El conflicto religioso denunciado por la comunidad nahua de San Pedro Cuaco o San Pedro Benito Juárez en contra de la Arquidiócesis de Puebla escaló un nuevo peldaño, luego de que un grupo cercano al párroco Bartolo Lara Bernardo y caciques políticos locales, rompió cerraduras de la parroquia de San Pedro y San Pablo para clausurarlo.

Habitantes que defienden su autonomía y prácticas religiosas tomaron la presidencia para exigir a autoridades respuestas a sus denuncias del asedio religioso que viven hace 8 años.

Integrantes de pueblos nahuas perteneciente al municipio de Atlixco, que piden respeto a su sistema de cargos y el derecho a su espiritualidad y fe, realizaron este domingo 12 de mayo, la toma pacífica la Presidencia Auxiliar para exigir un alto a las prácticas que han usado tanto autoridades civiles como eclesiásticas para desmantelar sus Usos y Costumbres, que se han mantenido vigentes por siglos.

“Hoy en Asamblea Comunitaria, la comunidad decide tomar de manera pacífica la presidencia de la Junta Auxiliar en la búsqueda de la solución a la situación de conflicto que ha lastimado y mantiene dividida a la comunidad a causa de los párrocos, en últimos años, de Bartolo Lara Bernardo y la Arquidiócesis de Puebla. Se le exige al presidente auxiliar Gabriel Silva Lozano y a la administración municipal, retire a las personas que irrumpieron las instalaciones de nuestra parroquia”, escribieron en sus redes sociales.

La denuncia contra la Arquidiócesis de Puebla impuesta por el pueblo originario de San Pedro Cuaco en Atlixco desde 2016 por desconocer el sistema de cargos de fiscales y mayordomos y por castigarlos sin servicios religiosos, negando que en ese pueblo se realizaran misas y los sacramentos, iniciando la división atendiendo solo a su grupo de seguidores que no se oponían a las pretensiones de los párrocos , ha sido integrado al padrón de ‘conflictos religiosos’ en el estado, a la fecha ignorado, pese a las reiteradas denuncias, llamados y quejas que ha interpuesto la comunidad.

La reciente alerta fue advertida a la Secretaría de Gobernación de Atlixco por abogadas indígenas que pedían medidas cautelares para las autoridades tradicionales (mayordomías y fiscales) pues consideraron que en el lugar se vive una “Emergencia comunitaria”

“En cualquier momento puede estallar la violencia y romperse el orden público derivado de las provocaciones del grupo minoritario manipulado por el párroco Bartolo Lara Bernardo, caciques y el presidente auxiliar Gabriel Silva Lozano”, citan en un oficio girado a autoridades.

No al diálogo y resolución en secreto

En entrevista con pobladores que han mantenido una resistencia contra la Arquidiócesis aseguraron que no cederían a las presiones para “mantener un diálogo interno” por lo que con el acto de protesta no sólo exigieron al presidente auxiliar y a la administración municipal de Atlixco que retire a las personas que ingresaron y dañaron la parroquia, dada su obligación mantener la paz de la comunidad, y resguardar los bienes nacionales.

Llamaron a la Secretaría de Cultura Federal y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a que realicen una visita a la parroquia y archivo histórico para verificar la existencia de daños a este monumento histórico del siglo XVI que pudieran haber causado con este ingreso violento.

A Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador el Estado y la Secretaría de Gobernación le llamaron a la pronta atención de sus peticiones con intervención de la Comisión Nacional para el Dialogo con Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, para asegurar que la solución se determine con perspectiva intercultural y antirracista.

También convocaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) para la defensa a los derechos humanos en este proceso de lucha, especialmente bajo el principio de mínima intervención del sistema penal; así como a la colectivas y organizaciones sociales “para que apoyen difundiendo y estando alertas de esta situación de tensión y tristeza para nuestra comunidad”

Espiritualidad y autonomía nahua está bajo asedio

Pobladores de la comunidad de San Pedro Benito Juárez, originalmente conocida como San Pedro Coaco, situada a 8 kilómetros de las faldas del Popocatépetl, señalan que el pueblo nahua cuenta con documentos que datan del año 1550 y que la comunidad ha mantenido un patrimonio histórico notable, incluyendo un templo del siglo XVI y diversos lienzos coloniales, además de un sistema de cargos tradicionales que ha regulado su vida social durante siglos.

“Conservamos una forma de organización comunitaria que nos enseñaron nuestros padres y abuelos, en nuestra parroquia nos organizamos los fiscales, mayordomos, devotados, coheteros, campaneros, colectores, de limpieza...Lo que defendemos es el respeto a nuestras funciones de Fiscales y Mayordomos, a la administración de nuestros archivos pues desde hace centurias, es herencia cultural y parte de nuestra organización y el cuidado de nuestra parroquia”, sostienen públicamente.

Recientemente denunciaron que el pasado 28 de abril un grupo instigado por el párroco Bartolo Lara Bernardo y caciques políticos locales, ingresó violentamente a la parroquia de San Pedro y San Pablo. Este acto no solo incluyó la ruptura de las cerraduras del templo sino también amenazas directas a la integridad de los pobladores, incluyendo niñas, niños y personas adultas mayores.

Alertaron que también se había desatado una cacería contra pobladores que defienden su autonomía y sus prácticas ancestrales. En un comunicado, los pobladores señalaron que los rumores que intentaban intimidar y silenciar a quienes defienden sus tradiciones y autonomía, habían sido denunciados ante la Fiscalía General de la República y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla.

Conflicto religioso a 8 años de ser denunciado

De acuerdo con pobladores, el conflicto actual comenzó hace ocho años, tras un cambio en la administración parroquial que desafió el manejo tradicional de los archivos y limosnas de la comunidad nahua.

“Ya había oposición inicial de los fiscales y mayordomos a la alteración del manejo tradicional, pero la situación se agravó con la llegada del Párroco Bartolo Lara Bernardo, quien, lejos de respetar las costumbres locales, se alió con figuras políticas y exacerbó las tensiones. Las promesas de respeto dadas a su llegada pronto se convirtieron en acciones que fomentaron la división y el conflicto.

“Estas disputas no sólo han alterado la administración de los rituales religiosos y las celebraciones comunitarias, sino que también han amenazado la estructura misma del sistema de cargos de la comunidad, un pilar de su identidad y gobernanza interna”, describen

Ante esta embestida la comunidad ha optado por la defensa de sus derechos por la vía judicial, mediante el Juicio de Amparo 1285/2023, actualmente en revisión por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, bajo el expediente 944/2023.

Desde mediados de 2016 la comunidad se ha mantenido en resistencia en contra de las autoridades de la iglesia católica que ordenaron la desaparición de la parroquia y pidieron a los fiscales, que entregaran las llaves del templo y el archivo que ha estado a cargo de esa comunidad desde la época colonial.

Arquidiócesis, en el centro de la denuncia

Pobladores señalan a la Arquidiócesis de Puebla por desconocer y destruir la organización comunitaria (Fiscales y mayordomos) y despojarles de la administración y cuidado de la parroquia de San Pedro y San Pablo. “ Se ha hecho de todo para desconocer la normatividad de la comunidad para tener el control del templo católico que data del siglo XVI, custodiado por autoridades tradicionales y feligreses desde hace siglos  En últimas acciones el Párroco quiso imponer a fiscales de sus intereses por lo que se ha caminado en diversas instituciones por el respeto a nuestros derechos como comunidad de pueblos originarios”

“Los párrocos Humberto Victoria Martínez y Bartolo Lara Bernardo iniciaron acciones de discriminación por ser indígenas y creernos inferiores y no ser capaces de tener el control de nuestro templo y por razones económicas, estas acciones provocaron en la mayoría de la comunidad descontento por lo tanto solicitaron su cambio, sin embargo él párroco formo un pequeño  grupo en la comunidad que lo apoyaba con un discurso de salvación de las almas, esto provoco el inicio de la división en la comunidad, que dio continuidad  el párroco Bartolo Lara Bernardo meses después a su llegada en 2022, con las mismas intenciones de desconocimiento y despojo, se alió a otro grupo de la comunidad con interés políticos y caciquiles para atentar a nuestra defensa, empezó con una campaña de discriminación y odio hacia las autoridades tradicionales (fiscales y mayordomos) al camparlos con cargos de funcionarios públicos que tienen intenciones de poder e intereses económicos”

Discriminación cotidiana

En el día a día la comunidad vive fragmentada, incluso entre las familias, pobladores aseguran que las personas que no siguen y piensan como los párrocos son señaladas como “personas malas y que profanadoras del templo”.

Se abona a este clima las acciones del presidente de la Junta Auxiliar a favor del párroco y sus grupos afines que ha terminado por lacerar a la comunidad al romper con la relación de convivencia de la continuidad de las prácticas culturales que mantiene el pueblo y fomentan aún más la división.

Actualmente se espera una revisión con perspectiva intercultural sobre la defensa de la comunidad originaria de San Pedro Coaco, ante las diversas formas de discriminación por parte del Párroco Bartolo Lara Bernardo de parte del CONAPRED.

“Para la comunidad de San Pedro Coaco el templo es el corazón de la comunidad que está siendo gravemente lesionado y que tienen esas fuertes intenciones con alevosía y ventaja del clero”

Al cierre de esta edición la Arquidiócesis de Puebla envió un posicionamiento al respecto de los hechos señalados en la comunidad, la cual a decir de la vocera fue elaborada por el Pbro. Bartolo Lara que reproducimos íntegra:

La comunidad católica del pueblo de San Pedro Benito Juárez tomó la determinación de cerrar el pasado 28 de abril el templo principal de la comunidad. Inmueble en el que se le prohibió el ingreso a la comunidad católica y sacerdote, desde el mes de octubre del 2022, por los señores ex fiscales: Esteban Durán Martínez, Genaro Flores Munguía y Sixto Cedillo Pérez, en complicidad de mayordomos de la comunidad, que por cierto son inamovibles, en San Pedro Benito Juárez del Municipio de Atlixco, Puebla.

Los ex fiscales con los mayordomos en su intento por quitar al pueblo su derecho de estar en el templo, el pasado 5 de mayo de 2024, llegaron a ofender y agredir a los fieles católicos que reclaman realizar sus actos litúrgicos en el mismo (se denunció a uno de sus seguidores por el delito de lesiones cometido en agravio de una laica, ante la fiscalía general del estado).

Como resultado de este encuentro, ambos grupos resguardan el templo.

Finalmente el pasado 12 de mayo ambos grupos dieron información de sus posturas y exigencias a la comunidad, terminando el día con el cierre de la presidencia auxiliar por parte de ex fiscales y mayordomos, privando a la población de los servicios que ahí se prestan. Las acciones de éste domingo dieron como resultado fijar una mesa de diálogo este próximo miércoles 15 de mayo entre ex fiscales y mayordomos, presidencia auxiliar y la comunidad católica del lugar en la ciudad de Puebla.

Exigencias de los ex fiscales y mayordomos

-Ellos deciden quienes deben servir en la iglesia y se reservan el derecho de ingreso al templo.

-Piden hacer todo tipo de documentación en su comunidad (Boletas de bautismo, confirmación, expedientes matrimoniales, actas de matrimonio y correcciones) y el sacerdote que funja como párroco solo debe firmar sin cuestionar.

-Exigen a la Diócesis se acredite con documento oficial cuándo dejó de ser
parroquia la comunidad de San Pedro Benito Juárez.

-Exigen que el archivo que tienen a su resguardo se les conceda conservarlo puesto que lo consideran patrimonio de su comunidad y antecedente histórico de ser parroquia.

-Exigen a la Arquidiócesis no llevarse un códice ya que lo consideran como antecedente histórico de su identidad de comunidad originaria.

-Y que el actual párroco no ingrese a la comunidad.

No obstante, en la práctica:

-Para la comunidad católica don Esteban Durán Martínez, Genaro Flores Munguía y Sixto Cedillo Pérez, ya no deben ser fiscales, pues por Usos y Costumbres solo deben prestar este servicio por tres años, y ellos llevan casi ya 9 años hasta el momento.

El pueblo católico de la comunidad, desde octubre del año 2022 cansados de los malos tratos y abusos, decidió nombrar a otros fiscales, tal hecho les ha inconformado al grado de no reconocerlos y han recurrido a tantas instancias de gobierno, como judiciales reclamando su derecho a sus usos y costumbres, mismos que ellos no han respetado.

-El actual sacerdote fue nombrado como párroco de San Jerónimo Coyula,
parroquia a la que pertenece la comunidad de San Pedro Benito Juárez.

-El señor arzobispo ha determinado mediante decreto ratificar la sede parroquial en el pueblo de San Jerónimo Coyula y que el archivo que está en la comunidad de san Pedro Benito Juárez, permanecerá en ella como acervo cultural de la misma, sin efecto para tramitar actas sacramentales.

-Con respecto a su códice, es necesario hacer saber que éste no está en el templo sino resguardado en la presidencia auxiliar. Además cabe aclarar que dicho códice no es de interés del párroco ni de la Arquidiócesis poseerlo, ni mucho menos recogerlo. Por lo que refrendamos nuestro respeto hacia los bienes culturales que le dan identidad a esta comunidad.

-El actual párroco está a cargo de la parroquia de San Jerónimo Coyula, conformada por 5 comunidades incluida la de San Pedro Benito Juárez. Solo ex fiscales, mayordomos y simpatizantes están inconformes, la comunidad católica no tiene problema con el párroco, al contrario siempre se han mostrado diligentes y abiertos a ser evangelizados. (CR)