De entrada uno se resiste a llamar profesores a quienes han hecho de la holganza y la protesta anti todo, un rentable modus vivendi. No todos son así, siempre hay que aclarar. Pero la proporción de quienes son  auténticos y respetables maestros en nuestro país  es cada vez menor, para este caso y para todos.

El maestro ejemplar que muchos recordamos es una especie en extinción. Los farsantes y ganapanes con disfraz de docentes son la espesura.

Lo que sucede es que la generalización da trato de paquete al conflicto magisterial, y en esa maraña hay mucho mar de fondo, con responsables y cómplices.

Intentando depurar este ente anárquico que es  la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) habrá que convenir que nada la hace diferente a su grupo matriz, el SNTE. Son como  el escorpión de la fábula: fieles a su naturaleza.

Mismos vicios, mismos procederes: hablar a nombre de la democracia pero sin democracia. Exigencia eterna de derechos y privilegios, pero sin deberes. Arrancarle al poder público prebendas y privilegios, pero sin evaluaciones ni control de calidad.

Viene de origen y tiempo atrás la maraña de intereses burdos y abusivos lo que hoy se ha convertido en un problema con efectos casi catastróficos en la capital del país. Y el sindicato petrolero, de paso hay que decirlo, es otra rama igual, del mismo árbol.

Para empezar, son miles los profesores improvisados, que sin profesión ni vocación defienden plazas vitalicias con un montón de privilegios que siempre “conquistó” y protegió lo mismo el SNTE que la CNTE.  A eso hay que añadir los miles y miles de “profesores” comisionados  del sindicato, que llevan años sin pararse en  un salón de clases por andar en negocios sindicales o cargos públicos.

Ese “orden”  espantoso de podredumbre, privilegios, fraude a la nación, jineteo brutal de cuotas sindicales siempre ha existido y ha sido intocable lo mismo para  el PAN que para  el PRI en la cúpula del poder federal, y por gobernadores perredistas y de todos los partidos  en los estados.

 Esta sarta de delincuentes es intocable, porque han sido carne de cañón y sostén del sistema por décadas. En época electoral, esta cáfila es la responsable de aceitar la maquinaria del fraude.

Son quienes hacen el trabajo sucio en todas partes, en todos los estados y municipios y al amparo de todos los gobernadores y presidentes. No hay excepción. Los que están en la cumbre y pagan todos son clientes; los de abajo,  los “plomeros”,  no ven color, ven dinero, privilegios, nóminas y explotación.

El binomio ha estado unido por lazos férreos, hasta producir engendros demoniacos en todos sentidos, como Elba Esther, la obra más acabada de este modelo de corrupción, impunidad y nepotismo, cuya sanción fue por disentir de los intereses estratégicos gubernamentales, no por la montaña delictuosa que edificó y  la sostuvo y que, por cierto, está prácticamente intacta en ese gremio.

El presidente Peña Nieto dijo  en su toma de posesión que instruía en ese momento al INEGI,  a hacer un censo para conocer realmente cuántos maestros hay en el país, quienes trabajan y qué hacen, y quienes no. A casi un año de distancia, ni siquiera ese punto de partida, el piso del asunto, ha podido quedar claro a pesar de la orden y el poder presidencial.

Un problema empieza a resolverse cuando del mismo se tiene una definición clara y precisa; cuando se tienen alternativas de solución y, de cara al país y con la ley en la mano, se fija el rumbo que habrá de tomarse para darle una solución integral. Eso no existe hasta ahora.

La ley de educación ha sido aprobada por mayoría en las cámaras, las leyes reglamentarias están en proceso de discusión.

Estos trámites, con todo y lo viciado que puedan  ser,  no es admisible,  a ningún precio,  que puedan ser violentados y dinamitados  por grupos de salteadores que subvierten  el orden dañando (no sólo afectando) a terceros por miles en la capital del país, igual que lo hicieron antes, durante meses, en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas y otros estados, bloqueando y destruyendo vías e inmuebles  con  absoluta impunidad.

Y sin que los gobiernos estatales y federal  movieran un solo dedo.  Esta complicidad de ayer y de ahora no se excluye de los componentes del conflicto que hoy estalla.

El gobierno federal tiene frente a sí una oportunidad histórica para acometer una solución a fondo en este flanco de la vida del país, a partir de una revisión y rectificación profunda. Tiene las palancas en la mano, es su momento, si quiere, tiene la ley y la razón de su parte.

Y que quede claro: no se trata de cancelar el derecho a la libre manifestación y de apelar al  recurso nefasto de la represión ciega.

Pero se requiere una decisión de estado, una voluntad política que rompa con los intereses creados y toque, en las raíces, un problema que preocupa a la gente, la mantiene irritada, y es uno de los grandes diques que frena a la nación.

Temo que, una vez más, el gobierno se incline a favor de mantener el statu quo, en lugar de inaugurar  un encuentro  realmente  profundo y trascendente con la sociedad que gobierna y dice querer cambiar.

xgt49@yahoo.com.mx