El 2 de diciembre de 2012 se firmó el denominado “Pacto por México”, en el cual los partidos políticos aprobaron un conjunto de reformas a implementar. Al respecto, se estableció la creación de un seguro de desempleo, que cubra a los trabajadores del sector formal asalariado al perder su trabajo (compromiso 4).

El seguro de desempleo, también denominado subsidio por desempleo, es un pago hecho por los gobiernos sólo a las personas que han cotizado durante el tiempo que estuvieron empleadas, suele ser estatal o público y responde al derecho de cobrar una cantidad determinada cuando se da la circunstancia del desempleo,  prestación que está establecida en la Ley de cada país.

Este seguro en algunos países suele cubrir un periodo de 6 meses, 1 año, 3 años o más dependiendo de las cotizaciones que hayan realizado los trabajadores. Es parte de la estructura general de la seguridad social y se considera uno de los reguladores automáticos de la economía. Es importante no confundirlo con las ayudas a desempleados que han agotado las prestaciones por desempleo contributivas a las que tenían derecho.

Otros países de Latinoamérica como Chile y Brasil, Uruguay y Venezuela también cuentan con el seguro. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) menciona que el seguro de desempleo no sólo depende de las finanzas del país, también de las condiciones del mercado laboral. En España la persona desempleada recibe dinero en función del tiempo que haya cotizado y su actividad; además de comprobar que se está buscando trabajo a través de unas boletas que se le expiden al desempleado en cada entrevista.

La propuesta de crear un seguro de desempleo, que se incluye en la iniciativa de reforma fiscal en México, otorgará a los trabajadores formales el 50%  de su sueldo durante cuatro meses si pierde su empleo, después otorgará un salario mínimo durante dos meses para alcanzar una cobertura total de seis.

Aunque la iniciativa es loable, presenta inconsistencias porque al parecer desconoce la realidad del mercado laboral mexicano al dejar fuera de esta prestación a casi 30 millones de personas que en el mercado informal trabajan sin ninguna prestación, con salarios inferiores permitidos por la Ley Federal de Trabajo. Datos de la OCDE arrojan que el 78% de los desempleados gana menos de 4 salarios mínimos, además México es el único país miembro que no cuenta con un apoyo de esta categoría.

En el 2001 la población desempleada era el 2.6%; en el 2011 de 5.2%. Las personas desempleadas se duplicaron en los últimos 10 años.

Derivado del Pacto por México, el seguro operaría un mes después de que las personas perdieran su trabajo, otorgando un apoyo mensual de poco más de un salario mínimo y tendría una duración de 3 a 6 meses.

Si lo analizamos, el tema del empleo es clave para implementar el seguro de desempleo ya que en México se tiene un severo problema en ese tema, que se resuelve parcialmente con la implementación de este beneficio.

El mercado informal y la migración son válvulas de escape para los desempleados, además generan otros problemas tales como la indigencia y delincuencia. Es bueno contar con el seguro de desempleo, pero es mucho más importante que los gobiernos locales y el gobierno federal fomenten fuentes de trabajo formalmente pagadas, que eviten la salida de fuerza laboral a EU y la fuga de cerebros.