La irrupción de elementos de la policía municipal en las instalaciones del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ha puesto nuevamente sobre la mesa universitaria la discusión en torno a la justificación ideológica y política de la autonomía de la que gozan algunas universidades públicas, las de mayor arraigo social y académico.

Por una parte están quienes afirman que la autonomía sólo ha servido para encubrir el uso discrecional por parte de las autoridades, de los recursos económicos entregados por los gobiernos federal y estatal. La autonomía ha servido, entre otras cosas, para generar una enorme burocracia que se reproduce y crece incesantemente en demérito de las funciones sustantivas de la universidad, la docencia y la investigación, a cargo de docentes y estudiantes.

Por otra parte están quienes piensan que la autonomía, concretada en la libertad de cátedra e investigación, es consustancial a una institución educativa en la medida en que la educación tiene como objetivo central la formación de personas que se identifican por gozar de un conjunto de derechos y libertades: derecho a la educación fundada en el progreso científico y contraria a los prejuicios, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de culto, libertad de trabajo, libertad de tránsito, y todos aquellos derivados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es indudable que ambas posiciones se sustentan en distintas experiencias y resultados de la aplicación de las políticas públicas en materia de educación, políticas que han pervertido el sentido auténtico de la autonomía universitaria.

Mientras no se concibió a la educación superior como un instrumento al servicio del mercado, las universidades, incluida la BUAP, tenían que salir a las calles para demandar el subsidio suficiente para cumplir con su tarea educativa. La falta de recursos y de su suministro oportuno era el mecanismo empleado para disminuir el impacto social de las instituciones educativas. El movimiento del 68 es el más claro ejemplo.

En el caso de nuestra universidad el movimiento de Reforma Universitaria iniciado en los sesenta nos llevó a establecer una estructura académica y de gobierno verdaderamente autónoma que sentó las bases del impactante desarrollo y crecimiento de la BUAP.

Sin embargo, los gobiernos a partir de los ochenta implantaron nuevas formas de administrar los recursos a las universidades de manera tal que se instauró la evaluación individual como la panacea para resolver cualquier problema generado en las instituciones autónomas de educación superior, tanto problemas académicos, como económicos y políticos.

Si los(as) jóvenes no logran entrar a la universidad es porque no aprueban el examen de admisión.

Si los(as) docentes no tienen el salario que corresponde a sus años de estudio y preparación y al trabajo que desempeñan es porque no alcanzan el puntaje en su evaluación.

Las sucesivas políticas públicas en materia de educación superior han usado estas “soluciones” para pulverizar a la comunidad universitaria y convertirla en una suma de individuos, sean estudiantes o docentes.

Por esta razón, la politización, como tarea educativa central, dejó su lugar a la lotería de las oportunidades, a la lotería del mérito individual, sustentado en la panacea de la evaluación.

Paradójicamente, quienes valoran la importancia de la democratización en la conducción universitaria y la imperiosa necesidad de una administración transparente se sienten atrapados en un dilema: o autonomía o transparencia en el uso de los recursos.

Sin embargo, este es un falso dilema. Es como si nos dijeran que tenemos que escoger entre tener libertad o seguridad. El Estado tiene la obligación de proveer ambas. Y si no, ¿qué sentido tiene la salvaguarda de estos derechos y libertades prescrita por la Constitución en sus distintos artículos y todos los tratados internacionales, con los mismos objetivos, firmados por nuestro país?

Es cierto que hemos experimentado reveses por parte de las autoridades universitarias, así como por parte de las tres ramas de poder en los distintos niveles de gobierno, y justo por esto no debemos renunciar a una de las conquistas más trascendentes de las y los universitarios.

¿No les parece a ustedes de la mayor importancia reivindicar la inviolabilidad de la autonomía universitaria en todos sus aspectos? La inviolabilidad de sus recintos, la inviolabilidad de la organización político-académica, la inviolabilidad de la legislación universitaria y la inviolabilidad ideológica.