La universidad pública atraviesa por el gran dilema de carecer de actores reales que hagan una defensa seria del principio de la democracia universitaria, la cual encuentra su fundamento en la fracción séptima del artículo tercero constitucional, que entre otras cosas se refiere al reconocimiento de la autonomía como eje rector para ejercer la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas, para efectos de realizar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios del mismo artículo tercero, señalándose que se respetara la libertad de cátedra e investigación y de libre examen, así como de discusión de las ideas, por otro lado también se reconoce la libertad para determinar sus planes y programas, además de fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como administrar su patrimonio.

De lo anterior se desprende que se identifican tres principales facultades de la universidad pública: la de autorregulación, la cual implica que la universidad pública aprueba internamente la legislación y normatividad que regula sus relaciones internas, siempre que se ajusten al orden jurídico nacional. La facultad de autoorganización académica: la cual comprende que la universidad pública fija sus planes y programas de docencia, de investigación y de difusión de la cultura; asimismo, establece los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, y por último la facultad de autogestión administrativa, la cual se refiere a que la universidad pública tiene libre manejo del presupuesto asignado por el Poder y de los ingresos que ella misma genera, aunque debe observar las disposiciones en materia de rendición de cuentas y de transparencia en la información, tanto al interior como al exterior de la institución universitaria.

Por las condiciones actuales en que se desarrollan las actividades sustanciales de la educación superior en México y del papel estratégico de la universidad pública para hacer cumplir con este derecho fundamental, que garantice a las generaciones actuales y futuras del país, la seguridad de una formación integral, humanista y de calidad académica para enfrentar los retos del globalismo neoliberal. La universidad se considera el espacio idóneo para dar alternativas al modelo depredador de la cultura, por lo tanto es, y seguirá siendo la universidad pública, el lugar indispensable para generar la discusión sobre los asuntos de la democracia universitaria, la voluntad universitaria, la gobernabilidad universitaria y el carácter de garantía constitucional o garantía institucional que debe reconocerse a la autonomía universitaria como el pilar más importante de la democracia universitaria, así como el establecimiento del sistema constitucional universitario. Lo cual permitirá que los universitarios estemos alerta ante quienes, aprovechando los nuevos rumbos, desean hacer valer intereses particulares o de grupo por encima de los institucionales. Es por ello que la importancia de la democracia universitaria encuentra en la idea de la defensa de la autonomía universitaria uno de sus principales cimientos sobre los que se erige la universidad pública.

La BUAP Y su comunidad en general tienen la obligación ética de profundizar este debate que debe promoverse en todos y cada uno de los espacios universitarios para fortalecer a la autonomía universitaria, principio necesario para seguir cumpliendo con el mandato constitucional de difundir el conocimiento crítico, plural y propositivo que coadyuve a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Lo anterior encuentra relación con una serie de hechos que hicieron que se postergaran las elecciones en la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, para elegir a su principal autoridad académica, y después de escuchar las voces que aprovechando la coyuntura electoral hicieron su presentación para realizar proselitismo para ganar la simpatía y posteriormente el voto de los universitarios que les permitiera ganar la elección para director de la unidad académica que durante las dos últimas gestiones estuvo administrada por el Dr. Guillermo Nares Rodríguez, quien por su trayectoria como universitario genero aliados y adversarios, normal en todo personaje que decide hacer vida pública, lo cierto es que en estos momentos es de vital importancia que la congruencia se imponga como razón universitaria y que quienes hemos transitado contribuyendo desde lo más sensato y comprometido con el quehacer universitario sumemos trabajo y deber con un proyecto que sea conveniente con las necesidades actuales de la defensa de la democracia universitaria.

Por lo que considerando las predisposiciones históricas de nuestra facultad y ante las exigencias que requieren las condiciones vigentes del desarrollo de la universidad pública y en particular de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, es indispensable compartir con la opinión pública, que existe una propuesta coherente y de compromiso para atender los temas referentes al encargo de trabajar de manera coordinada e institucional con la autoridades académicas y administrativas centrales de la BUAP, no solo para atender, sino mejorar y transformar la labor docente y de investigación, mirar con sentido sustentable el desarrollo de la infraestructura universitaria, promover una gestión acorde con la cultura de la transparencia y de resultados en beneficio de los estudiantes y trabajadores universitarios. Por lo tanto y después de un largo proceso de construcción colectiva de ideas, se coincidió en lo general en diversos puntos, que orillaron para que fuera el Dr. Carlos Antonio Moreno Sánchez, quien efectuará las acciones de equipo para dar a conocer a la comunidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, las principales propuestas de trabajo, las cuales no están ajenas a emprender en los próximos años una real defensa de la democracia universitaria y por ende de la educación superior con compromiso social.