A diferencia del resto de los tres senadores, los 18 diputados federales y 41 diputados locales poblanos, la diputada María Isabel Ortiz Mantilla me parece ha sido hasta hoy la única que se ha dirigido a quienes legalmente representa, al explicar públicamente la semana pasada las razones de su voto en el contexto de las reformas a la Constitución recientemente publicadas. Yo lo leí en una inserción en la edición del pasado día 20 de diciembre en el periódico digital e-consulta.

En su artículo la diputada poblana dedica buena parte de su texto una supuesta duda popular sobre la propiedad de los recursos naturales e hidrocarburos, además mostrar su beneplácito porque la palabra “sustentable” fue incluida en el texto de las enmiendas. Otras alusiones informan sobre la reducción de Pemex y CFE a simples empresas del estado; sobre cómo se asignarán los contratos a particulares; y sobre la nueva estructura de administración de los recursos financieros.

Es bueno que un representante popular poblano tome la decisión de acercarse a los votantes independientemente de la posición que asuma en lo político. Puede estar equivocada o no, pero da la cara. El resto de sus homólogos tendrá en mi opinión, que remontar en su futuro político la carga política de ocultarse para votar o peor aún, de no haber sabido por qué votó a favor de las reformas.

Respecto del texto aludido creo que no está a discusión el tema de la propiedad de los recursos naturales de la nación; lo que la ciudadanía interesada reclama es que las decisiones sobre el dominio de tales recursos corresponden a todos los mexicanos y no a un grupo que lo decide en el congreso a espaldas de los votantes. Las reformas gestadas impuestas y gestadas desde el PRI, nunca fueron advertidas a la población en las plataformas políticas para las elecciones federales; es decir, nunca fueron votadas ni conocidas por los votantes.

Sin embargo para este columnista son otros aspectos mucho más preocupantes para el futuro de los habitantes de este país y de este estado de Puebla, los que están involucrados. Verá usted por qué lo pienso así, respetable lector:

Con las reformas recién impuestas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, la apuesta del desarrollo y superación de los mexicanos vuelve a depositarse en su recurso natural más explotado económicamente, pero evidentemente finito; el aprovechamiento del petróleo cada día es más difícil en razón de su distante ubicación y extracción. En esta fecha no existen certezas de nuevas y mayores reservas en nuestro subsuelo, por lo que los beneficios económicos de lo que aún sea susceptible de recuperarse, tendrá una factura que deberá ser pagada a los capitalistas extranjeros. No hay nada de sustentable en este proceso.

Arriesgar el desarrollo del bienestar de los mexicanos a una sola fuente económica de riqueza que es la extracción del petróleo, es renunciar a la diversificación económica que tan alto potencial tiene nuestro país. Las razones que llevaron a la expropiación petrolera en 1938 intentaron evitar lo que ahora se legaliza, que es la transferencia de los beneficios del petróleo a manos extranjeras en detrimento del desarrollo nacional. Si durante más de setenta años las administraciones de Pemex y Hacienda han desviado o errado (en el menos incómodo de los casos) el destino de la renta petrolera, no es culpa ni del petróleo ni de los mexicanos que no trabajamos en Pemex o en el gobierno. Eso es lo que pudo corregirse: las instituciones y los funcionarios. Los políticos mexicanos de hasta allá arriba encuentran en esta situación y en este momento político una oportunidad no analizada que no pueden dejar escapar con el argumento de nuestro rezago tecnológico.

Es cierto que entre las grandes omisiones de la administración histórica de Pemex está el no haber tomado previsiones suficientes en dinero para impulsar el desarrollo de la tecnología petrolera mexicana. Siempre fue y ha sido ( y por lo visto, será) más cómodo, más directo y más rentable en el corto plazo el adquirirla en el extranjero e incorporarla a los costos de producción en detrimento de nuestra dependencia, misma que hoy se institucionaliza con las reformas impuestas a la Constitución.

La alternativa de impulsar el desarrollo de tecnología mexicana, queda condicionada en el decreto que oficializa las reformas, a que únicamente cuando el saldo de las inversiones en ahorro público de largo plazo, sea igual o mayor al tres por ciento del Producto Interno Bruto del año previo al que se trate, el Comité Técnico del Fondo podrá destinar recursos del saldo acumulado del Fondo hasta por un monto equivalente a diez por ciento del incremento observado el año anterior en el saldo del ahorro de largo plazo, para financiar proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación, en energías renovables y en becas para la formación de capital humano en universidades y posgrados; en proyectos de mejora a la conectividad; así como para el desarrollo regional de la industria. De esta forma se garantiza nuestra permanente dependencia tecnológica por siempre.

Las reformas a la Constitución impuestas por un grupo de políticos abusivos y votadas en el mismo congreso de la unión y en los estados por otros grupos de políticos automáticos complementarios, no merecieron un análisis estratégico de las implicaciones que tendrían en la compleja trama de la dinámica nacional y la condición social que hoy muestra la población mexicana en todo el territorio. Los apologistas del gobierno, tanto los que están a sueldo como los contratados exprofeso para ello, asumen que estas reformas traerán la solución al problema de la pobreza nacional sin saber bien a bien cómo se podrá lograr y que quedaremos listos para hablarnos de tú a tú con los países de primer mundo.

Puedo asegurarles que no será con la reducción de las tarifas de energía eléctrica o con reducir el precio de la gasolina, pues ninguna de estas dos figuras podrá concretarse técnicamente en la práctica ni siquiera en el mediano plazo y en el improbable caso que ello ocurriera, eso no saca de la pobreza al 60% de la población. Tampoco podremos remontar la distancia entre nuestra calidad de vida y la de los países de la OCDE a quienes toman como parámetro, pues la mayor parte de ellos son típicamente los beneficiarios del fallido modelo capitalista que debe su nivel al agotamiento de los recursos naturales de países como el nuestro y a la venta de tecnología avanzada. En otras palabras, antes de vernos como ellos son hoy, bien podríamos sentarnos a esperar su caída.

Cuánto bien le haría a Puebla y a México que sus representantes en el congreso de la unión, se acercaran a darle la cara a quienes dicen representar. Bien por la acción de la diputada Ortiz Mancilla.