“Si uno pone nuestra constitución en una mesa junto a la de países desarrollados, la diferencia en volumen (sin contar contenido) se puede medir en kilos que no han creado, ni parecen susceptibles de crear, un país moderno”.

Luis Rubio.

La lectura de estas líneas en el artículo semanal de Luis Rubio me hizo pensar en que el volumen de nuestra Carta Magna, que hoy cumple noventa y siete años, es directamente proporcional a la falta de cultura de la legalidad que desafortunadamente sigue imperando en nuestra sociedad mexicana.

En un contexto internacional que exige cada vez más agilidad y sencillez normativa nuestra Constitución Política tiene como bien dice el analista, un sobrepeso evidente frente a las de la mayoría de los países con los que México tiene hoy que relacionarse y competir.

Baste mencionar que mientras la Constitución de los Estados Unidos tiene en total siete artículos y ha tenido menos de treinta enmiendas, la de nuestro país tiene un total de ciento treinta y seis artículos más alrededor de dos decenas de transitorios y ha sufrido a lo largo de su historia cientos sino es que miles de modificaciones sustanciales, las más recientes en el período de las llamadas “reformas estructurales” impulsadas por el gobierno federal en turno el año pasado.

“¿Cuándo, me pregunto, tendremos un sistema fiscal sencillo que todo mundo pueda acceder sin ayuda de especialistas? ¿Cuándo tendremos leyes simples que establezcan un marco general que le permita al ciudadano desarrollar sus capacidades sin acotar su potencial creativo a cada vuelta?” Estas preguntas planteadas en el artículo ya citado resultan cada vez más urgentes de responder en un contexto mundial en el que dominan las tendencias hacia la simplificación de trámites y reglas desde la visión de la eficiencia y la competitividad económica y en una tendencia social creciente que exige la autonomía y la participación creativa de los ciudadanos con una menor injerencia de las burocracias gubernamentales.

Un país con un marco legal tan complicado y lleno de excepciones, aclaraciones, recovecos, ambigüedades sujetas a la interpretación y aún a la discrecionalidad se traduce en una organización social de muy baja complejidad en la que la hiper-normatividad y el intento de sujetar todo a los controles del gobierno acaban por matar toda actitud emprendedora y desincentivar la participación ciudadana, elementos fundamentales en todo sistema democrático.

Sin embargo parece haber una razón de fondo para esta “obesidad legal”, incluso más allá de la baja complejidad estructural de nuestra sociedad. Esta razón es que nuestra cultura, es decir, nuestro sistema de significados, valores y creencias sobre la forma en que se resuelve la vida cotidiana, es una cultura de la evasión de la ley y no una cultura del respeto a las normas.

Los mexicanos nacemos y crecemos en un entorno en el que vamos introyectando que la manera de avanzar en la vida y de resolver los problemas tiene que ver con encontrar formas de evadir la ley sin que nos descubran, de evitar cumplir con las normas sin ser sancionados, de darle la vuelta a cualquier forma de reglamentación de la convivencia social sin asumir las consecuencias. En una nación en la que además predomina la impunidad y vemos todo el tiempo ejemplos de que “el que no transa no avanza” y de que “el gandalla no batalla”, el incumplimiento de la ley se convierte incluso en un signo de estatus, de ingenio e inteligencia que llevan al éxito económico y al poder político. Cumplir la ley se vuelve entonces una forma de fracaso, una señal de falta de inteligencia.

Ante esta (in) cultura de la legalidad, los legisladores y el gobierno se mueven en la lógica de pensar normas cada vez más complicadas y llenas de detalles que intentan prevenir cualquier forma de abuso, incumplimiento y evasión por parte de los ciudadanos que a su vez refuerzan su ingenio para crear nuevas formas de abuso, incumplimiento y evasión en un círculo vicioso que no tiene fin y que afecta solamente a los ciudadanos que sí intentan cumplir la ley. Esta es la lógica de la desconfianza.

Por otra parte, los mismos legisladores y el gobierno generan otra dinámica que nace también de esta (in) cultura de la legalidad y que es la del principio que toda ley tiene que tener sus excepciones para proteger a los grupos de presión y a los poderes fácticos que se oponen sistemáticamente a cumplir cualquier normatividad que les afecte en sus intereses, con lo que se genera otro círculo vicioso en el que ninguna reforma legal tiene los efectos para los que fue creada por las múltiples excepciones que la acompañan y afecta solamente a quienes sí tratan de cumplir con el marco legal. Esta es la lógica de la complicidad.

Para reformar las instituciones hay que reformar las mentalidades, pero no es posible reformar las mentalidades sin reformar las instituciones, plantea el pensador francés Edgar Morin (1921-  ). En este día en que se conmemora la promulgación de la Constitución Política que nos rige, sería muy conveniente pensar de qué manera podemos ir cambiando las instituciones para construir un sistema de alta complejidad basado en la confianza, la claridad y la simplificación de trámites  y normas que facilite el cambio de las mentalidades. Para ello tendríamos que pensar también en las formas en que debemos empezar, desde la infancia, a cambiar las mentalidades –hacia una visión de cumplimiento de la ley por convencimiento personal y conciencia cívica- para poder ir generando condiciones para transformar las instituciones.

La educación tiene mucho que ver con este cambio de las instituciones a partir del cambio en las mentalidades. Los educadores somos agentes de transformación o de reproducción de las mentalidades y de la cultura.  Por ello tenemos el enorme compromiso de aportar, a través de nuestras prácticas en el aula y en el patio escolar, los elementos que faciliten el cambio de mentalidades hacia una cultura de respeto a la legalidad.