El pasado 5 de febrero el Secretario de Educación Pública del gobierno federal instaló el Consejo Asesor de los Foros de Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo (18 regionales y tres nacionales) que vigilarán el proceso de los foros -que iniciaron el pasado 7 de febrero con el primer foro regional realizado en la Ciudad de México- y tendrán la responsabilidad de redactar las conclusiones de todas las propuestas presentadas en las distintas mesas de trabajo que se desarrollarán en las distintas entidades del país designadas como sedes.

El consejo asesor está integrado por distinguidos académicos del campo educativo entre los que destacan: Elisa Bonilla, maestra en educación por la Universidad de Cambridge, especialista en cultura escrita y políticas públicas; Manuel Gil Antón, investigador de El Colegio de México (Colmex) y director académico de Educación Futura; María de Ibarrola, académica del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del Cinvestav e integrante del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (Comie) y ex directora de la Fundación SNTE para la Cultura del Maestro Mexicano; Ciro Murayama, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM y columnista del periódico El Universal; María Trigueros, académica del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y especialista en matemática educativa. Todos ellos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores.

Los otros diez integrantes del Consejo Asesor son: Alberto Arnaut Salgado, Antonio Gago Huguet, Blanca Laura Romero Meléndez, Catalina Olga Maya Alfaro, Jaime Santibáñez Andonegui, Liliana Lira López, María Concepción Barrón Tirado, Mauricio Fortes Besprovani, Ricardo Cantoral Uriza y Rosa María Torres Hernández, todos ellos con una formación académica de alto nivel en diversas disciplinas y con trayectorias académicas y/o de administración pública en el sector educativo muy destacadas.

La única crítica que parece pertinente en la conformación de este consejo es que refleja el aún no superado centralismo que lamentablemente sigue caracterizando todos los aspectos de la vida de nuestro país. Tratándose de una consulta nacional y habiendo ya una suficiente masa crítica de académicos e investigadores educativos en muchas entidades de la república resalta demasiado el hecho de que todos los miembros del consejo trabajen en instituciones del Distrito Federal.

Pero más allá de este centralismo evidente, la creación de este consejo asesor con perfil académico e independencia de la SEP es un signo positivo respecto a la credibilidad de la consulta convocada. Un grupo colegiado con esta solidez, visión crítica y autonomía encargado de recoger, sistematizar y formular las conclusiones derivadas de lo que ciudadanos, actores educativos, investigadores, empresarios, miembros de organizaciones sociales y ciudadanos propongan, parecería garantizar un tratamiento serio y objetivo de la información.

 Sin embargo, las reacciones de muchos profesores, directores escolares y aún investigadores educativos ha sido de gran escepticismo, cuando no de descalificación a priori del proceso. No ha bastado esta señal de transparencia para derribar las sospechas y prejuicios que históricamente se han formado en la conciencia de los ciudadanos respecto del proceder de las autoridades.

La mayoría de las opiniones vertidas en portales educativos, comentarios a artículos publicados en distintos medios de comunicación y diálogos en las redes sociales se orientan a concluir que se trata de una consulta simulada que pretende dar la impresión de un gobierno que escucha a la sociedad respecto a lo que desea y propone para reformar la orientación de la educación pero que en realidad el nuevo modelo educativo ya está previamente definido por el gobierno.

De manera que el trabajo de este consejo asesor y de la SEP frente a la consulta nacional iniciada tendrá que ir más allá de los contenidos presentados en los foros o enviados por escrito para responder a la convocatoria y ocuparse también de estrategias que puedan revertir esta desconfianza generalizada a través de mecanismos que hagan totalmente transparente el proceso y presenten evidencias suficientes a la sociedad de que el modelo educativo que se va a construir recoge las propuestas presentadas.

La apropiación y aceptación del nuevo modelo educativo por parte de los diversos actores de la educación y de la sociedad en general dependerá en gran medida de la credibilidad que esta consulta genere. De este tamaño es la responsabilidad de las autoridades y del consejo asesor. Porque como dice la frase popular: “La mula no era arisca…”