Con un total de 696 atentados, el 2022 ha sido el año más violento para el periodismo en México. Además de los casos de ataques, amenazas, acoso y espionaje, se registraron 12 asesinatos de periodistas que convierten al 2022 (junto con el 2017) en el año de mayor letalidad para la prensa, como expuso la organización Artículo 19 en su informe anual denominado “Voces contra la indiferencia”.

Los ataques hacia la prensa se presentaron de distintas formas y con una continuidad aguda al registrarse una agresión cada 13 horas, lo que denomina al 2022 como el año más violento al menos desde el 2007 en que Artículo 19 inició con los registros.

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Son tres los tipos de agresiones que más se registraron hacia el gremio, mismos que conforman el 63 por ciento del total de ataques que se documentaron en el 2022. Además, los que destacan son:

-          Intimidaciones y hostigamientos | 181 casos

-          Amenazas | 151 casos

-          Uso ilegítimo del poder público | 111 casos

-          Bloqueo o alteración de contenido | 68 casos

-          Ataque físico | 48 casos

-          Privación de la libertad | 21 casos

-          Asesinato de periodistas | 12 casos

-          Asesinato de staff no editorial | 3 casos

-          Allanamiento | 13 casos

Colusión entre crimen organizado y autoridades mexicanas

De acuerdo con la información recabada por la organización, en nueve de los 12 casos de homicidio registrado en 2022 se identificó a los posibles autores como integrantes del crimen organizado, quienes operarían bajo el cobijo de las autoridades, en una especie de colusión.

“Ello configura la existencia de redes criminales entre poderes públicos y fácticos, y explica por qué la impunidad es tan alta y se mantiene con el tiempo”, explica el informe.

Además de los 12 asesinatos confirmados, otros nueve quedaron en tentativa de homicidio. En seis de estos casos (registrados en Oaxaca, Quintana Roo, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato y Ciudad de México) se reportó el uso de armas de fuego, mientras que en un caso más (en Yucatán) se utilizó un arma punzocortante.

Para los dos casos restantes, los agravios tuvieron lugar con persecuciones y choques de auto deliberados; en ambas situaciones los periodistas sufrieron lesiones.

En este sentido, fueron 11 las entidades mexicanas que tuvieron como mínimo 20 agresiones a periodistas en todo el 2022.

-          Ciudad de México | 139 casos

-          Yucatán | 50 casos

-          Quintana Roo | 45 casos

-          Veracruz | 40 casos

-          Tamaulipas | 39 casos

-          Guerrero | 37 casos

-          Puebla | 36 casos

-          Michoacán | 34 casos

-          Chiapas | 31 casos

-          Guanajuato | 26 casos

Los estados de Nayarit y Tabasco fueron los únicos que no registraron casos de violencia hacia periodistas durante el 2022.

Gobierno de López Obrador rebasa en violencia de sexenios pasados

El informe señala que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador los ataques contra la prensa han sido mayoritariamente amenazas, intimidación y acoso, mientras que en sus cuatro años como mandatario las agresiones más comunes hacia medios de comunicación y periodistas son las intimidaciones y el hostigamiento, con un total de 181 casos solo en 2022.

Pero no solo eso, ya que durante la gestión obradorista la violencia hacia la labor periodística ha aumentado en un 329.63 por ciento respecto al cuarto año de gobierno de Felipe Calderón, mientras que el aumento es del 63.38 por ciento comparado con el cuarto año de gobierno de Enrique Peña Nieto.

El informe refiere que existe un deterioro en el “panorama de la libertad de expresión”, lo que reduce el derecho a la información y pone al Gobierno como una entidad sagrada de la que no se puede hablar negativamente: “promueve una expresión inofensiva y poco crítica del poder”, indicó Artículo 19.

Mañaneras de López Obrador, fábricas del injurio

El ejercicio informativo diario que el presidente Andrés Manuel López Obrador desarrolla a través de sus conferencias de prensa matutinas desde Palacio Nacional ha servido como el sitio por excelencia para emitir comentarios estigmatizantes contra la prensa, indica el informe.

Desde la sede del Poder Ejecutivo en México se registraron en 2022 un total de 176 comentarios estigmatizantes en contra de medios de comunicación, periodistas e incluso organizaciones civiles. El desglose de estas agresiones se concentró mayoritariamente en 44 ataques hacia la prensa, 33 de estos vertidos por López Obrador.

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La organización consideró que utilizar términos calificativos como “chayotero”, “pagado” o “vendido” se incurre en una falta hacia la libertad de expresión, además estas conferencias han servido para legitimar a la autoridad mexicana debido a que se impone al Estado como el único ente con la suficiente autoridad como para validar o desechar información.

En este espacio, además, el informe reclama que existe una negación hacia el ambiente hostil e impune que envuelve a las y los encargados de realizar el periodismo, pues hay una negación por la realidad mediante afirmaciones del tipo “Ya no hay corrupción”, “Se respeta la libertad de expresión”, “No se va a censurar a nadie”, “Este gobierno respeta”, entre otras.

De los 696 casos de violencia documentados, 296 de estos fueron cometidos por agentes del Estado, apunta el informe.

Reparto desigual de los recursos

Además de los ataques por parte del gobierno federal, otro problema que subrayó el informe es la concentración de los recursos destinados a empresas de comunicación, donde el 54.8 por ciento del gasto en publicidad oficial se destinó a diez empresas: La Jornada, Televisa y TV Azteca recibieron el 30.6 por ciento del total.

Este reparto desigual, indica el informe, puede dar pie a “la manipulación de las líneas editoriales de los medios en México” a través de la discrecionalidad existente en los criterios de asignación de publicidad oficial.

Agresión y espionaje hacia periodistas

Otro de los puntos que destaca el informe es las acciones de espionaje por parte de las fuerzas armadas en México como una herramienta para intimidar y amenazar a periodistas, así como a defensores de los derechos humanos, información que se destapó tras el hackeo de grupos como “Guacamaya”.

Las personas encargadas de investigar, denunciar y exponer casos de violación a los derechos humanos son consideradas “enemigos potenciales” por las instituciones armadas, como dejan ver las filtraciones. El punto crítico, subraya Artículo 19, es que se hayan destinado recursos públicos para implementar campañas desde sitios digitales oficiales que desmientan el uso de “malwares” para ejercer el espionaje.

Recién en octubre del 2022 la organización Artículo 19 y al menos tres asociaciones más evidenciaron el uso de programas como Pegasus que se emplearon para espiar la actividad de dos comunicadores y el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos. La investigación pudo legitimar el uso de tecnologías de vigilancia por parte de las fuerzas armadas a pesar de que no cuentan con alguna norma que apruebe su práctica.

El informe de Artículo 19 puntualiza que desde 2010 hasta 2022 la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) solo ha obtenido 32 sentencias de un total de 1592 indagatorias debido a crímenes contra periodistas

Precariedad en el medio periodístico

Artículo 19 destacó que la precarización de la labor periodística es un factor que ha conducido al incremento en los riesgos que enfrentan, pues en muchos casos son las y los reporteros quienes deben cubrir los gastos de sus propios equipos de protección y de trabajo.

El año 2022 registró un total de 227 periodistas agredidos, mismos que accedieron a aportar datos económicos a la organización. El recabo reveló que solo 26.87 por ciento contaba con un contrato de tiempo completo al momento de sufrir la agresión, mientras que el 7.48 por ciento laboraba a medio tiempo.

En 88 de estos casos, las o los agredidos no contaban con un contrato y su pago era por nota publicada, mientras que en 61 casos se trató de un director o líder de un medio digital independiente, por lo que tampoco contaban con un contrato.

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Parte de lo evidenciado por Artículo 19 es que en 70 de los casos las y los periodistas tenían un trabajo adicional en ámbitos ajenos a la comunicación, lo que les servía para obtener los ingresos suficientes que les permitiera cubrir necesidades económicas: “Esto habla de la vulnerabilidad estructural de quienes laboran en la prensa, que en la mayoría de los casos no cuentan con contratos laborales al momento de su agresión y, por lo mismo, no tienen acceso a seguridad social”, puntualiza el informe.