El 28 de diciembre de 1982, día de los Santos inocentes, reducido a  fiesta “chunga” del folklore mexicano, que después de recibir algo en préstamo, al prestamista se le declama: “pobrecita palomita que te has dejado engañar, sabiendo que en este día nada se debe prestar”. En esa fecha el Diario Oficial de la Federación publicó la reforma  base del nuevo derecho económico mexicano, derribando al Estado social de la revolución mexicana y levantando los muros del Estado neoliberal: reino de la libertad individual, de la propiedad privada y de un sector público mínimo.

La nueva construcción de México neoliberal fue obra del PRI, bajo su hegemonía como partido gobernante y mayoría absoluta en el Poder legislativo. Se comprometió ante los organismos financieros internacionales a hacer reformas estructurales como requisito para salir de la crisis económica que en esa coyuntura se padecía, compromiso cumplido con la creación del capítulo económica de la Constitución.  Ahí se introdujo un nuevo léxico constitucionalista: Estado rector, contrario al Estado interventor en la economía; planeación democrática, contrario al populismo desmesurado del echeverrismo y lopezportillismo; delimitación de tres sectores de la economía: privado con protección de la propiedad privada; social, con empresas de trabajadores encaminadas en el mediano plazo hacia la adopción de prácticas de comercialización eficiente dentro de la lógica de competencia de mercado, y también bastión ideológico que escondía el desmantelamiento del nacionalismo revolucionario; y, sector público para dejar delimitado el campo de acción de las empresas del gobierno en dos niveles: 1) una con explotación y administración al cien por ciento, bajo la denominación de áreas estratégicas, y 2) otras entidades con posibilidad de mantenerse  en propiedad del Estado, pero entregadas al sector privado para su explotación. Otros conceptos llegaron como productividad y equidad social para premiar competitividad frente a pobreza extrema.

Así, el día de los inocentes mexicano y la reforma del Estado que se hizo pública en 1982,  dejó dentro del sector público dos  cajones: 1.- áreas estratégicas, y 2.- áreas prioritarias, de donde dependiendo de las presiones exteriores e interiores, particularmente del sector privado, los objetos emigrarían del cajón 1 al 2, y de ahí pasarían al sector privado si no había mayor problemas social y era necesario. O en el mejor o peor de los casos, dependiendo de donde este parado en analista, podrían salir de las áreas estratégicas –cajón1- directamente al sector privado. Porque reformando al artículo 28 constitucional hasta 1988 el PRI con su fuerza pudo hacer las reformas que le fueron exigidas. Dejando como intocables ferrocarriles, energía, petróleo, y petroquímica básica, por razones históricas, de legitimidad y de continuidad en la presidencia de la república:

Salieron del control estatal: bancos y telecomunicaciones, así como la privatización de cientos de paraestatales que de (1155) registradas en 1982, en 1994 solamente quedaban alrededor de (240). Después de las elecciones de 1988, las reformas fueron acuerdo coincidente del PRI y del PAN (PRIAN). En 1992 con reforma al artículo 27 constitucional se abrió el camino a la privatización del ejido; y el último cambio fue el salto de Ferrocarriles de las áreas estratégicas a las áreas prioritarias. El regreso del PRI a los Pinos está a la vista, llega a cumplir su palabra empeñada hace treinta años a los organismos financieros internacionales –inocentados a ellos y al pueblo de México-, llega para introducir al sector privado en el campo energético. Para hacerlo lleva de su lado al PAN y un mínimo de legisladores perredistas, a todos los une algo en común, la extinción de la ideología de la revolución mexicana y el odio al rescoldo nacionalista que les produce ilegitimidad.