La Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado de Puebla emitió la recomendación 12/2023 a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal por la “violación a los derechos humano, a la vida, a la verdad, a la integridad y seguridad personal de los pobladores del municipio de Coyomeapan; así como al Ayuntamiento de Zoquitlán, por omitir brindarles auxilio”, por lo cual el titular de la SSP, Daniel Iván Cruz Luna, deberá disculparse por los asesinatos en la citada demarcación.

El escrito publicado por la CDH está dirigido al titular de la SSP, Daniel Iván Cruz Luna, por la muerte de Marcelo Carrera, Teófilo Barrera, y el menor de edad Omar Herrera; y las lesiones provocadas a otros siete pobladores de Coyomeapan, quienes fueron atacados el 9 de mayo de 2022 por elementos de la Policía Estatal en el entronque de Zoquitlán a Coyomeapan.

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La #CDHPuebla emite Recomendación a la SSP por la violación a los #DDHH a la vida; a la verdad; a la Integridad y seguridad personal en contra de pobladores del Municipio de Coyomeapan, Puebla, así como al Ayuntamiento de Zoquitlán, Puebla por omitir brindarles auxilio. pic.twitter.com/ZQ20SI2LdT

— CDH Puebla (@CDHPuebla) April 29, 2023

Tras los hechos, el gobierno estatal negó que hubiera fallecidos y acusó a los pobladores de Coyomeapan de emboscar a los elementos de seguridad. En rueda de prensa, Daniel Iván Cruz declaró que al retirarse del lugar el saldo se limitaba a siete personas heridas.

Dos días después, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta reconoció que “fallecieron 3 personas del sexo masculino, 2 adultos y un menor de edad, además de al menos 4 heridos”.

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El gobierno del estado de Puebla lamenta profundamente los hechos ocurridos el pasado 9 de mayo, donde participaron integrantes de la policía estatal y habitantes del municipio de Coyomeapan.

— Miguel Barbosa ✞ (@MBarbosaMX) May 12, 2022

El 10 de mayo de 2022, tras la publicación en e-consulta de la nota titulada “Coyomeapan: un muerto y 8 heridos en enfrentamiento con policía”, la CDH inicio de oficio una un expediente de queja. El organismo conformó un equipo multidisciplinario que acudió al lugar de los hechos a realizar diversas diligencias, que incluyeron entrevistas a los testigos y solicitudes de información a las autoridades.

Finalmente, la CDH descartó la versión del enfrentamiento y determinó que la Policía Estatal arribó al lugar, el paraje conocido como Cohatzalco, antes que las víctimas, por lo que el ataque fue planeado.

El 26 de mayo de 2022, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre la detención de nueve policías estatales acusados por homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y otros delitos.

En cuanto al Ayuntamiento de Zoquitlán, la CDH determinó que se les negó a las víctimas la asistencia médica al acreditarse que la ambulancia del municipio arribó al lugar de los hechos y omitió brindar auxilio a las pobladores de Coyomepan.

Por lo anterior, la CDH recomendó al secretario de Seguridad Pública disculparse públicamente con las víctimas directas e indirectas, además de brindarles apoyo, revisar la investigación y sus protocolos de uso de la fuerza.

Además, pidió a la Secretaría de la Función Pública investigar qué servidores públicos intervinieron en los hechos.

El conflicto en Coyomepan

El conflicto en Coyomeapan surgió como un rechazo al cacicazgo de la familia Celestino Rosas, que ha gobernado el municipio durante más de una década. El más reciente fue en las elecciones de 2021, tras el triunfo de Rodolfo García López, esposo de la diputada federal de Morena, Araceli Celestino Rosas.

Los pobladores denunciaron compra de votos y pidieron que se anularan los comicios; incluso, protestaron en Palacio Nacional.

En diciembre de 2021, el entonces gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta acusó a los inconformes de violencia en contra de las autoridades por presuntamente impedir la instalación de unos módulos de seguridad.

Antes, el gobierno estatal arrestó a tres activistas de Coyomeapan cuando salían de una reunión con la exsecretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral. Entre los detenidos estaba la defensora indígena Basilia Montaño, quien estuvo recluida 10 meses en el Cereso de Tehuacán.