El 3 de octubre de 2023, Rosa Iris, con 21 semanas de gestación, fue estrangulada por su pareja Galdino N., en la comunidad de San Mateo Capultitlán, Huejotzingo. A cinco meses del crimen, el juez Mario Cortés Aldama aún no señala fecha para la primera audiencia. Familiares y organizaciones acusan que la dilación favorece al integrante del cuerpo policiaco en Domingo Arenas.

Integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Ibero y activistas señalaron a este caso como ‘el emblema’ en la falta de procuración e impartición de justicia para las víctimas de violencia feminicida y la simulación de parte de autoridades.

Los hechos denunciados por las víctimas contrastan con lo señalado por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), pues Galdino N., no ha sido detenido por el asesinato de su pareja sentimental de 20 años -como fue informado por el fiscal General del estado, Gilberto Higuera Bernal durante una rueda de prensa-, sino por un delito diverso, de acuerdo con lo documentado por la familia y sus asesores legales integrantes de Voz Jurídica y miembros de la firma Lecom Group.

En entrevista con este medio, abogados exhibieron documentos donde consta que en tres ocasiones fueron presentadas las solicitudes al juez para celebrar la audiencia inicial, diferida desde el primer momento -cuando fue señalada para el 30 de noviembre- sin que hasta este momento se realizara, ni el sujeto fuera vinculado a proceso, como ha sido señalado por el fiscal.

De nada han servido los oficios dirigido a Cortés Aldama, Juez de Control de la Región Judicial Centro-Poniente, en los que se pide resguardar los derechos de la víctima y se señala  que al no señalar fecha de audiencia se está dilatando el proceso y se están violentando los derechos de la víctima respecto a la garantía de audiencia y acceso a la justicia, “máxime que este asunto es de violencia de género, por ende el trato y procedimiento de este proceso penal se debe atender con perspectiva de género”, se argumenta.

“Este caso es una burla al sistema de justicia, llamamos al Consejo de la Judicatura para que investigue la práctica del juez de control por postergar así la justicia y el derecho de una madre a una audiencia para exponer el feminicidio de su hija”, sostuvieron integrantes del OCNF.

Omisiones y violencia institucional

La familia reveló a e-consulta que Rosa Iris conoció a su agresor el 14 febrero de 2023 en el Ayuntamiento de Domingo Arenas, cuando ella se habría unido al cuerpo policiaco del municipio. Durante la breve vida en común existió violencia intrafamiliar evidente para todos, menos para las autoridades, aunque los hechos fueron insistentemente denunciados.

Casimira, la madre de Rosa Iris, sostuvo que su hija vivía amenazada y con miedo. En más de una ocasión ella recurrió a la fuerza pública para detener golpizas, pero la joven no se animaba a denunciar formalmente. Bastaba con la mirada del agresor para que ella se desistiera.

“La primera vez que fui testigo de las golpizas fue en mi casa, escuché ruidos en la habitación, entré y el tipo la estaba estrangulando, mi hija tenía la cara morada, sangraba por los golpes”, describió.

Narró que al ver que la violencia física crecía, en julio de 2023 acudió a denunciar la violencia a la Fiscalía en Huejotzingo, presentó a su hija ensangrentada y con golpes ante el Ministerio Público Especializado en Violencia de Género, Lauro Peralta Salgado, quien se negó a recibir esa denuncia o a tomar como indicio de violencia doméstica.

“Me dijo que como mi hija no quería denunciar, él no podía hacer nada porque Rosa Iris no lo acusaba directamente”, acusó Casimira.

Casi tres meses después Rosa Iris perdió la vida a manos de su agresor: En octubre, Galdino N., acudió al domicilio de la joven donde la estranguló y luego huyó. Fue su cuñada quien la encontró en el piso, aún con ligeros signos vitales.

De inmediato fue transportada en un Chevi para que fuera atendida en el hospital o interceptar a la ambulancia, pero en el camino murió. Allí mismo se hizo el levantamiento de cadáver y las diligencias correspondientes.

“¿Qué hubiera pasado si la Fiscalía hubiera recibido la denuncia?, probablemente Rosa Iris aún seguiría con vida”, refirió la defensa.

Luz Estrada, coordinadora del OCNF, sostuvo que esta violencia debió haber sido advertida por el MP, pues había indicios para emprender un seguimiento al caso o al menos generar alguna medida de protección para evitar justo lo que sucedió.

“La situación de amenazas, de miedo, de control de las parejas, las inseguridades de mujeres adolescentes y jóvenes, el embarazo, todo esto es un contexto no desconocido ni ajeno para quienes conocen la condición susceptible de las mujeres que sufren el fenómeno de la violencia.

“La cultura machista en la que nos han educado implica no valorarse y no dimensionar la fatal situación que se vive, las mujeres no pensamos que nuestra pareja va a ser capaz de hacernos un daño mayor, no logramos entender que esa violencia va aumentando, por eso es muy importante la labor que tienen precisamente los Centros Especializados en Justicia de Género, la Fiscalía debe de convencer a las mujeres del riesgo eminente de los escenarios que pueden llegar y de alguna manera ayudar a romper el círculo de la violencia en la que están inmersa”, asentó.

Se niega la FGE a aceptar el delito de feminicidio agravado

A unos días de haberse perpetuado el crimen en Huejotzingo, el fiscal Higuera Bernal sostuvo que además de feminicidio, al presunto asesino de Rosa Iris le serían sumados los delitos de usurpación de funciones y aborto. “En este caso actuarán con todo rigor”, dijo ante cámaras y micrófonos.

Sin embargo, abogados que tomaron la defensa de las víctimas sostienen que la FGE se niega a solicitar la vinculación a proceso por el delito de aborto y únicamente quieren exponer el delito de feminicidio agravado dejando de lado los derechos del producto de la concepción -que dicho sea de paso-, se encuentran protegidos por el Sistema Jurídico Mexicano.

“Con independencia de la exposición que haga la Fiscalía en audiencia, nosotros solicitaremos que también se protejan los derechos del producto de la concepción, pidiendo ante el juez de control que también se vincule a proceso al agresor no solamente por feminicidio agravado, sino también por el delito de aborto”, explicaron los litigantes.

Abogados también expusieron que, aunque el señalado sigue en prisión preventiva por un delito menor, nada garantiza que siga allí y que no sea liberado por un recurso promovido por su defensa encabezada por abogados particulares. “Existe el riesgo de que la audiencia se prolongue y el agresor huya”.

Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del OCNF también coincidió con esta postura: “la concesión que está teniendo el Poder Judicial con la defensa de un sujeto ni siquiera imputado del delito de feminicidio para que no dé pauta a la audiencia inicial es totalmente irregular, podría pensarse que el Poder Judicial se está prestando a una acción de defensa que podría estar buscando incluso cambiar la medida cautelar para sustraerse de la acción de la justicia respecto del delito de feminicidio”.

“Si el sujeto está en prisión preventiva por un delito considerado no de alto impacto, no grave, pues podría modificarse la medida cautelar de prisión preventiva en cualquier momento y entonces el Poder Judicial lo que está haciendo es favorecer a la defensa y al imputado”, señaló.

La abogada describió que la prisión preventiva por el delito feminicidio puede estar totalmente justificada en este caso, cuando se conoce el carácter de esta persona que es servidor público y policía, situación que podría significar un riesgo para la familia.

Clínica Minerva Calderón-Ibero llama al cese la impunidad

Para Simón Hernández León, coordinador de la Licenciatura en Derecho y de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Ibero Puebla, el hecho de que Galdino N., no hubiera sido detenido ni vinculado por el probable feminicidio sí es una omisión de parte de la Fiscalía, que sabiendo que se encuentra privado en la libertad por otra causa se ha mantenido inactiva.

“El hecho de que haya pasado casi seis meses sin que se haya dado esta formulación de imputación, da cuenta que hay una irregularidad importante” sostuvo.

Hernández León -quien ha participado y coordinado casos emblemáticos de derechos humanos, obteniendo impactos en criterios de Tribunales Colegiados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sistema ONU y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos- sostuvo las mujeres en el país y en el estado llegan a la celebración del 8 de Marzo con una gran deuda de justicia, pues aunque la procuración de justicia ha dado algunos pasos como en la creación de fiscalías especializadas, su operación aún sigue siendo deficitaria.

“Las mujeres llegan con una condición de impunidad prevaleciente sobre todo en los delitos que tienen una razón de género, la Fiscalía puede llevar muy pocos casos a juicio y obtener una condena. Desafortunadamente la experiencia que nosotros tenemos es que no hay capacidades institucionales y capacidades de investigación en áreas muy específicas como la desaparición de las personas como el feminicidio, lo que favorece la impunidad en la entidad”, indicó.

Sistema de justicia, un viacrucis para las mujeres: OCNV

Pérez Garrido sostuvo que exigir justicia para las víctimas se ha vuelto un viacrucis, pues el mismo sistema hace a las víctimas aún más vulnerables. “Para las mujeres, para la familia que se enfrente al sistema de justicia encuentra en cada etapa del procedimiento, en cada fase, en cada paso un hecho o un acto revictimizante, ahora perpetrado por las autoridades.

Desde la procuración de justicia, desde las fiscalías se niega la atención integral a las familias víctimas de feminicidio y por si esto no bastara, adicionalmente el Poder Judicial suma prácticas totalmente ilegales arbitrarias con lo que consigue volver a colocar a las víctimas en esa situación de vulnerabilidad permanente. La violencia institucional, la corrupción que se ha alcanzado ante estas prácticas ilegales, arbitrarias, revictimizantes, extraordinarias que no forman parte del diseño del sistema simplemente se termina favoreciendo al victimario. (MIG)