“Los investigadores no podemos desentendernos de las variables políticas de las que depende la eventual adopción de nuestras recomendaciones. Una parte del juego de la eficacia de la ie está en nuestras manos, y tenemos que aprender este juego. Nuestro compromiso con la educación, si bien lo concebimos como un compromiso académico, es también un compromiso que se extiende a las responsabilidades ciudadanas y políticas, vinculadas con nuestro oficio profesional”.

Pablo Latapí Sarre. ¿Pueden los investigadores influir en la política educativa?

La semana pasada tocamos aquí el tema del XII Congreso Nacional de Investigación Educativa organizado por el Consejo Mexicano del mismo nombre (COMIE) que se realizó en la ciudad de Guanajuato del 18 al 22 de noviembre. En ese artículo señalamos la necesidad de ir progresivamente construyendo una relación virtuosa entre investigación educativa y política educativa para que las decisiones que orientan el rumbo del sistema educativo mexicano se sustenten en conocimiento científico y no en meras consideraciones políticas o económicas.

Con todo y cierta polémica generada en un pequeño grupo de investigadores miembros del COMIE que tienen una postura radicalmente opuesta a la reforma educativa debida a la presencia en el presidium de la inauguración del Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, el desarrollo del congreso mostró, desde mi punto de vista, un avance interesante en la línea de esta articulación entre investigación y política educativa.

En la enorme diversidad de temas que se abordaron en las más de mil cien ponencias y algunas decenas de conversaciones educativas y presentaciones de libros durante el congreso destacó como un tema fundamental durante toda la semana el de la reforma educativa.

En efecto, las mesas que mayor interés suscitaron y que más asistencia de público tuvieron dentro del programa del congreso fueron las relacionadas con el proceso de reforma educativa y sus características e implicaciones.

El martes, justo después de la inauguración se desarrolló una conversación educativa sobre el tema general de la reforma y en los días subsecuentes se llevaron a cabo mesas sobre federalización de la educación, profesionalización docente y evaluación, todas ellas relacionadas con los ejes de la reforma educativa en marcha. En estas conversaciones participaron actores clave del proceso de reforma, tanto del lado del gobierno –el secretario de educación del estado de Guanajuato, por ejemplo- y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) como del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), de organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos primero y académicos prestigiados que han estudiado y publicado reflexiones y análisis sobre el tema.

Si bien en la primera mesa con un salón totalmente rebasado en su capacidad, hubo un par de intervenciones que decepcionaron por presentar consignas y ocurrencias pseudo-críticas con muy poco sustento, en general predominaron las participaciones académicas bien argumentadas con posturas realmente críticas que reconocieron las partes positivas de los cambios legales y sus implicaciones operativas y señalaron los errores, vacíos y riesgos de esta base legal sobre la cual se busca construir una verdadera reforma de la educación en México.

Ante la expectativa de algunos docentes e investigadores participantes en el congreso de que los académicos participantes descalificaran de manera absoluta la reforma iniciada y avalaran las posturas de los grupos sindicales opositores, las ponencias y las respuestas a las preguntas del público derrumbaron muchos fantasmas y rumores que han circulado generando temores en el magisterio e invitaron a leer los cambios constitucionales y las leyes reglamentarias derivadas de ellos con seriedad y profundidad para formar un juicio más informado y objetivo de los alcances, limitaciones y posibles peligros de desviación de los cambios propuestos.

Llamó la atención el hecho de que todos los consejeros del nuevo INEE son investigadores miembros del COMIE, lo que habla de la apertura para construir esta articulación entre investigación educativa y políticas públicas en el sector y de la realidad de avance en el compromiso ciudadano y político de los investigadores educativos a partir de su compromiso académico con la mejora de la educación.

Ojalá que estos signos de esperanza hacia una reforma educativa en la que las políticas públicas que orienten las estrategias de mejora de nuestras escuelas, instancias directivas y prácticas educativas se basen en las recomendaciones de los investigadores que generan el conocimiento en el campo, se vayan haciendo realidad y manifestando en hechos concretos muy pronto.

Necesitamos una auténtica reforma educativa en el país y esta reforma será producto de nuestra presión como sociedad que mira al futuro y no de nuestra resistencia al cambio que pretende anclarnos en el pasado.