Con la reforma política y electoral que está concluyendo en su respectivo proceso legislativo, que tuvo como referentes un conjunto de propuestas que se vinieron exponiendo por las principales fuerzas políticas: PRI, PAN y PRD, por lo menos desde los resultados de las elecciones federales de 2006, y que muy a pesar de los esfuerzos en las reformas 2007, y 2012, no llevaron a salidas satisfactorias. Hoy se retoman varias propuestas, y por supuesto de ellas se hizo un coctel que no satisface a todo mundo, pero alcanza los consensos mínimos, con los asegunes del PRD, quien se adjudica ser el autor del INE, y que en la propuesta de reforma conjunta que presentaron Camacho, Cordero y Barbosa, si bien, no se tomó todo, varios puntos están incluidos.

Por cierto que el centro de la reforma es lo que tiene a una parte importante de políticos, muy molestos y dispuestos a descalificar el trabajo legislativo, ese centro no es otro que: la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), que sustituirá al Instituto Federal Electoral (IFE), como este en 1990 sustituyó a la CFE,  y esta sustituyó a la Comisión federal de Vigilancia Electora, que es la fuente institucional del sistema electoral mexicano moderno. Institución que de estar en manos del gobierno, de dos secretarías de estado y del PRI al principio en 1946, con la cual se formalizó el sistema mexicano de partidos políticos, fue madurando para quedar en manos de la secretaría de gobernación, luego de la sociedad, pero atrapada por acuerdos entre los tres principales partidos políticos, institución que no obstante su ciudadanización, en los últimos años sufrió severos enfrentamientos, como su deslegitimación por el PRD a la segunda generación del Consejo general rumbo a las elecciones 2006; el funcionamiento incompleto del Consejo general por falta de acuerdos políticos en la Cámara de diputados; la renuncia del Consejero Sergio García Ramírez, la complejización de funciones organizativas de elecciones y de fiscalización a campañas y partidos políticos.

Pero quizá el mayor problema no se dio en el seno del IFE, sino en el ejercicio electoral mexicano en las entidades federativas, que reprodujeron mal, muy mal el modelo de “ciudadanización” de los organismos electorales estatales, atrapados por los gobernadores, considerándolos una extensión de puestos bien remunerados y llevando a empleados y personal totalmente desvinculado de la función electoral. Esto es, los gobernadores de todos los partidos políticos, asesinaron la ciudadanización de los organismos electorales estatales, y gracias a la existencia del juicio de revisión constitucional en materia electoral, y otros recursos, se podía mantener la gobernabilidad estatal.

El número de consejeros subirá de nueve a 11. Se mantendrá el método de selección actual, lo que significa que seguirá eligiéndolos la Cámara de Diputados por mayoría calificada, esto es, dos tercios del pleno. El INE no organizará todas las elecciones, sino que se encargará principalmente de las federales y se coordinará con los órganos estatales para las locales. Podrá organizar contiendas en los estados a petición de una entidad o atraerlas cuando considere que pueda haber inequidad. Además, Los órganos electorales estatales adquirirán más libertad, su número de consejeros se homologará a siete, y serán nombrados por el INE. Así prácticamente se crea un cuarto poder público: el Poder Electoral, como ya existe en otros estados nacionales, abriendo un nuevo rumbo ele derecho electoral mexicano, que mira hacia la regulación de un fenómeno político nuevo: El gobierno de Coalición, gobierno que por cierto en los estados ha resultado contrario a la democracia al producir por falta de reglas, un ejercicio personalizado del poder contrario al gobierno democrático que se caracteriza por ser un gobierno de leyes y no de hombres.