En Puebla tres oficinas simulan proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, dos de ellas dependen de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) del estado, pero los recursos financieros y humanos son mínimos, y no existe transparencia en su integración.

Una investigación periodística publicada en el portal digital Lado B, evidenció que la Comisión de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas fue creada en 2017 sin transparencia sobre su integración y operación, además de que solo ha sesionado dos veces, en mayo de 2018 y en febrero de 2022, cuando debe hacerlo al menos tres veces al año.

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Tampoco se realizó una consulta pública para elegir a los integrantes, pues la conformaban el entonces gobernador José Antonio Gali Fayad; el secretario de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano; el coordinador General de Comunicación y Agenda Digital, Marcelo García Almaguer, y el director General de Puebla Comunicaciones, Ricardo Gutiérrez Loyola.

Asimismo, la integraban María Eugenia Calderón Olimán, fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado (FGE); Jesús Migoya Junco, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, y como representantes de los medios de comunicación estaban Angélica Rosales, directora de Imagen Poblana, medio digital tradicional, y la periodista Patricia Estrada, que en ese entonces conducía un noticiero en Puebla FM, estación oficial del gobierno del estado.

Actualmente, la conforman el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta; la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral; la subsecretaria de Prevención del Delito y Derechos Humanos de la Segob, Raquel Medel Valencia, la única que ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil.

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Además, está integrada por la coordinadora General de Comunicación y Agenda Digital, Verónica Vélez Macuil, quien ha sido denunciada por bloquear a medios y periodistas al impedirles el acceso a las conferencias de prensa virtuales del mandatario; el titular de la Fiscalía de Derechos Humanos de la FGE, Ulises Sandal Ramos; así como el director del Sistema Estatal de Comunicaciones, Fernando Luis Sánchez Mejorada.

La presidenta de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla, Leticia García Polo, y como representantes de los medios de comunicación están los reporteros Álvaro Ramírez y Jorge Castillo.

El reportaje exhibe que la selección de los integrantes también fue discrecional y no se ha dado a conocer el plan de trabajo, pese a que el acuerdo de creación estipula que debe elaborarse en la primera sesión.

“Uno de los objetivos de la Comisión es prevenir agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos en coordinación con el Mecanismo de Protección Federal, pero en la práctica no hay evidencia de que esta vinculación ocurra (…) ni siquiera tiene un presupuesto asignado y quienes la integran no reciben un sueldo”, señala la publicación presentada el martes en la Universidad Iberoamericana Puebla.

Funcionarias sin experiencia en defensa de periodistas

En Puebla también existe la Dirección para la Atención de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, que depende de la Secretaría de Gobernación estatal, pero solo está conformada por dos personas sin experiencia en la materia y tiene un presupuesto de 1 millón 742 mil pesos al año, del cual el 60 por ciento es usado para salarios.

Se trata de la directora Rosa Isela Molina Velázquez, quien es maestra en Administración Pública y antes de ocupar el cargo fue capacitadora en la Academia de Policía Ignacio Zaragoza y directora de capacitación del Instituto de Transparencia (ITAIPUE). La jefa de departamento de seguimiento y reacción inmediata, Araceli Martínez López, quien es médica de profesión y maestra en Administración de Servicios de Salud.

La otra dependencia es la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos contra Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, adscrita a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la FGE, pero no hay claridad sobre los casos que atiende, aunque según la publicación hasta abril de 2021 había emitido 47 medidas de protección.

La Red Puebla de Periodistas ha documentado agresiones contra el gremio periodístico; hasta mayo de este año dio cuenta de 20 agresiones, 23 en 2021; 18 en 2020; 20 en el año 2019 y 46 en 2018, más que la Comisión de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.