Una de las partes más reveladoras del popular documental “De panzazo” que tuvo tanto éxito en su exhibición en los cines del país es la imposibilidad de responder a la pregunta acerca de cuántos profesores hay en el país tanto por parte de la entonces lideresa vitalicia del SNTE, Elba Esther Gordillo como por el mismo Secretario de Educación Pública, en ese momento el Mtro. Alonso Lujambio, ya fallecido.

Resulta increíble pero es aún hoy una triste realidad dentro del desastre que caracteriza en muchos elementos a nuestro sistema educativo esta inexistencia de información fidedigna sobre la cantidad de docentes en servicio y su asignación efectiva en las escuelas que funcionan en todo el territorio nacional.

Esta carencia de información es una muestra de la enorme opacidad del sistema de educación pública y se refleja en la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Según reportes de la organización “Mexicanos, primero”, el año pasado existían por ejemplo,  45 mil 753 profesores comisionados a tareas sindicales o administrativas, mismos que costaron al erario mil 727 millones 767 mil pesos. Esta información fue negada por el SNTE que presentó una cifra mucho menor de comisionados y calificó el informe de esta organización como una descalificación y una campaña contra el sindicalismo.

¿Cuál de las dos partes tenía razón en este debate? Con la información oficial disponible por la SEP y el SNTE resulta imposible saberlo con exactitud, aunque la experiencia y los datos sueltos a los que se tiene acceso constatan que existe ciertamente un gran número de docentes que reciben su sueldo sin estar frente a grupo porque se encuentran comisionados por el sindicato para otras tareas, no necesariamente relacionadas con la educación.

Así como no existe información fiel acerca del número de profesores en activo en el país, la sociedad y seguramente la misma secretaría carecen de información sobre el estado físico de las escuelas, su equipamiento y mobiliario, el estado de las instalaciones, el funcionamiento cotidiano en las aulas, etc.

Con el fin de subsanar esta enorme carencia de información y en la línea de contar con los elementos indispensables para la toma de decisiones en el contexto de la reforma educativa en proceso de construcción, se está llevando a cabo del 26 de septiembre al 29 de noviembre el Censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial.

El censo lo está aplicando el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) a nivel federal y recogerá información de los directores, profesores, padres de familia y estudiantes para obtener una base de datos estadísticos sobre las características actuales de las escuelas, supervisores, directores, profesores y alumnos.

“Durante el Censo se ubicará geográficamente el total de los centros de trabajo,

se obtendrá información de la infraestructura instalada, servicios, equipamiento

y condiciones de los inmuebles donde se imparte la educación básica y especial” indica el boletín no. 379 emitido por la SEP.

En cada escuela se va a identificar a la totalidad de docentes y empleados administrativos, reportando las características de sus plazas, escolaridad y las funciones que realizan así como la capacitación que han recibido y los programas en que participan, así como las asignaturas y horas de clases que imparten a la semana.

Este trabajo representa un enorme esfuerzo para el que el INEGI contrató y capacitó a más de catorce mil personas en todo el país.  Los resultados preliminares se entregarán el 16 de diciembre.

No resulta raro que entre los grupos del SNTE y de la CNTE que se oponen a la reforma educativa haya surgido una enorme oposición a la realización del censo. Se ha llegado incluso a circular por las redes sociales un panfleto en el que se hacen inferencias inverosímiles acerca de las finalidades del censo y se invita a no responder a las preguntas que incluye el cuestionario.

La oposición es comprensible puesto que la información veraz y transparente permitirá al gobierno y a la sociedad conocer las múltiples irregularidades que existen en el sistema y que tienen beneficiarios concretos con nombres y apellidos. La opacidad es siempre una fuente de la que se benefician las personas y grupos –dentro del gobierno, de los grupos sindicales y las escuelas- que funcionan con base en decisiones políticas discrecionales y no sustentados en el trabajo sistemático y profesional.

La sociedad es quien paga con sus impuestos el funcionamiento del sistema educativo y los salarios de los supervisores, directores y profesores en todo el país y tiene por ello derecho a conocer el estado en que se encuentran las escuelas y el número y grado de cumplimiento de las personas que se encuentran en la nómina del sistema educativo.

Porque así como “saber es poder”, en el caso de la opacidad que priva en muchas instituciones públicas como es el caso de nuestras escuelas, también “no saber es poder” para quienes no quieren rendir cuentas de sus acciones y de los recursos públicos que reciben.