personal que pocos pueden costear'. Se sienten infalibles y protegidos por un sistema institucional que lamentablemente es fácil de corromper.

¿Cuántos políticos incitarán, consumirán la prostitución y hasta tendrán la vergüenza de aprobar leyes en contra de la trata de personas? ¿Cuántos políticos, policías o magistrados cenarán tranquilamente en sus casas después de haber violentado a otras mujeres?

En México, sólo una de cada 10 personas detenidas por su probable responsabilidad en este delito recibe un castigo. Las cifras del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad revelan que en el plano federal, 9% de las averiguaciones previas abiertas entre 2010 y 2013 por la comisión de este ilícito derivaron en una condena. En los estados el panorama es aún más decepcionante: de 275 detenciones, sólo hubo 17 condenas.

El tráfico ilegal de seres humanos genera ganancias por 32 mil millones de dólares al año y afecta a un promedio anual de 2,4 millones de personas, según las cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La trata afecta a regiones pobres, subdesarrolladas y países ricos, donde traficantes reclutan para la explotación sexual a mujeres de las ex Repúblicas soviéticas, Asia y América Latina.

Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2012, entre los años 2002 y 2010 más de veinte millones fueron víctimas del trabajo forzado, incluyendo a las víctimas de la trata de personas y explotación sexual.

Detrás de los números fríos hay hijas, esposas, hermanas y madres que no merecen ser utilizadas por desgraciados que aprovechan un cargo público para ejercer un poder frustrado.

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