En contraparte, las instituciones electorales y, en general, los agentes democráticos, deben operar para garantizar la prevalencia de esa incertidumbre propiciando condiciones de equidad y estabilidad entre los contendientes y, sobre todo, de cara a la ciudadanía; para asegurar que el acceso a las urnas y la participación electoral ocurra en condiciones de civilidad y paz social. En esa lógica, el proceso electoral y el día de la jornada cobran una especial importancia no solamente en cuanto a lo que hace a la definición de quienes obtuvieron el voto mayoritario de los electores, sino en cuanto al fortalecimiento de la vida institucional y la credibilidad de la política.

Desde una perspectiva de mayor alcance, todo aquello que inhiba las condiciones de incertidumbre acerca de los resultados electorales y afecte las condiciones de estabilidad, paz social y seguridad en torno al proceso, no solamente repercute en lo inmediato trastocando la institucionalidad político-electoral, sino que además supone una afectación a la vida democrática de una sociedad, lo cual implica una problemática mayor en el sentido de desvirtuar los mecanismos de representación ciudadana, así como de definición y de resolución de la agenda pública.

Así las cosas, el contexto en que ocurrirán las catorce elecciones locales, definido por la instauración de un gobierno federal priísta de alternancia, se complementa en algunas de esas entidades con el hecho de tratarse de las primeras elecciones a efectuarse tras el fenómeno de la propia alternancia en los gobiernos estatales de Oaxaca, Sinaloa y Puebla, donde hace dos años candidatos impulsados por coaliciones integradas por partidos de oposición lograron imponerse a sendos abanderados priístas  Hoy que el Partido Revolucionario Institucional está de vuelta en el gobierno federal, resulta lógico suponer la existencia de distintas implicaciones y supuestos que delinearán los grandes ejes en que discurrirán los procesos electorales locales y que les otorgan características específicas, en algunos casos inéditas, que las vuelven –además de más interesantes-- procesos que requieren mucho más pulcritud y mesura en su desahogo.

Como puede observarse, los principales rasgos que enmarcan esta coyuntura rebasan los respectivos ámbitos locales de las elecciones en catorce entidades y se insertan en una lógica política de alcance nacional que en su sentido final supone la posibilidad de una reconfiguración del poder político en el país de cara, sobre todo, a los seis procesos electorales locales que ya asoman en el itinerario político-electoral de nuestro país en el 2014 (diputados locales y ayuntamientos en Baja California Sur, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Nayarit y Michoacán) pero, más trascendental aun: los respectivos procesos electorales locales de 2015, que involucran a quince entidades, y las elecciones federales intermedias para renovar la Cámara de Diputados.

Así, las elecciones del próximo domingo siete de julio –de por sí relevantes en la vida política local-- cobran una mucho mayor relevancia e insoslayables implicaciones estratégicas si se las observa como referente de los nuevos equilibrios políticos en el escenario político nacional de aquí a uno o dos años. Ante todo ello, acude a la memoria aquella críptica frase atribuida a Fidel Velázquez, el histórico líder cetemista y pilar del entramado político mexicano hasta su fallecimiento: “en toda elección, hay candidatos que no pueden perder y otros que no tienen permiso para ganar… en política hay veces que, perdiendo, también se gana.”

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