Ahora que de nueva cuenta se debate otra reforma política sin que se haya puesto en práctica la última llevada a cabo al final de la administración calderonista y entrada de la administración peñista, vale tener presente que en el nuevo siglo XXI el titular del poder ejecutivo ha quedado fuera, dejando en manos del Poder legislativo el protagonismo de la responsabilidad de actualizar el pacto y acuerdo institucional constitucional. Pero debe destacarse que el protagonismo se lo ha adjudicado la cámara de senadores.

En el caso de la reforma política de 2007, fue el resultado de un proceso institucional tejido de forma magistral en la Cámara representativa del poder federal –el senado- quien a través del impulso de una Ley denominada de Reforma del Estado, se propuso entre un conjunto de compromisos asumidos en materia de reingeniería institucional, impulsar una reforma política. se destaca el hecho de fue la primera reforma electoral mexicana en la cual el protagonismo del poder ejecutivo fue reducido, si no es que eliminado, concentrándose la tarea en los senadores, particularmente los que integraban la fracción parlamentaria del PRI, quizá como un ejercicio de federalismo, quizá como un ejercicio de reconocimiento y alianza de un presidente de la república que había sido muy golpeado en el proceso solemne de toma de su posesión, y quizá también como un ejercicio para la recuperación de la institucionalidad y constitucionalidad del poder público, muy cascado en las elecciones del año 2006.

Reforma que vino a refrescar al sistema político electoral mexicano produciendo nuevos microsistemas en donde la transparencia, la rendición de cuentas de los partidos políticos, destacando de manera particular la homologación constitucional de los comicios estatales con los federales, para evitar el echar montón  partidista en las elecciones de los Estados, asimismo, no debe olvidarse el proceso de estatización del uso de medios de comunicación masiva, que abrió una herida en el sector empresarial de la comunicación pública, que aun no se ha cerrado. Transformaciones legales que fueron puestas a prueba en los proceso federales de 2009 y 2012 y las nuevas prácticas de violación de la libertad de elegir exigieron nuevas reformas.

Y en la reforma electoral de la transición de un sexenio a otro, cuando primeramente el PRI había enarbolado la bandera de la república semi presidencial o si se prefiere cuasi parlamentaria, ante la alta posibilidad de que dicho partido político regresaría a tener en sus manos la titularidad del poder ejecutivo, en plenos debates parlamentarios la representación política tricolor, reorientó el sentido reformista  para apuntalar en la medida de lo posible la recuperación de un presidencialismo mínimo. Las iniciativas preferentes en manos del ejecutivo, fueron la muestra de la reivindicación presidencialista y el abandono de la puerta hacia un dudoso parlamentarismo. Por supuesto que también se debió dar cumplimiento al reclamo internacional de respetar la voluntad cívica y ciudadana de aquellos mexicanos que quisieran buscar un puesto de representación como candidatos ciudadanos, alejados de los partidos políticos que se han cartelizado.

Hoy día, con el reconocimiento de poder a las dirigencias de los partidos políticos opositores al PRI, producidas por el Pacto por México,  se produjo una disputa entre senadores del PRD y PAN y dirigentes del PAN y PRD, para utilizar la reformas política, es cierto para avanzar en el proceso de transformación política, pero también en contar con un recurso excelente de intercambio reformista. Finalmente, el Legislativo federal mexicano está asumiendo su oficio y responsabilidad constitucional y sin lugar a dudas será para beneficio de la democracia mexicana.