El Partido Revolucionario Institucional (PRI) deberá acatar una reducción en su financiamiento público mensual por parte del Instituto Nacional Electoral (INE). La deducción será del 25 por ciento según indicó este jueves la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por unanimidad de votos, el TEPJF confirmó el oficio emitido por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del (INE) para deducir el financiamiento hasta alcanzar los 97 millones 916 mil 665 pesos.

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¿Por qué el INE reducirá el financiamiento del PRI?

La sanción se debe a que el Consejo General del INE determinó que, en el año 2015, el PRI recibió aportaciones de dinero en efectivo de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chihuahua.

La cifra recibida por el PRI equivale a un monto de 39 millones 166 mil 666 pesos, aportación que está prohibida por la ley electoral.

La consecuencia de esta irregularidad será la reducción del 25 por ciento de su financiamiento público mensual destinado a gastos ordinarios permanentes, hasta alcanzar los 97 millones 916 mil 665 pesos.

La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE notificó al PRI a través de un oficio que la deducción se aplicará en el mes de julio de este 2023.

Sin embargo, en desacuerdo con dicho oficio, el PRI presentó una impugnación ante la Sala Superior del TEPJF.

El pleno de la Sala Superior confirmó el oficio impugnado a propuesta del magistrado Indalfer Infante Gonzales y con la ausencia justificada de algunas magistradas y magistrados.

Por lo anterior, la Sala consideró que las multas pendientes de pago por parte del partido se deben a conductas indebidas realizadas por el mismo, y que la sanción impuesta tiene un sentido disuasivo acorde con el objetivo de evitar comportamientos irregulares en materia de financiamiento político.

Además, destacaron que no es posible retrotraer el cobro de las multas ejecutadas debido a que los recursos son notificados a la hacienda pública federal y tienen un destino específico que no puede ser modificado por la autoridad jurisdiccional.

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Con esta confirmación de la sanción al PRI, la Sala Superior del TEPJF busca ratificar la importancia de garantizar la legalidad y transparencia en el financiamiento de los partidos políticos, así como la aplicación de medidas disuasivas efectivas para prevenir conductas contrarias a la normativa electoral.