Aunque este ordenamiento fue reformado a petición del exmandatario Miguel Barbosa Huerta, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina propuso modificar de nueva cuenta la Ley del Notariado para el Estado de Puebla, lo que incluirá un aumento en las causales de revocación de patentes y requisitos ampliados para que los fedatarios puedan ejercer.

Además, al igual que la propuesta anterior, insiste en la creación de más Notarías en caso de que se requiera, pues la medida óptima para brindar un servicio eficiente es contar con un Notario Público por cada 25 mil habitantes.

En sesión ordinaria, la Mesa Directiva del Congreso de Puebla recibió el oficio enviado por el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Javier Aquino Limón, con la que se pretende reformar 70 artículos de la Ley del Notariado para el Estado de Puebla.

Según la propuesta, también se buscará adicionar disposiciones a otros 15 artículos y derogar fracciones de 20 más del mismo ordenamiento. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para ser analizada en los próximos días.

El gobernador justificó estos cambios en la necesidad de modernizar y agilizar la función notarial en la entidad a través de nuevos requisitos para aspirantes a titularidades de notarías, más causales para la revocación de la patente de notarios y reglas para evitar la competencia desleal.

¿Qué establecen las reformas propuestas por Céspedes Peregrina?

El proyecto enviado por Sergio Salomón Céspedes Peregrina adiciona causales de sanción para los notarios públicos, al pasar de 12 a 16. Por ejemplo, aquellos que se separen de sus funciones sin previo aviso o sin contar con licencia para hacerlo serán cesados de sus funciones y se les revocará su patente.

El mismo castigo aplicará para aquellos que impidan la realización de las visitas ordinarias, extraordinarias, inspección o especial; o por incumplir con la capacitación y evaluación anual que ordene la Dirección General del Notariado.

Asimismo, por tener una oficina distinta a la manifestada ante las autoridades correspondientes, desacatar las actividades que sean ordenadas por las mismas y por superar el arancel establecido previamente con los solicitantes.

Otra de las disposiciones que establece es contar con requisitos ampliados para que los fedatarios puedan ejercer, en especial en caso de buscar una titularidad.

Los interesados deben comprobar su nacionalidad mexicana, tener 28 años cumplidos y no más de 60 al momento de solicitar el examen, contar con residencia en el estado de Puebla de cinco años anteriores a la fecha del examen, a fin de garantizar que conoce las necesidades del lugar en el que desempeñará.

Tienen que ser profesionales del Derecho, comprobando dichos estudios con título y cédula profesional con una antigüedad no menor de cinco años en el ejercicio de su profesión; y haber realizado durante seis meses prácticas notariales ininterrumpidas.

La reforma indica que quedarán fuera de ejercer como notarios quienes sean ministros de cualquier culto, estén declarados en concurso civil o mercantil, que hayan sido cesados o separados del ejercicio del Notariado; o que hayan sido condenado por delito que contravenga el desempeño notarial.

“No estar condenados por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el examen, cualquiera que haya sido la pena”, se lee en la iniciativa.

En septiembre de 2022, el exgobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta propuso reformar 34 artículos de la Ley del Notariado para el Estado de Puebla, cambios que se aprobaron por el Congreso de Puebla en octubre del mismo año.

Barbosa Huerta buscó facilitar la obtención de patentes notariales y creó la figura de notario auxiliar, a pesar de que durante su administración se revocaron algunas, pues aseguró que el exmandatario Rafael Moreno Valle favoreció a varios funcionarios al entregar 29 permisos sin regulación.

Cabe recordar que, en aquella ocasión, para facilitar la obtención de patentes se planteó reducir los tiempos de ejercicio de la profesión, experiencia reciente y años mínimos de residencia en la entidad. (JC)