Después de la aprobación de las reformas al Poder Judicial de la Federación y de la Supremacía Constitucional por las Cámaras de Diputados y Senadores y la mayoría de las legislaturas de los estados, los mexicanos fuimos testigos del proceso para la designación de la nueva ombudsperson que estará a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante los próximos cinco años, que se caracterizó por la simulación y el engaño para los aspirantes que ilusamente pensaron que tenían posibilidades de llegar al cargo y que los currículum vitae y la evaluación que llevó a cabo la Comisión designada por el Senado de la República sería objetiva e imparcial y que culminaría con una designación justa, alejada de intereses partidistas, pensando en lo mejor para una institución cuyo trabajo y resultados de los últimos cinco años, fueron desastrosos para las víctimas de violaciones a sus derechos humanos, donde su titular Rosario Piedra Ibarra, se puso del lado de las autoridades y en contra de los derechos de los ciudadanos.

El proceso en sí, significaba para muchos la última oportunidad para que al menos la institución que por mandato constitucional tiene a su cargo la defensa y protección de los derechos humanos, pudiera convertirse en un contrapeso para el oficialismo y con ello recobrara la confianza perdida por los ciudadanos, ante el pobre desempeño de su titular, quién se convirtió en una porrista oficial del gobierno y no tuvo empacho en hacerlo del dominio público, a sabiendas que su compromiso y lealtad estaban con la cuarta transformación bajo las órdenes del expresidente López Obrador, su principal impulsor y quien la propuso en el cargo.

Si la idea desde el principio fue de nueva cuenta imponer a Rosario Piedra Ibarra para un segundo período al frente de la CNDH, a pesar de su pésimo desempeño y evaluación, no tuvo ningún caso, abrir el proceso, sólo para que al final aún en contra del voto de la oposición y la negativa de las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos a darle su apoyo, se impusiera la línea de AMLO en contra de la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de que llegara a la posición la actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Nashieli Ramírez Hernández, quien fue además quién obtuvo la evaluación más alta de parte de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

Nada valió y el voto de la mayoría de los Senadores de Morena y sus aliados PT y PVEM siguió las instrucciones del expresidente AMLO y Rosario Piedra Ibarra fue reelecta por un período más al frente de la CNDH.

Como lo señalé en mi colaboración de la semana pasada, tuvieron mayor peso las cartas credenciales de Piedra Ibarra, como el entreguismo al actual gobierno, sus omisiones para intervenir en los casos graves de violaciones a derechos humanos ocurridas durante su gestión, el desmantelamiento de dos Consejos Consultivos que no pudieron trabajar con ella durante su gestión y su negativa a emitir recomendaciones en contra del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional en las 3500 quejas presentadas por ciudadanos y en las que en el 99% de los casos, le dio la razón a dichas autoridades y no protegió los derechos de las víctimas.

En otro país y en otro gobierno, lo anterior hubieran sido razones suficientes para mandar a Piedra Ibarra a su casa y dar oportunidad a otra persona para ocupar el cargo; sin embargo, en México, lo que menos preocupa al oficialismo son las críticas e inconformidad ciudadana, cuyos derechos humanos no son una prioridad, sino el contar con una ombudsperson comprometida con las autoridades y capaz de frenar cualquier escándalo que pudiera dañar la imagen del gobierno con sus recomendaciones.

Así, quien ganó con la designación de Piedra Ibarra, fue el oficialismo y las actuales autoridades y quienes perdimos somos los mexicanos, al no contar con un organismo autónomo e independiente, capaz de emitir recomendaciones en contra de las violaciones a derechos humanos y abusos de poder en los que ha incurrido el actual gobierno.

Respecto al triste papel del Senado, queda claro que sólo representan al partido que los nombró candidatos para llegar al cargo y con quién tienen comprometido su voto y no con los ciudadanos que los eligieron cuya opinión no les interesa, ni preocupa en lo más mínimo.

Sobre la reelección de Rosario Piedra Ibarra, la activista Itzel Checa, coordinadora del Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas señaló que “dicha reelección se suma a la erosión contra la democracia que se registra en México y apuntó que en México hay una disminución de controles y contrapesos (frente al oficialismo) donde se busca que el Poder ejecutivo, tenga una mayor concentración” agregó: “Al final volvió a prevalecer la utilidad para el Gobierno, su interés partidista y de proyectos de interés (..) con esta decisión, el segundo piso de la cuarta transformación también le está apostando a instituciones cómodas, que no generen ruido, sino que sean comparsa y cómplices del gobierno, en lugar de ser una voz que atienda a las víctimas y a violaciones en materia de derechos humanos. La transformación no va a llegar a los derechos humanos”.

Bajo dicha situación, me pregunto: ¿Qué ciudadano va a acudir a la CNDH a presentar una queja por violaciones a sus derechos humanos, a sabiendas de que esta actuará del lado del gobierno y que finalmente no obtendrá una recomendación a su favor?

Al final el costo del error de reelegir a Piedra Ibarra, lo pagaremos todos; por un lado, las autoridades, por demostrar públicamente su falta de compromiso con el respeto a los derechos humanos y por otro lado los ciudadanos a quienes se nos privó de poder contar con el apoyo de un organismo, autónomo, independiente e imparcial para defender los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna a nuestro favor.