El principal objetivo de cualquier medida a adoptar en materia fiscal debiera ser el disponer de mayores recursos para financiar el desarrollo social y propiciar las condiciones de equidad y acceso al bienestar para el más amplio número de personas, especialmente las provenientes de aquellos sectores de población con mayores niveles de marginación y exclusión, o que por sus particulares condiciones encuentren obstaculizado su acceso a los satisfactores necesarios en materia de educación, salud, alimentación y demás necesidades básicas. Naturalmente, las políticas a adoptar en materia de desarrollo social debieran trascender la óptica paternalista y meramente asistencial que más que lograr la superación de condiciones adversas, las perpetúan en aras de intereses clientelares y populistas.

Ninguna doctrina económica desaconseja la instrumentación de políticas públicas orientadas a propiciar esas condiciones de equidad y bienestar; aun los más recalcitrantes enfoques neoliberales en materia económica contemplan la necesidad de salvaguardar la inclusión social desde la perspectiva de asegurar la igualdad de oportunidades para todos, lo que de ninguna manera supone un Estado propietario. De hecho, el padre del monetarismo, Milton Friedman, reserva al Estado la intervención en economía  a partir del monopolio estatal en dos aspectos fundamentales del quehacer económico nacional: la política monetaria y la política fiscal, las cuales se esperaría que fueran utilizadas desde la perspectiva del interés general de la sociedad, y no en privilegio de determinados sectores.

La política fiscal asume la función de ser palanca del desarrollo social si se trasciende el esquema meramente recaudador de “tener más para gastar más” (incluso si, eventualmente, se “gastara mejor”) y se la plantea como herramienta para incentivar la productividad, la creación de empleos formales, la innovación productiva, así como la equidad y la justa distribución de la riqueza social mediante esquemas de inversión pública en infraestructura, investigación, educación y cultura, lo que implicaría que un estado puede ser fuerte en cuanto a su papel en la economía, el crecimiento y el desarrollo social, sin necesariamente generar una burocracia onerosa.

Una elemental racionalidad indicaría que para llevar cabo una eficiente labor en materia de desarrollo, el Estado ha de contar con solidez de recursos, pero también sin duda con una claridad en cuanto a las prioridades y los mecanismos de inversión para que ésta se traduzca en reales incentivos, y no en medidas coyunturales que se limiten a ser paliativos de los grandes y muy urgentes problemas de desigualdad, exclusión y marginación que hasta hoy día se padecen en México por parte de amplios sectores sociales. Evidentemente, para la consecución de este objetivo es indispensable superar los endémicos problemas de corrupción, simulación y connivencia que persistentemente  se registran en la administración pública y que representan una considerable sangría de recursos fiscales que se privatizan ilegalmente.

En todas estas tereas (incremento de la base fiscal gravable, eficiencia en el gasto público y escrupuloso manejo de los recursos) es insustituible la participación de la ciudadanía a la que se supone estarán dirigidas las políticas de beneficio social. El acompañamiento de los grupos sociales en los planes de desarrollo y en los programas de apoyo, la fiscalización ciudadana sobre la gestión y el uso de los recursos públicos (mediante los esquemas de transparencia, presupuestos participativos y rendición de cuentas, por ejemplo), así como el evitar las prácticas evasivas en  materia de pago de impuestos son responsabilidades ciudadanas tan indispensables como el combate a la corrupción o la instrumentación de políticas públicas eficientes orientadas al desarrollo.

Al parecer, la propuesta de reforma fiscal presentada la víspera por el presidente de la República, incorpora importantes e innovadores conceptos, así como algunas de las más sentidas demandas en materia de equidad recaudatoria y preservación de los esquemas impositivos especiales en cuanto a alimentos y medicinas, lo mismo que la instrumentación de pensiones a adultos mayores y la creación del seguro de desempleo, entre otras. Sin duda, como toda propuesta, es perfectible y se le incorporarán algunas observaciones y adiciones; pero lo más relevante es que en la actual coyuntura, en la que están planteadas otras iniciativas de reforma, como la energética, esta propuesta podría significar una importante plataforma en la que --desde una perspectiva integral y de mediano plazo-- se articulen otras medidas orientadas por el superior propósito de obtener mayores niveles de bienestar, seguridad y desarrollo para los mexicanos.

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