Cuatro de cada 10 ataques contra periodistas o miembros de medios de comunicación podrían provenir de manera directa o indirecta de funcionarios públicos, afirmó este domingo el Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH).

“Esta preocupante cifra subraya la urgente necesidad de reformar y fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el país”, señaló en un comunicado Jesús Rey Fierro, presidente del GIDH.

De acuerdo con Fierro, los datos oficiales del Mecanismo de Protección indican que en México se han registrado 834 ataques contra defensores y periodistas desde octubre de 2012 hasta noviembre de 2023.

Asimismo, destacó que, de este total, un 43 por ciento (356) se atribuye presuntamente a funcionarios públicos y un 33 por ciento (276) a actores no estatales, como miembros de la delincuencia organizada.

El funcionario también explicó que, para estas agresiones, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) solo consiguió 37 sentencias condenatorias, con penas que abarcan desde los dos días hasta los 50 años de prisión.

Sin embargo, lamentó que “solo se obtuvieron ocho condenas por asesinatos de periodistas en este periodo”.

En cuanto a las cifras de homicidios de periodistas, Fierro criticó que los datos presentan una variación entre las mismas autoridades federales y detalló que la Feadle tiene registrados 86 asesinatos desde 2012 hasta diciembre de 2023, de los cuales solo consideró que 30 tenían relación con el ejercicio periodístico.

“La Secretaría de Gobernación registró 166 asesinatos, sin especificar cuántos estaban vinculados al trabajo de las víctimas, hasta octubre de 2022″, agregó, con lo que demostró la diferencia de cifras que existe entre instituciones.

Tras los distintos reportes oficiales, el presidente del GIDH solicitó al gobierno mexicano tomar medidas urgentes que fortalezcan el Mecanismo de Protección, incluido que se asignen recursos adecuados y se implemente un sistema de monitoreo, evaluación y protección que garantice la integridad de los informadores profesionales. (JC)