Clase académica vs clase política

  • Germán Molina Carrillo

¿Por qué resulta tan difícil que los enfoques, análisis y propuestas de un intelectual o académico sean aceptados por la clase política? ¿Cuáles son los elementos que impiden a los políticos aceptar las críticas o señalamientos de quienes se han formado en el campo universitario y desarrollan análisis más allá de una mesa de café o en los pasillos de las oficinas públicas cabildeando como lo hacen los políticos?

A diferencia de éstos, los académicos sostienen sus puntos de vista  aplicando el conocimiento científico a los problemas que aquejan a la sociedad mexicana y que muchas veces demuestran con la frialdad de los números y de la experiencia tomada de otras realidades, que las decisiones que se toman no son las mejores; o bien, dejan al descubierto una trama de irregularidades o hechos que ponen en evidencia que la decisión responde más a un interés electoral, que al ciudadano.

 

Cuántas propuestas del sector académico se han quedado en tesis o investigaciones científicas que  yacen en los archivos de una biblioteca o en una oficina.  En muchos aspectos la labor de los periodistas, se asemeja a la que deben realizar los académicos o universitarios para abrir un escenario distinto a las noticias oficiales que se difunden dentro de los ámbitos del poder y que sólo dan al ciudadano información conveniente para el gobernante o político en turno.

 

Ejemplos de esta situación hay muchos, no sólo en México, sino en otros países, donde la clase académica es poco tomada en cuenta y sus puntos de vista son anulados por las discusiones y decisiones de carácter político. Puedo afirmar que políticos como el ex presidente Carlos Salinas de Gortari  que decía “ni los veo, ni los oigo” o de Vicente Fox que sostenía que los ciudadanos no deberíamos leer porque la gente no ganaba nada con enterarse de lo que pasa, demuestran que para la clase política un pueblo ignorante y poco informado es el que más les conviene para hacer y deshacer en este país, todo ello, sin tomar en cuenta toda la red de intereses transnacionales y económicos del exterior que determinan las decisiones políticas en nuestro país.

De ahí que las opiniones y estudios de los académicos se vuelvan incomodos y molestos para la clase política, cuando podría ser lo contrario, es decir, que les sirvieran para fundamentar una medida o aprobar una ley si esta se sustenta en un estudio a fondo del problema de que se trate. Esto no ocurre, por lo menos en la sociedad mexicana.

Ha habido algunos casos en los que los estudios, dictámenes y análisis de los académicos por medio de las universidades, han servido para dar sustento a una decisión política, pero esto no se hace público si el estudio demuestra que la iniciativa del gobernante es errónea, es decir, sólo se toma en cuenta si conviene a sus intereses, de no ser así, termina por no ser considerada y en el archivo respectivo.

 

Sostengo que en la medida en que la clase política deje de ver al sector académico-universitario, no como su enemigo, sino como un aliado que le puede permitir desarrollar mejor su labor, las cosas en el país pueden mejorar y beneficiar a los ciudadanos con decisiones que velen más por el interés general que por el personal o por el beneficio político del gobernante.

 

Aun y cuando la medida sea dolorosa o afecte a los ciudadanos, si va sustentada por un análisis adecuado y que es lo mejor para la colectividad, el político saldrá adelante ante las críticas de sus opositoresporque demostraría que está pensando en sus representados y en el bien del país, no sólo en el costo político que le puede traer lo decidido.

Lo anterior, en México se complica, porque muchas de las reformas o leyes que se aprueban en el Congreso de la Unión o en las legislaturas locales carecen de un análisis serio de su impacto y consecuencias para los ciudadanos, reformas tan trascendentales como la educativa y la energética no pasaron por estos filtros y hoy las instituciones educativas una vez más han sido relegadas en las discusiones y los puntos de vista de sus académicos, ignorados como ya es costumbre.

Las cosas se seguirán decidiendo así en los próximos años, lo que ha llevado a México a la crisis de falta de credibilidad en la clase política, con costos que seguiremos pagando los mexicanos, pero todo ello sólo cambiará cuando los políticos entiendan que el país requiere cambios de fondo, empezando por su forma de conducir a la nación.

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Germán Molina Carrillo

Abogado, notario y actuario por la Facultad de Derecho de la BUAP; doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es director fundador del Instituto y del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla y de la Revista IUS; autor de más de siete obras jurídicas, ponente, moderador, comentarista, y conferencista.